Desesperados reclusos de la prisión de Abidjan han escrito a la Iglesia Católica, a grupos defensores de los derechos humanos y al Consejo Musulmán, en demanda de apoyo a una amplia reforma de la justicia penal de Costa de Marfil.
Pese a la ola de exhortaciones públicas en favor de una renovación del sistema judicial, continúan llenándose las cárceles de acusados que cumplen largos períodos de detención antes de ser juzgados, lo que muchos entienden destructivo del verdadero sentido de justicia.
Las protestas hicieron que el presidente Henri Konan Bedie pidiera al gobierno, en noviembre pasado, el estudio de soluciones al problema carcelario, reduciendo el tiempo de detención de los procesados.
Como ejemplo de la usual omisión de justicia, la demanda de los encarcelados cita el caso de Franklin Jido, acusado de haber participado en una demostración pública pero declarado inocente por un tribunal que ordenó su liberación.
"No obstante, después de nueve meses, el doctor Jido se encuentra aún entre nosotros en la prisión de Abidjan", dicen los reclusos.
Según los presos, Jido es una de "las 104 personas arrestadas por formar parte de manifestaciones durante las últimas elecciones presidenciales. Hace ya cuatro meses que esas personas están detenidas aquí, viviendo en deplorables condiciones".
"No podemos decir que todos somos inocentes, pero la mayoría de nosotros, entre los 4.216 reclusos en Abidjan -una prisión concebida para alojar 1.500 personas-, no somos más que víctimas de un pésimo sistema judicial", subrayan los prisioneros.
En la creencia de que sólo una visita personal del propio Bedie podría dar por resultado la mejoría de sus condiciones, los presos le invitan a concurrir a la cárcel.
"Señor Presidente, venga a la prisión de Abidjan y conozca lo que sucede con nuestro sistema judicial. Es simplemente vergonzoso que la justicia marfileña haya cobrado este horrible aspecto".
"Algunos detenidos han permanecido aquí por cuatro, cinco, siete años, sin ser juzgados", añade la carta. También señala la presencia de numerosos ciudadanos de otros países, tanto europeos como africanos, cuya situación, sin el juicio debido, "daña la imagen de Costa de Marfil ante los inversores extranjeros".
Uno de los casos que más compromete al país es la situación del empresario belga Henri Weyckamns, de 42 años, que aún espera juicio por un supuesto desfalco en un contrato, desde que fue detenido en octubre de 1994. (FIN/IPS/tra-en/md/jm/oa/arl/hd/96)
