El presidente de Colombia, Ernesto Samper, declarará este martes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por presuntos aportes del narcotráfico a su campaña electoral en 1994.
Samper deberá responder por los cargos formulados por la Fiscalía General de superación del tope máximo legal de financiación, fraude a las leyes electorales, obtención indebida de recursos del Estado y encubrimiento.
La diligencia se llevará a cabo en la Casa de Nariño (palacio presidencial) con la presencia del presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Heyne Mogollón, del gobernante Partido Liberal, quien fue recusado por recibir fondos del comando de Samper para su propia campaña como diputado.
Al presentar la denuncia ante la Comisión de Acusaciones, el fiscal general, Alfonso Valdivieso, dijo que estaba suficientemente demostrado el ingreso al comando de campaña de Samper de dinero proveniente de actividades ilícitas.
El fiscal considera en su denuncia que son coincidentes la versión del ex tesorero de la campaña liberal, Santiago Medina, y la ampliación suministrada por el ex ministro de Defensa, Fernando Botero.
"Y existen evidencias para determinar que para evadir los topes legales exigidos por el Consejo Nacional Electoral se acudió al pago de proveedores a través de terceros, la aceptación de donaciones en efectivo y la utilización de cuentas en el exterior sin registro contable", subrayó Valdivieso.
La Fiscalía General considera que existen suficientes pruebas de que la campaña recibió elevadas sumas de dinero del Cartel de Cali, que fueron distribuídas para los comités regionales.
La denuncia está basada en un documento de 944 páginas con material de prueba, testimonios y documentos obtenidos por la propia fiscalía y por la Corte Suprema de Justicia, entre otras instancias oficiales.
El abogado defensor de Samper, Luis Guillermo Nieto, dijo que "los interrogatorios practicados por la Fiscalía carecen de toda técnica jurídica" y acusó a Valdivieso de haber ocultado información procesal favorable al presidente.
El mandatario, por su parte, renunció a la "intimidad procesal", al sancionar la ley mediante la cual se levanta la reserva del sumario.
"Renuncio a las instancias que me ofrece la ley para mi defensa, renuncio al derecho que tengo a la intimidad del proceso, acepto el juzgamiento público de mi defensa, de cara a la opinión y sin restricciones ni secretos" manifestó el mandatario.
Los ministros del Interior, Horacio Serpa, de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo, y de Comunicaciones, Juan Manuel Turbay, también deberán responder esta semana, frente a las irregularidades detectadas en la campaña.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jaime Camacho, citó a los tres ministros en calidad de presuntos copartícipes en los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito en favor de terceros y encubrimiento.
Los ministros fueron acusados de presunta violación de los topes electorales durante la campaña y la supuesta participación en la denominada "operación encubrimiento" durante el ejercicio de sus funciones ministeriales. (FIN/IPS/amg/ag/ip/96)
