El combate al narcotráfico en Colombia y Costa Rica no depende de una certificación de Estados Unidos. Esa parece ser la lectura de un convenio de cooperación en esa materia suscrito por ambos países al final de una reunión que concluyó con un fuerte impulso a la relación bilateral.
Los alcances de los acuerdos, firmados en Bogotá el viernes, fueron detallados este lunes por el canciller de Costa Rica, Fernando Naranjo, y por otros miembros del gabinete del presidente José María Figueres.
Dos elementos destacan en esta relación: Costa Rica reconoce la lucha que ha librado el gobierno de Colombia contra el narcotráfico, en contra de la opinión de Estados Unidos, que negó a ese país la certificación, y una declaración conjunta contra el bloqueo a Cuba.
El primer elemento esta implícito, el segundo fue explícitado en la declaración de Naranjo y el canciller de Colombia, Rodrigo Pardo, en la que rechazan la ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso estadounidense para endurecer el embargo contra Cuba tras el derribo de dos avionetas civiles el 24 de febrero.
Esta ley, "es contraria al derecho internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y a los fines de la Organización Mundial de Comercio (OMC), además de considerar que atenta contra los principios fundamentales del derecho internacional", señala el documento.
Naranjo dijo este lunes que la declaración de Costa Rica y Colombia está a tono con el pensamiento latinoamericano sobre el tema, puesto que ya el Grupo de Río condenó las acciones tomadas por Estados Unidos contra Cuba, porque "no se justifica que un país, unilateralmente, pretenda condenar a un pueblo".
El estrechamiento de relaciones con Colombia, cuando el presidente Ernesto Samper vive una fuerte crisis debido al presunto financiamiento de su campaña por el narcotráfico, fue percibida en San José como un respaldo al mandatario colombiano y una crítica a la política de Estados Unidos hacia América Latina.
De hecho, aunque Costa Rica recibió su certificación por sus esfuerzos en la lucha antidrogas, fue señalado por Washington como uno de los países puente del narcotráfico.
Consultado al respecto, Naranjo dijo que los acuerdos con Colombia se vienen trabajando desde hace seis meses y que están pensados en función de una relación futura a largo plazo.
La reunión binacional de dos dias culminó con un acuerdo de cooperación en materia de seguridad mediante el cual la Policía Nacional Civil de Colombia capacitará a oficiales costarricenses en la lucha contra el narcotráfico.
A la vez, firmaron un convenio contra el tráfico ilegal de armas y explosivos, en virtud de fuertes sospechas de que Costa Rica está siendo utilizada para llevar armas a América del Sur.
Esas armas son el gran remanente que quedó tras las guerras que se libraron en América Central en la década del 80.
La cooperación no se limitará al campo de la seguridad, sino que también incluye un Convenio de Ejecución de Sentencias Penales mediante el cual 86 colombianos sentenciados en Costa Rica podrán ser enviados a su país de orígen a cumplir la pena.
Este acuerdo, dijo la ministra de Justicia de Costa Rica, Maureen Clark, permitiría reducir la presión sobre las cárceles de este país, con serios problemas de hacinamiento.
El proyecto conjunto más importante en el plano económico será la construcción en Costa Rica de la primera etapa de un oleoducto que llegará hasta Nicaragua y que daría oportunidad de aumentar las ventas de combustible al resto del istmo. El convenio fue suscrito entre Ecopetrol, de Colombia, y Recope, de Costa Rica.
Manrique Gómez, presidente de Recope, señaló además que esa primera etapa, que comprende 150 kilómetros desde la provincia de Limón en el Atlántico, hasta el centro del país, permitirá a Costa Rica duplicar su capacidad de distribución de combustibles, que ahora asciende a 34.000 barriles diarios.
El proyecto, con un costo de 60 millones de dólares, podría estar concluído en dos años. (FIN/IPS/mso/ag/ip/96)
