El gabinete de Colombia se solidarizó con tres ministros citados a declarar ante la Fiscalía General, que investiga la denunciada presencia de dinero del narcotráfico en la campaña electoral que llevó a la presidencia a Ernesto Samper.
Los ministros de Horacio Serpa, de Interior, Rodrigo Pardo, de Relaciones Exteriores, y Juan Manuel Turbay, de Comunicaciones, convocados por la Fiscalía, podrían ser acusados de los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito en favor de terceros y encubrimiento.
Los miembros del gabinete manifestaron en un comunicado su confianza en que "la aplicación del debido proceso y la correcta valoración de la totalidad del acervo probatorio" permitirá a los tres indagados "salir airosos e incólumes de este desafortunado capítulo".
La opinión pública "reconoce la honestidad y seriedad con que nuestros compañeros ministros han asumido cada uno de sus cargos y su vocación de servicio público", se consignó en el comunicado.
La Fiscalía convocó a los tres ministros, que deberán presentar su declaración entre los diás 27 y 29, basada en el testimonio de cuatro dirigentes de la campaña política de Samper, candidato entonces del Partido Liberal.
Se trata de Santiago Medina y Fernando Botero, tesorero y director general de la campaña, respectivamente, y de Juan Manuel Abella, director administrativo, y Patricia Pineda de Castro, ex asistente de la tesorería.
Botero, a quien el escándalo costó su cargo de ministro de Defensa del gobierno de Samper, solicitó ampliación de indagatoria para puntualizar sus denuncias contra los tres ministros y será llamado a declarar bajo juramento, en calidad de testigo de cargo.
La Fiscalía Delegada ante la Corte evaluó durante 20 días las implicaciones de los testimonios recibidos y revisó todas las investigaciones y documentos relativos al comportamiento de los tres ministros durante la campaña.
A la instancia indagatoria sucederá la evaluación de las declaraciones y exculpaciones y la consecución de nuevas pruebas.
Los fiscales tendrán diez días hábiles para definir la situación procesal de los ministros. En caso de considerar insatisfactorias las explicaciones recibidas, formalizarán la acusación ante la Corte Suprema de Justicia.
Los tres ministros citados expresaron en un comunicado su "respeto hacia las autoridades" responsables del proceso y su "voluntad de cooperar con la justicia para el pronto esclarecimiento de la verdad".
"Acatando la debida reserva del proceso, nos abstendremos de controvertir públicamente los cargos que se han formulado en nuestra contra", agregaron.
Mientras, el gobierno confirmó el propósito de todos sus integrantes de colaborar con la justicia.
El presidente "no vacila en manifestar su absoluta convicción de que en los procesos que se inician, los ministros demostrarán su total inocencia", se afirmó en la declaración gubernamental.
El propio Samper deberá presentar testimonio ante Heyne Mogollón, instructor de la investigación parlamentaria sobre la influencia del narcotráfico en la campaña electoral.
La diligencia se realizará en el despacho presidencial y en ella estarán presentes también el abogado defensor Luis Guillermo Nieto y el agente especial del Ministerio Público Fernando Gómez.
Samper deberá responder a la denuncia formulada por el Fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso.
Sumada a otros testimonios, esa instancia permitirá a la Comisión de Investigaciónes y Acusaciones presentar un proyecto de decisión a la reunión plenaria de la Cámara de Representantes. (FIN/IPS/amg/ff/ip/96).
