Los países latinoamericanos sienten ante la evaluación de Estados Unidos de su lucha contra el narcotráfico con una mezcla de temor a las sanciones e indignación ante un mecanismo considerado atentatorio contra sus soberanías nacionales.
Treinta y un países del Sur, 12 de ellos latinoamericanos, recibieron de Washington este viernes certificaciones, "descertificaciones" o advertencias sobre el papel jugado durante el último año en esta materia.
Estados Unidos certificó plenamente a los gobiernos de México, Perú y Bolivia, lo hizo con reservas al de Paraguay y "descertificó" a Colombia.
Los países a los que el presidente Bill Clinton negó la certificación sobre su "cooperacion total" en los esfuerzos contra el narcotráfico no contarán con la ayuda de Estados Unidos en varios rubros.
El país norteamericano también vetará los préstamos solicitados por ellos ante organismos multilaterales de crédito.
El esfuerzo de Bolivia, Colombia, México y Perú en la lucha contra las drogas había sido elogiado el miércoles 28 por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas.
Expertos y organizaciones independientes critican sin vacilaciones la práctica de la certificación, adoptada en 1986 por Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas en el mundo.
El presidente de la no gubernamental Comisión Andina de Juristas, Diego García Sayan, dijo que se trata de "un mecanismo colonialista de presión política sin sustento técnico".
Un experto en problemas internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica de México, Jorge Chabot, dijo que Estados Unidos, con un gasto anual en drogas de unos 100.000 millones de dólares, no tiene autoridad para hacer de juez.
Los gobiernos de los países afectados, en cambio, se mostraron mucho más cautos.
Si bien las autoridades de México criticaron públicamente por ilegítima e intervencionista la práctica estadounidense de calificar la lucha de otros países contra el narcotráfico, algunos de sus miembros más destacados realizaron en Washington discretas gestiones para evitar la sanción.
El presidente de Colombia, Ernesto Samper, afirmó que para su país es fundamental continuar trabajando con Estados Unidos para derrotar de una vez por todas "el flagelo del narcotráfico", en un mensaje enviado la semana pasada a Clinton en el que no hizo referencia explícita a la certificación.
El procedimiento "revela la esquizofrenia de la política de Washington", según Peter Andreas, experto en política internacional de la Brookings Institution de Estados Unidos.
Mientras autoridades políticas de Estados Unidos aspiraban a enviar una clara señal al gobierno de México para que endurezca su posición contra los narcotraficantes y combata la corrupción, numerosos asesores expresan su temor ante las consecuencias económicas de la "descertificación" a este país.
México recibió muchas críticas en el Congreso de Estados Unidos.
Una ley aprobada recientemente con el respaldo de demócratas y republicanos exige que ese país refuerce su campaña contra el narcotráfico como condición para una prórroga de seis meses en la garantía de un préstamo de 20.000 millones de dólares.
En los últimos años, la "descertificación" total se reservó a países con los que Estados Unidos tiene una relación política conflictiva, como Afganistán, Irán, Laos, Myanmar y Siria.
Se estima que México, que en los últimos 10 años obtuvo la aprobación total, sería certificado ahora por razones de "seguridad nacional" de Estados Unidos, un argumento que Washington utilizó el año pasado para no penalizar a Colombia.
En el caso de Colombia, según los analistas, Washington procuró castigar a Samper por negarse a renunciar tras la denuncia sobre presuntos aportes financieros del narcotráfico a los fondos de su campaña electoral.
En cuanto a Perú, el mayor productor de coca del mundo, el presidente de la Comisión Andina de Juristas anotó antes de la decisión de Clinton que este país tiene "buena y mala vitrina" en la represión del narcotráfico.
Si bien bien el gobierno del presidente Alberto Fujimori se incautó de 23 toneladas de cocaína en 1995 y hay jefes militares enjuiciados por colaborar con el narcotráfico, "hay muchos otros que no han sido tocados y la producción peruana de pasta básica el año pasado fue de 600 toneladas", comentó.
Raúl Serrano, experto de Cedro, un instituto independiente de Lima que trabaja contra la drogadicción, estimó, también antes de que se conociera el aval otorgado por Estados Unidos, que Fujimori obtendría "un certificado a medias porque tiene excelentes relaciones con Clinton".
"Naturalmente, Perú, el principal productor de pasta básica de cocaína en el mundo, no puede ser declarado eficiente en la erradicación del narcotráfico. Pero creo que Washington no apretará al gobierno de Fujimori", añadió Serrano.
Bolivia, segundo productor mundial de coca, erradicó en 1995 algo más de las 5.400 hectáreas de este cultivo exigidas por Washington, por lo que este país no tuvo por qué preocuparse antes del viernes 1, había adelantado el embajador de Estados Unidos en La Paz, Curtis Kamman. (FIN/IPS/al-dc-yf-jcr/ag-mj/ip/96)
