El empresariado de Colombia recibió hoy sin sorpresa pero con preocupación la descertificación de que fue objeto este país sudamericano por parte del gobierno de Estados Unidos, debido a su insuficiente colaboración en la lucha contra el narcotráfico.
"Es obvio que con una descertificación la situación va a ser más difícil, (…) pero tampoco es una catástrofe", dijo Sabas Pretelt, presidente del Consejo Gremial Nacional, que agrupa a los 15 principales sectores de la producción.
El presidente de la Sociedad de Agricultores, Juan Ospina, señaló que en la evaluación del presidente Bill Clinton "pesó la posición radical" de las agencias antinarcóticos por encima de la de quienes "reconocen que Colombia es mucho más que el problema de la droga".
María Patiño, de la Asociación de Floricultores, manifestó su confianza en que "esta descertificación no conlleve sanciones comerciales" e indicó que a partir de este momento Washington iniciará un proceso para la imposición de sanciones que en el campo comercial podrían ser muy peligrosas.
Estas sanciones podrían incluir la eliminación de las preferencias arancelarias y el aumetno de los aranceles para productos sensibles hasta en 50 por ciento, pero la medida más drástica sería la suspensión de las relaciones comerciales, añadió.
Si la descertificación es de tipo "blando" se recortará la asistencia para la lucha contra el narcotráfico, pero se mantendrá la cooperación con la justicia y la policía, por lo que la agencia antidrogas estadounidense (DEA) continuará operando en el país sudamericano, estimaron analistas.
Con este tipo de descertificación será potestad de Clinton decidir si aplica o no sanciones comerciales a Colombia, en tanto los representantes estadounidenses ante los organismos multilaterales se limitarían a votar negativamente los créditos solicitados por Bogotá.
Para el gobierno del presidente Ernesto Samper, los efectos económicos de la descertificación "no serán tan graves, ya que existe un margen de maniobra para resolver rápidamente cualquier eventualidad".
El Centro de Información para Colombia de la Presidencia indicó, en base a un informe del Ministerio de Comercio Exterior, que en el campo comercial las preferencias arancelarias de que gozan 6.000 productos en Estados Unidos no se verían afectadas.
Según el informe, este tratamiento especial otorgado por Estados Unidos con el Tratado Andino de Preferencias Arancelarias a Bolivia, Ecuador, Peru y Colombia por su lucha contra el narcotráfico depende de una evaluación que hace en septiembre de cada año la Comisión de Comercio Internacional.
La Comisión es una entidad independiente de las agencias gubernamentales que basa su evaluación en el impacto económico de las importaciones cubiertas por el Tratado Andino y la efecacia de los gobiernos beneficiarios para promover la erradicación y sustitución de cultivos ilicitos.
El último informe de la Comisión de Comercio Internacional, de septiembre de 1995, evaluó el Tratado Andino de Preferencias Arancelarias durante 1994 y resaltó los logros obtenidos por Colombia en la erradicación de cultivos ilícitos en ese año.
El gobierno colombiano espera que en el nuevo informe que debe producirse en septiembre la Comisión recomiende "la continuidad del tratamiento preferencial", pues la erradicación de cultivos, que ascendió a 29.000 hectáreas en 1995, fue la más alta alcanzada en el pais sudamericano.
Sin embargo, según una fuente de la Asociación Nacional de Exportadores, las preferencias del Tratado Aandino tienen poca incidencia en el volúmen total de las ventas externas de Colombia a Estados Unidos.
De los 3.000 dólares que Colombia exporta anualmente a Estados Unidos, sólo ingresan con los beneficios del Tratado Andino de Preferencias Arancelarias productos por 250 millones.
En términos económicos, el gobierno de Samper estima que la descertificación tendrá como consecuencia el recorte de unos 13,7 millones de dólares en la ayuda que recibe de Estados Unidos para su lucha contra el narcotráfico.
La cifra, no obstante, es considerada "ínfima" por Bogotá, si se tiene en cuenta los 1.000 millones de dólares destinados anualmente a este rubro. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96)
