"En Cuba no hay ni una propiedad estadounidense", afirmó el canciller Roberto Robaina en un intento por espantar el fantasma de la ley Helms-Burton del proceso de apertura externa de la economía nacional.
"Cuba no es ni un mercado ni un depósito exclusivo de Estados Unidos", aseguró Robaina al presentar un declaración oficial contra la última legislación estadounidense para endurecer el bloqueo a la isla.
La "Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana", sancionada por el presidente Bill Clinton este mes, retoma el viejo tema de las reclamaciones como una de las vías para alejar de la isla a los inversionistas extranjeros.
Según el texto, las compañias estadounidenses o los emigrantes cubanos, convertidos en ciudadanos de Estados Unidos, podrán llevar ante tribunales federales a cualquier empresa que compre, arriende o use los bienes confiscados después de 1959.
La lista de reclamaciones, que ahora se enriquecería con las demandas de los cubanos, supera las 5.000 y sólo se aceptan demandas por propiedades estimadas en un monto superior a los 50.000 dólares.
La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, presentada este martes en la Organización Mundial de Comercio, asegura que con esa la ley Estados Unidos "manifestó su más absoluto desprecio a la opinión pública internacional".
De acuerdo con el documento el "desprecio" se muestra en la insistencia en una política de bloqueo a Cuba que ha sido condenada en más de una ocasión por la gran mayoría de la comunidad internacional.
Además, asegura que "las disposiciones de este instrumento legal son contrarias a importantes normas del comercio internacional y de las organizaciones que rigen esa imprescindible actividad entre las naciones".
La Cancillería cataloga como "un ensayo de gobierno mundial" las pretensiones de "aplicar a terceros países el peso de la ley estadounidense" por el simple hecho de mantener relaciones económicas con la isla.
"Nos vamos a convertir en una pesadilla", dijo Robaina, al revelar que Cuba prepara respuestas para cada una de las medidas estadounidenses como parte de "una estrategia para sobrevivir".
Para el canciller cubano está claro que esta nueva crisis con Estados Unidos no será el fin del mundo y que el gobierno de Fidel Castro no renuncia a su empeño de seguir trabajando por normalizar las relaciones entre ambos países.
Cuba defiende el derecho de cada gobierno de "nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros" y el deber del mismo de "pagar una compensación adecuada", de acuerdo a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados de 1974.
Sin embargo, esto no sucedió así con la propiedad estadounidense en la isla a pesar de que la ley 851, de 1960, reconoció la indemnización y estableció el procedimiento de pago mediante el azúcar.
Según Olga Miranda, asesora jurídica de la Cancillería, "al impedir todo comercio de azúcar con Cuba, Estados Unidos impidió que los ciudadanos y entidades estadounidenses pudieran recibir la compensación apropiada".
Expertos locales aseguran que "lo importante no es devolver las viejas propiedades a sus viejos dueños" sino buscar las vías adecuadas para que "Cuba pueda compensar a los ex propietarios".
Fuentes del Consejo Económico Comercial Estados Unidos-Cuba revelaron que unas 20 empresas iniciaron, en 1995, conversaciones exploratorias con la parte cubana para buscar formas de compensación.
Aunque no se ha revelado cuáles son las compañías, se conoce que pertenecen a una treintena que concentra 70 por ciento del monto total de las reclamaciones estadounidenses contra la isla.
"En Cuba todas las propiedades son del Estado o de los socios que hemos escogido", señaló Robaina. (FIN/IPS/da/dg/ip/96)
