México, Colombia y Guatemala no revirtieron las políticas que impulsan asesinatos extrajudiciales, detenciones ilegales, tortura y otros abusos, se sostuvo en el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los tres países fueron blanco de las críticas más duras en la región -exceptuando Cuba-, pero el Departamento de Estado también condenó a Perú por la falta de procesos legales y la continua suspensión de garantías constitucionales, las cuales "han reavivado preocupaciones sobre el enfoque autoritario del gobierno".
Países como Chile, Argentina y El Salvador deben "reconocer el sufrimiento de las víctimas y juzgar honestamente el pasado", si pretenden hacer una transición exitosa a un gobierno democrático, se subrayó en el documento.
El informe anual, que este año cubre 194 países, es requerido por la ley desde 1977 y presentado al Congreso para sus consideraciones de ayuda al exterior y política internacional.
John Shattuck, secretario adjunto de Estado de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, celebró el "constante progreso de la reforma democrática en América Latina" durante 1995.
No obstante, Shattuck dijo que la región aún está "plagada" de violaciones de los derechos humanos que provienen de la generalizada impunidad de que gozan la policía civil y los militares.
En México, mientras el gobierno ha hecho esfuerzos por poner fin a "la cultura de la impunidad" mediante la reforma judicial y la creación de una comisión nacional de derechos humanos, "miembros de las fuerzas de seguridad continuaron cometiendo ejecuciones extrajudiciales y desplazando a campesinos de tierras rurales en varios estados", señaló el informe.
En Guerrero, oficiales fueron castigados por intentar encubrir la participación de la policía en un ataque del 28 de junio, en el que murieron 17 manifestantes campesinos.
Según el documento, aunque varios altos funcionarios de estado fueron suspendidos tras la investigación, "continuaron ejerciendo considerable influencia".
Las autoridades mexicanas también fueron criticadas por no resolver varios asesinatos políticos, entre ellos el del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y el informe expresó preocupación por la "falta de procesos legales significativos de aquellos acusados de crímenes electorales".
En Colombia, donde la situación general de los derechos humanos "sigue siendo crítica", la policía y el ejército fueron reprendidos por "continuar con abusos tales como ejecuciones políticas y extrajudiciales, secuestros, tortura y otros maltratos físicos".
Las acciones de los narcotraficantes y los grupos guerrilleros también fueron denunciados por el Departamento de Estado.
"La impunidad es la causa de las violaciones a los derechos humanos en el país", aseguró el informe, y consideró la renuncia en agosto del Procurador General para los Derechos Humanos Hernando Valencia como "un gran paso atrás para los derechos de las personas".
Shattuc indicó que "el hecho más sorprendente" en Colombia es que "casi 90 por ciento de todos los delitos no son sometidos a juicio".
La impunidad, resultado de un sistema legal "débil e ineficaz", también fue considerada la raíz de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala, donde "continúan los asesinatos políticos con alarmante frecuencia".
"El ejército y la policía operan con considerable autonomía legal e institucional, particularmente en asuntos militares y de seguridad", afirmó el Departamento de Estado, según el cual esta impunidad se extiende a miembros de las Patrullas de Defensa Civil, que "han cometido graves abusos".
El informe advierte sobre el efecto de la impunidad aun en países como Perú, donde la situación de los derechos humanos mejoró durante el año pasado.
Aunque hubo "una notoria reducción" en el número de abusos "atribuibles a las fuerzas de seguridad" en Perú, el informe afirma que subsisten "la falta de responsabilidad y debido proceso, las detenciones prolongadas, el retraso en los juicios y la tortura".
Shattuck señaló que la impunidad es en parte resultado de una ley de amnistía "rápidamente aprobada en el parlamento" en junio, que absuelve a las fuerzas de seguridad de todas las acciones cometidas contra los derechos humanos entre mayo de 1980 y junio de 1995.
En Chile, donde hubo "casos de brutalidad policial", la mayor parte de los problemas de derechos humanos se relacionarían con abusos cometidos durante el régimen militar, particularmente entre 1973 y 1978.
Según el Departamento de Estado, la justicia chilena obtuvo un resultado poco satisfactorio en la investigación de las violaciones y, en los casos ocurridos durante los primeros cinco años de la dictadura, "se enfrenta a la ley de amnistía aprobada en 1978".
"Los esfuerzos del gobierno por reconocer el sufrimiento de las víctimas y juzgar honestamente el pasado" contribuyeron a "una exitosa transición de un pasado conflictivo a un gobierno democrático", señaló el reporte.
La ley estadounidense que exige la evaluación anual de los derechos humanos no obliga al presidente a tomar medidas punitivas como las que debe imponer a los países que, a criterio del Congreso, no cooperan en la lucha contra el narcotráfico.
La falta de represalias despertó críticas de activistas de los derechos humanos, quienes afirman que la práctica anual no constituye un instrumento político eficaz.
"Lo malo es que estos informes no son la base de la política de derechos humanos de la administración Clinton", señaló Anne Manuel, subdirectora de Human Rights Watch/Americas. (FIN/IPS/tra- en/pz/yjc/lp-ml/hd/96)
