La ruptura del pacto para el desarme de las milicias y versiones de ingreso clandestino de material bélico desde países vecinos difunde en Congo el temor a la reanudación de la violencia, que hace dos años se cobró 2.000 vidas.
Los principales partidos políticos se comprometieron en diciembre a incorporar hasta el 18 de mayo cerca de 1.200 milicianos a las fuerzas de gendarmería y policía, y a desarmar al resto para "utilizarlos en actividades de desarrollo".
El proceso de integración de irregulares en las fuerzas de seguridad debía cumplirse según cuotas fijadas en el mismo pacto. El acuerdo se hundió cuando la gobernante Unión para la Democracia Social (UPADS) superó su cupo y se abstuvo de sancionar el amotinamiento de algunos de sus partidarios.
Los partidos habían convenido que los servicios de seguridad absoberían 370 milicianos de la UPADS y 808 de los grupos de oposición. Pero el oficialismo aumentó unilateralmente su cuota a 2.500 hombres, segun la Oficina de Pagos del Estado.
El contingente señalado incluye a 1.200 irregulares que el 14 de febrero ocuparon las dos mayores bases militares de la capital para exigir su ingreso en el ejército. Cinco civiles murieron y 40 resultaron heridos como consecuencia el amotinamiento, que también provocó considerables daños materiales.
El gobierno aceptó la demanda de los amotinados, pertenecientes a los "zulúes", la milicia de la UPADS, que no recibieron sanciones.
Las Fuerzas Democráticas Unidas (FDU), una coalición encabezada por el ex presidente Denis Sassou Nguesso, advirtió que no permitirá la fusión de su milicia con las fuerzas de seguridad a menos que los protagonistas del motín sean castigados.
Mientras, otros grupos de oposición manifestaron malestar ante la transgresión por la UPADS del acuerdo de cuotas de integración.
Tampoco se ha cumplido el desarme de los tres grupos paramilitares, y milicianos armados permanecen en Brazzaville.
Los "ninjas" responden al opositor Movimiento Congolés por la Democracia y el Desarrollo Integral (MCDDI), del alcalde de Brazzaville, Bernard Kolelas, y controlan los barrios de Bacongo y Makalekele, en la capital.
Los "cobras", de Sassou Nguesso, reclutados entre grupos étnicos del norte, prevalecen en los norteños barrios de Poto- Poto, Ouenze y Talangai.
En cuanto los zulúes, que proceden del bastión político de presidente Pascal Lissouba en el sudoeste y fueron entrenados por la empresa privada israelí Levdan, tienen sus feudos en el barrio de Aubevillet y en la localidad de Loudima, 300 kilómetros al sudoeste de Brazzaville.
El enfrentamiento entre las milicias causó entre noviembre y diciembre de 1993 unos 2.000 muertos y la huída de la capital de 250.000 personas. Al fracaso del pacto de diciembre de 1995 siguieron informaciones de ingreso de armas desde Angola y Zaire, y se teme la reanudación de los combates.
La oposición reclama la entrega al ejército de los arsenales que supuestamente conservan los zulúes en campos de entrenamiento de Loudima y Aubevillet.
Por su parte, la UPADS afirma que los cobras de Sassou Nguesso disponen de gran cantidad de armas y que reciben instrucción militar de expertos extranjeros cerca de la localidad de Oyo, 350 kilómetros al norte de Brazzaville, donde reside su jefe.
El primer ministro, general Jacques Joachim Yhomby- Opango, admitió ante el parlamento que dispone de un arsenal oculto en la aldea de Owando, 430 kilómetros al norte de la capital.
Así mismo, Yhomby-Opango acusó a Zaire de suministrar armamento a Sassou- Nguesso, y la oposición afirmó que la UPADS es abastecida por la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, que durante 20 años combatió al gobierno de su país.
Los hechos acumulan tensión cuando restan 15 meses para la celebración de elecciones presidenciales. El gobierno no ha comenzado todavía a organizar el acto electoral, y la oposición cree que se propone postergarlo. (FIN/IPS/tra-en/lo/kb/ff/ip/96).
