El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, parece haber abandonado sus intenciones de facilitar una silenciosa distensión en Cuba en favor de los exiliados del país caribeño en Florida y de los aliados de éstos en el Congreso.
El respaldo que otorgó el mandatario al controvertido proyecto de ley Helms-Burton el miércoles, cinco días después de que aviones militares de Cuba derribaron dos avionetas de bandera estadounidenses tripuladas por anticastristas, constituyó un cambio radical de su política anterior.
Al suscribir la iniciativa, de la cual él mismo había dicho que podría "perjudicar la perspectiva de una transición pacífica en Cuba", Clinton adoptó una actitud que podría derivar en una transición mucho más violenta.
"Si alguien piensa que la única posibilidad es el enfrentamiento, la dinámica se torna mucho más peligrosa", dijo Wayne Smith, experto en cuestiones cubanas que dirigió la oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana hace 15 años.
Clinton entregó al Congreso la posibilidad de impedir en forma permanente que el gobierno adopte posibles modificaciones del embargo comercial contra la isla, porque esta medida, hasta ahora regida por un decreto del Poder Ejecutivo, se convertiría en ley.
Esto constituye una delegación de la autoridad presidencial en materia de política exterior sin antecedentes recientes, pues en caso de que la ley resulte aprobada cualquier gobierno que desee aflojar el embargo para facilitar una transición en La Habana requerirá la aprobación del Congreso.
Además, como el proyecto que hoy respalda Clinton desalienta la inversión extranjera en Cuba, el presidente se enfrentará a nuevas tensiones comerciales con algunos de los más cercanos aliados de Estados Unidos.
Canadá ya informó a Washington su convencimiento de que la ley Helms-Burton amenazaría tratados internacionales sobre inversiones, entre ellos los incluidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y dejaría a las empresas estadounidenses expuestas a represalias.
El nombre del proyecto obedece a sus patrocinantes, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el derechista Jesse Helms, y el diputado Dan Burton.
En caso de convertirse en ley, los ciudadanos de Estados Unidos podrían presentar acusaciones ante cortes federales contra compañías y personas extranjeras que posean bienes expropiados por el gobierno de Fidel Castro después de la revolución de Cuba en 1959.
El gobierno de Estados Unidos se había negado hasta ahora a avalar esta disposición porque la cantidad de demandas que se entablarían podrían superar la capacidad operativa del Poder Judicial.
Clinton también advertía que países aliados de Washington cuyos empresarios han invertido en Cuba, como Canadá y la Unión Europea, opondrían un fuerte rechazo, pues se trataría de una decisión unilateral de Estados Unidos aplicable sobre intereses fuera de su territorio.
El propio secretario de Estado, Warren Christopher, había alertado en una carta enviada al Congreso en septiembre que la ley Helms-Burton sería "difícil de defender en base al derecho internacional".
En su única concesión a Clinton, los negociadores del Congreso garantizaron al Poder Ejecutivo que mantendría su poder de suspender esta sección de la ley por períodos de hasta seis meses si el presidente considera que ello es "necesario para el interés nacional".
Pero el presidente no puede impedir la aplicación de ninguna otra disposición de la ley, que, por ejemplo, prohíbe la otorgación de visas a empresarios que "trafiquen" con bienes expropiados, así como a sus familias.
Washington también deberá recortar su ayuda a Rusia por la misma suma que Moscú paga a Cuba por el uso de una base de inteligencia en la isla, unos 200 millones de dólares. Lo mismo sucederá a cualquier país que contribuya en la construcción de la controvertida planta nuclear de Juragua.
Hasta ahora, Clinton había prometido que las reformas en Cuba serían correspondidas por Washington de forma "cuidadosamente calibrada", principalmente con respecto al aflojamiento del embargo comercial.
La aprobación de la ley impediría cualquier "respuesta cuidadosamente calibrada", según Smith.
Esta es también la opinión del propio Helms. "Lo único que puede provocar el levantamiento del embargo es que Fidel Castro abandone Cuba", sentenció el vocero de prensa del legislador, Marc Theissen.
"Con este proyecto, jamás podremos contribuir en un proceso de transición. Si no tenemos 'zanahorias' que ofrecer, en el mejor de los casos nos sentaremos a mirar", dijo un funcionario estadounidense.
Lee Hamilton, el principal legislador del Partido Demócrata en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, sostuvo que el proyecto "hace que Estados Unidos se dirija exactamente hacia la dirección equivocada".
"Si aislamos al pueblo cubano, se incrementa el riesgo de un levantamiento violento y de un arribo masivo de refugiados a las costas de Estados Unidos", advirtió Hamilton el miércoles.
Para Smith, el peligro es aun más inmediato.
"Me sorprendería mucho que no se registraran en el estrecho de Florida nuevos incidentes provocados por exiliados que pretenden forzar a Washington a emprender una acción militar", dijo el especialista.
Smith anotó que Clinton no anunció ninguna medida concreta para frenar a la organizació~n anticastrista que envió el sábado los aviones derribados con rumbo a Cuba, "Hermanos al Rescate".
Desde enero, cuando un avión de ese grupo arrojó panfletos sobre el centro de La Habana, el gobierno de Castro alertó a Washington en reiteradas ocasiones que los aeroplanos que penetraran en el espacio aéreo cubano serían derribados.
La intención original de "Hermanos al Rescate" fue ayudar a los balseros cubanos que procuraban atravesar el estrecho de Florida rumbo a Estados Unidos. Su fundador y líder es un veterano de la fallida invasión a Cuba por Bahía de Cochinos en 1961.
Pero la organización asumió un comportamiento cada vez más provocativo desde que Washington y La Habana suscribieron un acuerdo sobre migración el año pasado.
"Hermanos al Rescate" y otros grupos anticastristas anunciaron su intención de enviar este sábado aeronaves y barcos a la zona del estrecho de Florida donde fueron derribados los dos aviones para celebrar una ceremonia de homenaje.
El gobierno de Estados Unidos enviará una flota de la Guardia Costera y aviones para custodiar a los participantes en la manifestación y asegurarse de que no penetbarán en los espacios marítimo y aéreo cubanos.
Clinton también libró un decreto de emergencia que prevé "las máximas sanciones permitidas por la ley" contra quienes invadan la jurisdicción de Cuba.
Pero un piloto de "Hermanos al Rescate" y veterano de la operación de Bahía de Cochinos, Esteban Bobo, declaró al diario Christian Science Monitor que su oposición a Castro no se desarrolla a través de la "desobediencia civil".
"El cambio deberá venir a través de la guerra", dijo. (FIN/IPS/tra-eng/jl/yjc/mj/na la ip/96)
