El programa neoliberal del presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, ha provocado un aumento de las violaciones de los derechos humanos, civiles, económicos, sociales y culturales, indicó una organización no gubernamental.
El Centro de Capacitación Social (CCS) subrayó en un informe anual sobre vigencia de esos derechos en Panamá, que la gestión de Pérez Balladares "se caracterizó en 1995 por facilitarle las posibilidades de inversión económica a intereses transnacionales en detrimento de las condiciones de vida de la población".
Esta crítica coincide con otra reciente de la jerarquía de la Iglesia Católica por el aumento de la situación de pobreza y la falta de acciones gubernamentales para aliviarla, que provocó una fuerte respuesta de miembros del gabinete.
El ministro de Planificación y Política Económica, Guillermo Chapman, reaccionó en duros términos contra la Iglesia Católica por estimar que "su crítica no propone solución y está alejada de la realidad".
El Ministro de Hacienda y Tesoro, Olmedo Miranda, admitió no obstante que no se ha podido reducir la pobreza y el desempleo, pero que "el gobierno está en camino de hallar su solución a través del programa de modernización del Estado", implementado en 1994.
Dicho programa se basa en la privatización de empresas públicas, una nueva política de impuestos, reducción de los aranceles de importación, libre mercado y facilidades para la inversión extranjera en el país.
Sin embargo, la directora del Centro de Capacitación Social, Celia Sanjur, dijo a IPS que en Panamá "existe la tendencia a creer que la vigencia de la democracia, los derechos civiles, humanos y económicos está relacionada con la forma en que se hicieron las últimas elecciones".
"La verdadera democracia pasa por eso y el pleno goce de otros derechos ciudadanos", como la seguridad, el empleo, las condiciones socio-económicas, el sistema de justicia, la cultura, la salud y la educación, añadió.
Sanjur indicó que problemas como el desempleo, que afecta a 19 por ciento de la población activa, y la seguridad personal, son las mayores preocupaciónes de los panameños, según los últimos sondeos de opinión realizados en el país.
Los delitos relacionados con el narcotráfico, homicidios y secuestros se incrementaron en más de 300 por ciento entre 1990 y 1995, debido a la baja capacidad de la policía para prevenir y reprimir la delincuencia.
?Para qué país está gobernando (Pérez Balladares) si la mayor parte de los panameños sufren pobreza, desempleo e inseguridad?", se interrogó Sanjur, tras indicar que "el Estado no tiene una política orientada a cambiar" esos males sociales.
Según datos oficiales, 50 por ciento de la población del país se encuentra por debajo de la linea de pobreza y 27 por ciento padece "extrema pobreza".
El mal se agrava aún más por la falta de una política de redistribución del ingreso y porque el programa económico del gobierno apunta a solucionar los problemas del país con la inversión extranjera y no a través de un plan de desarrollo integral de la economía, apuntó Sanjur.
Estudios sobre distribución de la riqueza realizados por la estatal Universidad de Panamá revelaron en 1995 que el 20 por ciento más pobre de la población sólo recibe 2,8 por ciento del ingreso del país, mientras que el 20 por ciento más rico se queda con 49 por ciento.
Sanjur indicó que la situación es sumamente grave en las áreas indígenas y en las zonas rurales, donde las encuestas e informes oficiales sobre los indicadores de pobreza generalmente "tienden a ocultar que ese problema existe".
Las coberturas de salud y educación, que en las áreas urbanas abarcan prácticamente la totalidad de la población, no superan 50 por ciento en la mayoria de las zonas indígenas del país, según datos de organizaciones privadas.
Los indígenas representan alrededor de 10 por ciento de la población total de Panamá, estimada en 2,5 millones de habitantes. (FIN/IPS/sh/ag/pr-hd/96)
