La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia inició este martes un crucial interrogatorio compuesto por un centenar de preguntas al presidente, Ernesto Samper, investigado por el presunto apoyo del narcotráfico en la financiación de su campaña electoral.
El presidente del organismo parlamentario, Heyne Mogollón, encargado de conducir la indagatoria, se trasladó a la sede del gobierno para tomar declaraciones al mandatario.
Una parte de las preguntas se refiere al grado de conocimiento y relación del presidente con personas como el periodista Alberto Giraldo, Jesús Amado y la asesinada Elizabeth Montoya de Sarria.
Otras tienen que ver con la financiación de la campaña y otras más con las actividades del gobierno después que, a través de los llamados narcocasetes, se conocieron las primeras denuncias sobre la infiltración de dinero del narcotráfico en la campaña.
La indagatoria al presidente Samper comenzó en medio de una tensa situación política, ya que también será interrogado este miércoles el ministro del Interior, Horacio Serpa, y el jueves y viernes los ministros de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo, y de Comunicaciones, Juan Manuel Turbay.
A elevar aún más la temperatura política contribuyó también el embajador estadounidense en este país, Myles Frechette, quien afirmó que la comisión parlamentaria que interroga a Samper no tiene credibilidad alguna en el exterior, ni en Europa, ni en Estados Unidos.
La realización del interrogatorio al presidente, considerado pieza central dentro de la investigación, coincide con la entrada en vigencia de una ley que levanta la reserva del sumario.
Con esta ley Samper quedará formalmente vinculado a un doble juicio: el del Congreso y el de la opinión pública.
Aparte de las valoraciones que haga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sobre los méritos de las pruebas, el caso será sometido al escrutinio de la opinión pública.
A partir de este miércoles cualquier ciudadano podrá solicitar, mediante el ejercicio del derecho de petición, cualquier pieza del expediente.
La ley sólo prevé reserva en el momento mismo de la práctica de la prueba, como una manera de preservarla de posibles interferencias.
Sin embargo, apenas la prueba quede formalmente incorporada al expediente, será pública.
Por su parte, Francisco Canossa, miembro del Partido Liberal (PL) e integrante de la Comisión de Acusaciones, propuso a Mogollón que ordene grabar en video la diligencia para luego transmitirla por televisión.
El embajador norteamericano Frechette hizo en una entrevista concedida al semanario económico Portafolio, el de mayor circulación en el país, fuertes reparos contra la clase política colombiana, contra los empresarios y contra el sistema judicial,.
El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que estas declaraciones son irrespetuosas para el Congreso, una violación de los principios que rigen las naciones, y que representan "una inaceptable injerencia en los asuntos internos de Colombia", según indica un comunicado.
"En Colombia el rating más bajo de popularidad lo tiene la clase política". Creo que ese es un problema para el presidente Samper, dijo el representante estadounidense.
El embajador regañó también a los empresarios colombianos que "no han hecho una sola reunión con el gobierno para expresarle la necesidad de fortalecer la lucha contra el narcotráfico".
"Los empresarios, que son los beneficiarios directos de las ventajas arancelarias, tienen que hacer esfuerzos para que éstas se mantengan", advirtió.
Indirectamente, Estados Unidos les está diciendo que hagan "lobby" ante el gobierno y ante las diferentes instancias para que se fortalezcan los esfuerzos de erradicación del narcotráfico, añadió Frechette.
En cuanto a la justicia, el embajador de Estados Unidos sostuvo que "es fundamental que no se tomen "medidas para debilitar a la justicia sino que por el contrario se la fortalezca".
Instó a que las penas a los narcotraficantes no sean ínfimas como los seis años impuestos a Víctor Patiño, porque "eso malogra la imagen internacional de Colombia". Poner penas a cabecillas del narcotráfico iguales a las de los colaboradores de la mafia "es un chiste", añadió.
Sobre los efectos de la "descertificación" sin sanciones, Frechette advirtió que "en diplomacia se mandan señales. No se pega con el garrote más fuerte. Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos".
El pasado 27 de enero Frechette habñia criticado las políticas colombianas cuando indicó ante el Consejo de las Américas en Nueva York que "hay quienes creen fuertemente en Washington, tanto en el ejecutivo como en el Capitolio, que la administración Samper no se ha desempeñado tan bien como habría podido". (FIN/IPS/amg/jc/ip/96)
