El presidente de Colombia, Ernesto Samper, inauguró hoy una red computarizada de datos para intercambiar información con los organismos humanitarios sobre la promoción y protección de los derechos humanos.
La Red de Comunicaciones de los Derechos Humanos contará inicialmente con 66 terminales en Bogotá, para llegar a 500 puntos en las diferentes zonas del país en 1998.
La firma del documento que da vida a la red contó con la asistencia de la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, la Consejería para los Derechos Humanos, la Procuraduría General y los ministerios de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Justicia.
El gobierno indicó que este programa servirá de instrumento de protección de los derechos humanos y lucha contra la impunidad, ya que permite un rápido conocimiento de las violaciones a las garantías fundamentales y al Derecho Internacional Humanitario.
La inauguración de la Red es una respuesta al debate sobre el nombramiento de un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que analice la situación de los derechos humanos en Colombia.
La cancillería colombiana propondrá a la ONU que, antes de considerar una sanción contra el país, se piense en mecanismos de cooperación más eficaces.
"Esta administración ha estado especialmente abierta a la cooperación internacional y ha invitado al país a los relatores temáticos y a las ONG que tienen mayor trayectoria en derechos humanos", señaló Pilar Gaitán, directora de Asuntos Especiales de la cancillería colombiana.
Los informes de los relatores temáticos para la tortura y las ejecuciones extrajudiciales que visitaron Colombia invitados por el gobierno, serán analizados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuyo período de sesiones se inició en Ginebra.
Gaitán viajará junto con el Consejero Presidencial de Derechos Humanos, Carlos Vicente de Roux, con el objetivo de participar en un foro sobre la situación colombiana, que las ONG han organizado como evento paralelo a las sesiones de la Comisión.
El gobierno colombiano buscará en Ginebra nuevos mecanismos de cooperación que le permitan trabajar junto de los relatores de la ONU y de las ONG, pues se considera que el nombramiento del relator significaría una sanción al país, aseveró la funcionaria de la cancillería. (FIN/IPS/amg/ag/hd/96)
