El parlamento de China discutirá grandes cambios en la legislación penal tendientes a dar mayores garantías a los acusados, al inaugurar este martes su sesión anual de dos semanas.
Unos 3.000 legisladores chinos del Congreso del Pueblo debatirán reformas legislativas que ampliarán los derechos de los reos y transformarán a los jueces de instrumentos de procesamiento en evaluadores de prueba más neutrales.
Las primeras modificaciones del Código de Procedimiento Penal de 1979 cambiarían la función de los magistrados, revisarían los procedimientos judiciales, codificarían los derechos del acusado y limitarían las detenciones sin acusación o juicio.
"Serán revisados los procedimientos judiciales, que actualmente son, a menudo, sólo una confirmación de la culpa y no un estudio de la evidencia", publicó el periódico oficial China Daily citando a Gu Angran, director de asuntos legislativos.
Las propuestas de reforma cuentan con el apoyo de legisladores que procuran fortalecer las normas de derecho, pero son rechazadas enérgicamente por la omnipresente policía y el sistema de seguridad, que a menudo ignoran las garantías legales de los detenidos.
Bajo el actual sistema legal, que ha sido ampliamente criticado por activistas de los derechos humanos, los jueces son los responsables de interrogar a los acusados y proporcionar pruebas para demostrar su culpabilidad. Muchos de ellos no están adecuadamente capacitados y son reclutados entre oficiales militares.
Los procedimientos judiciales son más una confirmación de la culpa que una evaluación de la evidencia. A menudo los abogados defensores no pueden dialogar con sus clientes hasta poco antes del juicio, y sólo pueden prepararse para recibir la sentencia.
Aunque la defensa y la fiscalía ya pueden presentar pruebas y debatir en los tribunales, estos procedimientos son a menudo ignorados. Actualmente la policía puede detener sospechosos durante un máximo de seis meses sin presentar cargos ni enviarlos a la justicia, pero pocas veces se respeta este plazo.
"La policía hace lo que quiere, especialmente en casos notoriamente políticos", afirmó un jurista y activista chino.
Irónicamente, el debate tiene lugar poco después de salir a la luz ciertos detalles del polémico juicio y encarcelamiento de Wei Jingsheng, el opositor político más destacado de China.
El pasado 13 de diciembre, Wei fue declarado culpable de conspiración para subvertir al gobierno y sentenciado a 14 años de prisión. El disidente ya había pasado casi 15 años en la cárcel por criticar las violaciones del gobierno a los derechos humanos.
En el corto juicio, la detallada apelación de Wei fue rechazada en 10 minutos, la evidencia fue distorsionada y los procedimientos legales ignorados, según un informe publicado este lunes por la organización Human Rights in China, con sede en Nueva York.
Wei fue encarcelado por criticar las políticas de gobierno, intentar ayudar a otros activistas y a sus familias y solicitar asistencia extranjera para su campaña, aunque ninguna de estas actividades son ilegales según las leyes chinas, destacó el informe. (FIN/IPS/tra-en/rc/lnh/ml/hd/96)
