La directora regional de Unicef, Marta Maurás, advirtió el alto costo social y económico del trabajo infantil para América Latina y llamó a gobiernos y empresarios a invertir en educación para terminar con este fenómeno, que afecta a unos 18 millones de niños y adolescentes.
"El trabajo infantil no hace más que facilitar la reproducción intergeneracional de la pobreza", señaló la alta funcionaria del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de nacionalidad chilena.
Maurás ofreció una conferencia de prensa conjunta sobre el tema con Gert Rosenthal, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la sede de esa entidad en Santiago de Chile.
Las implicancias del trabajo de niños y adolescentes entre 13 y 17 años de edad fueron planteadas en el Panorama Social de América Latina de 1995, un estudio elaborado por ambas agencias del sistema de Naciones Unidas.
Según ese informe, se puede estimar que en la actualidad trabajan en la región entre 16 y 18 millones de niños y adolescentes, lo que equivale a cerca del 17 por ciento del total de la población regional entre 13 y 17 años.
Cepal y Unicef precisaron, sin embargo, que el volumen real del trabajo infantil es superior, ya que se carece de datos sobre el trabajo de menores de 12 años y de estadísticas confiables sobre el sector informal de la economía.
Maurás citó el trabajo infantil entre los temas emergentes que deberá analizar la tercera reunión ministerial interamericana de seguimiento de los acuerdos de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, realizada en 1990 en Nueva York.
Este tercer encuentro interamericano se llevará a cabo en Santiago el 8 y 9 de agosto próximos y evaluará el cumplimiento de las metas de la Cumbe hacia el año 2000, así como otros temas que se añaden recientemente a la agenda social y de la infancia.
Entre esos nuevos desafíos, la directora regional de Unicef mencionó, además del trabajo infantil, el maltrato a los menores, la drogadicción, los embarazos de adolescentes y los cambios de conducta que plantean fenómenos como la expansión del sida.
Existe un imperativo ético de terminar con la actividad laboral de niños y adolescentes, pero también es un imperativo de carácter social e incluso económico, medido incluso en términos de rentabilidad, afirmó la directora regional de Unicef.
Los menores que trabajan reciben como promedio la mitad de remuneración que los adultos y tres de cada cuatro niños que laboran no estudian, lo cual les restará en el futuro buenas posibilidades de acceso al mundo del trabajo, indicó.
Los menores que abandonan los estudios para trabajar, recibirán de adultos ingresos por lo menos 20 por ciento más bajos que la media, mientras quienes estudian y a la vez trabajan pierden como promedio dos o más años de formación escolar.
"Los niños que hoy trabajan, mañana constituirán familias más numerosas y con menor capacidad para generar ingresos y, a la vez, su bajo nivel educacional repercutirá adversamente en sus hijos", señala el informe de Cepal e Unicef.
Maurás indicó que de acuerdo al Banco Mundial los países que aseguran a todos sus habitantes un mínimo de seis años de educación alcanzan crecimientos del producto interno bruto 12 por ciento más altos que aquellos que cuentan sólo con tres años.
En términos de inversión, los programas compensatorios para menores que no estudiaron por trabajar, como la capacitación de adultos o planes contra la pobreza, son hasta cinco veces más caros que el costo de brindar cuatro años de enseñanza secundaria.
Bajo estas consideraciones, los organismos de Naciones Unidas exhortaron a gobiernos, empresarios y al conjunto de la sociedad a considerar las ventajas de los "beneficios de la inversión oportuna en educación".
La ampliación de las oportunidades educacionales no sólo permitirá disminuir el trabajo infantil, sino además de combate a la pobreza, junto a políticas focalizadas hacia los estratos de más ambos ingresos.
Maurás dijo que si bien las inversiones en educación y salud son importantes, se trata de realizar esfuerzos integrales hacia la infancia, que incluyen desde revisiones de la legislación laboral hasta facilitar la inserción de los niños en la sociedad y la escuela, abriéndole formas de expresión y participación. (FIN/IPS/ggr/dg/hd- dv/96)
