El proyecto de una nueva ley de defensa del consumidor se encuentra aún en trámite en el parlamento de Chile.
A principios de este mes, los parlamentarios retomaron la discusión del proyecto, que desde hace tres años esta empantanado en el Congreso y que busca reemplazar y terminar con las deficiencias de la legislación vigente.
Este año se introdujo a la discusión 36 indicaciones tendientes a perfeccionar el proyecto de ley, elaboradas por el gobierno, el estatal Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y algunos legisladores.
El ministro de Economía, Alvaro García, destacó entre las indicaciones aquellas que establecen multas para las grandes casas comerciales que sobrepasen el interés máximo de crédito.
García señaló que aunque la actual ley sanciona los cobros abusivos, el trámite legal es demasiado lento, ya que cualquier denuncia debe hacerse mediante un abogado, lo cual acarrea mayores gastos para el afectado.
Las nuevas indicaciones proponen que tanto el consumidor como el Sernac podrán consignar ante un juez de policía local que el cobro de intereses por un producto es desmesurado, agilizando así el proceso judicial.
"Con esta ley del consumidor pretendemos que las personas obtengan toda la información y sepan cuánto les va a costar la compra a crédito", dijo García.
Francisco Fernández, director del Sernac, destacó en tanto que las indicaciones buscan posibilitar la acción de una eventual asociación de consumidores que actúe ante la justicia.
Además, se incluyeron indicaciones que sancionan la publicidad engañosa de las empresas, estableciendo que el anunciante estará obligado a comprobar la veracidad de los beneficios que publicita.
Dentro de este punto se agrega un principio de integración publicitaria por el cual el consumidor podrá exigir todo aquello que le fue ofrecido al momento de adquirir un bien o servicio.
Se establece, además, que la justicia podrá suspender una campaña publicitaria considerada engañosa y ordenar a la agencia que la elaboró a difunidr una información correctiva.
Algunas de estas indicaiones, sin embargo, fueron objetadas por dirgentes empresariales luego de ser presentadas ante el pralamento.
Alfonso Mujica, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Santiago, señaló que estas enmiendas excluían a los sectores más pobres de la posibilidad de acceder a créditos de consumo.
Mujica dijo que la tasa máxima de crédito que pretende aplicar el proyecto corresponde a la que rige a las instituciones financieras y que los créditos del comercio deben incluir costos adicionales generados por la cobranza y la morosidad.
Esta situación imposibilita que el crédito comercial sea regulado por el mismo límite de interés que la banca, pues exiten costos extras que hay que cubrir.
El dirigente empresarial advirtió que de prosperar esta inciativa el comercio se verá en la imposibilidad de otorgar préstamos, marginando del consumo a las personas de bajos ingresos que no tienen acceso a créditos de instituciones financieras y que no pueden adquirir bienes al contado.
Senadores del opositor partido Renovación Nacional rechazaron por su lado algunas indicaiones al considerar que siginifican una intervención desmedida de la autoridad en el trato comercial. (FIN/Consumers International-IPS)/96)
