Han transcurrido sólo dos semanas desde que el gobierno estadounidense descertificó a Colombia y el presidente Ernesto Samper soporta una nueva ola de presiones por el "narcoescándalo", que arrastra desde su posesión en 1994.
En el flanco de los gremios económicos, la discusión de los pros y contras de un paro empresarial tiene al borde del sisma a la poderosa Asociación Nacional de Industriales (ANDI).
La propuesta del paro fue hecha por Germán Holguín, presidente del Comité Empresarial del Valle del Cauca, cuya capital es Cali, y a muchos les recordó el que antecedió a la caída del dictador general Gustavo Rojas Pinilla, en 1957.
"Hay que estar preparados a utilizar salidas legales de presión para que no se eternice la crisis", dijo Juan Manuel Ospina, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
Pero no todas las ramas de la producción son partidarios del paro. Fabio Echeverry, ex presidente de la ANDI y portavoz de un sector de la industria tradicional, la más resentida por la apertura económica impuesta por el ex presidente César Gaviria (1990-94), se opone.
También apuntala la política económica del gobierno de Samper el sector que confluye en la Sociedad Económica de Amigos del País, que defiende un modelo de desarrollo con cierto tinte social frente al neoliberalismo rampante.
Dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica se insiste en que Samper "deslinde el ejercicio del poder de su defensa personal", como planteó el presidente de la Conferencia Episcopal, Pedro Rubiano.
Unas 4.000 parroquias a lo largo y ancho del país conforman una gran caja de resonancia para las orientaciones de los obispos y los sacerdotes de prestigio.
Es el caso del jesuita Alfonso Llano, editorialista del diario El Tiempo de Bogotá, a quien en los pasillos de la Casa de Nariño (sede presidencial) tachan de conspirador, por sus escritos en defensa de la ética y la moral.
"La descertificación es la expresión de una realidad que existe en las más altas esferas del gobierno, que ha dejado manchar sus manos con los dineros sucios y malditos del narcotráfico", afirma el obispo de Envigado, Eugenio Villegas.
También en los cuarteles y en la cúpula castrense se habla sin ambages de la crisis, y altos mandos afirman públicamente que apoyan a las instituciones democráticas y no al gobierno.
"Nosotros somos el ejército de la Nación y no somos el ejército del régimen", declaró en Madrid, durante una cumbre militar, el director de la Escuela Superior de Guerra, general Manuel José Bonnet.
Bonnet reflejaría un ala militar que sin caer en la actividad deliberante, prohibida a las Fuerzas Armadas, propicia un debate amplio sobre la situación nacional a través de la llamada Cátedra Colombia.
A ella han concurrido, en el último mes, antimilitaristas como el escritor Antonio Caballero y el embajador estadounidense Myles Frechette.
Las dificultades que enfrenta Samper para gobernar es terreno propicio para que, entre forcejeo y forcejeo, las distintas ramas del poder castrense obtengan prevendas presupuestarias y aumenten su radio de influencia.
Está, además, el frente sindical, en el que cada vez se apoya más el debilitado gobierno, que ya dio un puesto en el gabinete, como Ministro de Trabajo, al ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Orlando Obregón.
Al peso de Obregón y el sector que representa se atribuye que Samper haya retrocedido en la anunciada liquidación de la Caja Agraria tras una huelga que paralizó al único banco agrario del país y optara por favorecer la convención sindical.
Por este motivo, la CUT anunció que no apoyará el paro patronal que impulsa un sector de los industriales y en medios sindicales se diseñan estrategias para aprovechar la coyuntura.
Y en el parlamento, donde el gobernante Partido Liberal cuenta con mayoría en ambas cámaras, los grupos de presión a favor y en contra de Samper buscan adeptos ante la inminente investigación al mandatario.
Contra Samper pesa el realineamiento de los partidarios de anticipar las elecciones, que deberían celebrarse en 1998, como un primer coletazo de la descertificación estadounidense.
Esta fórmula la impulsa, por la vía de revocar el mandato a Samper, el Movimiento Acción Ciudadana, con el argumento de que el pueblo no puede perder el control sobre sus representantes. Como dijo su portavoz Oscar Ortíz, "el que puede nombrar también puede 'desnombrar".
Con avisos en periódicos y manifestaciones callejeras, el grupo Colombianos por el Referendo impulsa este mecanismo para la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales y parlamentarias.
Pero Samper sigue instalado en el sillón presidencial y los embates desde las cúpulas de los distintos sectores no parecen mermar su popularidad en el interior del país.
Como si estuviera en campaña electoral, el presidente despliega una febril actividad proselitista salpicada de retórica nacionalista.
A la quema de una bandera de Estados Unidos en el Senado, promovida por el legislador maoista Jorge Santos, Samper respondió llamando a izar banderas de Colombia en todas las casas.
Aunque sigue caminando en la cuerda floja, Samper cuenta a su favor con la ausencia de una oposición frontal y lo que los politólogos llaman "la mentalidad frentenacionalista", en alusión al acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse en el poder, alcanzado en 1957.
La frase del asesinado líder de la derecha conservadora Alvaro Gómez, según la cual "Samper tiene que caer pero no hay quien lo tumbe", cobra vigencia.
Y ante la ausencia de fórmulas de recambio que permitan conciliar intereses de adeptos y contrarios, hay quienes buscan en el cine claves para descifrar el desenlace de la crisis.
Para ello, nada mejor que la película Nixon, sobre el ascenso y caída del presidente número 37 de Estados Unidos, cuya proyección acompañada de paneles de discusión congrega a analistas.
Por ahora, la diferencia entre el epílogo del Watergate estadounidense y el narcoescándalo colombiano radica en que Nixon renunció y Samper respondió a la descertificación con un enfático "aquí estoy y aquí me quedo". (FIN/IPS/mig/ag/ip/96)
