Las reformas constitucionales que impulsa el gobierno del presidente Eduardo Frei en Chile han sido el detonante de una larvada crisis en la derecha, expuesta hoy a una inminente ruptura entre pinochetistas y liberales.
El conflicto tiene su escenario privilegiado en el Partido Renovación Nacional (PRN), el mayor de la derecha chilena, que se verá enfrentado en los primeros días de abril a decisiones con características de hechos consumados.
El 3 o el 10 del próximo mes corresponderá votar en el Senado "la idea de legislar" sobre las enmiendas constitucionales y es probable que los siete senadores "duros" del PRN ratifiquen su anunciado rechazo, en abierto desafío a la directiva del partido.
El diputado Andrés Allamand, presidente de la agrupación, enfrentará entonces la disyuntiva de un sometimiento a los "duros" o de hacer caer sobre ellos el peso de la disciplina, con sanciones que serían el preámbulo de una fractura.
Y es que el joven diputado tiene comprometidos su prestigio y su futuro político en esta empresa, como impulsor de la negociación que en octubre de 1995 permitió consensuar con el gobierno el texto del proyecto de reformas constitucionales.
La negociación incluyó también la llamada ley de derechos humanos, que establece un mecanismo para cerrar unos 600 juicios pendientes contra uniformados por desapariciones forzadas ocurridas entre 1973 y 1978.
Tanto esa ley como las propuestas de cambios a la Constitución aprobada por referéndum en 1980, molestaron en el PRN a la corriente partidaria del general Augusto Pinochet, el ex dictador que gobernó el país entre septiembre de 1973 y marzo de 1990 y que mantiene hasta 1998 la comandancia del Ejército.
Este sector, calificado como los "duros", controla a siete de los 11 senadores del PRN, con cuyos votos esperaba contar el gobierno para dar inicio en la cámara alta a la aprobación legislativa de las reformas.
El Senado tiene 46 miembros, ocho de ellos designados por Pinochet en las postrimerías de la dictadura, y 38 de elección popular, de los cuales la coalición gobernante de centroizquierda aporta 21 y la oposición derechista 17.
Con los designados, la derecha alcanza una mayoría de 25 sillones senatoriales, pero si el gobierno lograba sumar a los 11 del PRN, no ólo revertía esa situación sino que además alcanzaba los quórum de dos tercios requeridos para algunas reformas constitucionales.
Los juegos de relojería política a que obligan las "camisas de fuerza" del andamiaje institucional heredado de la dictadura forzaron una negociación en que la directiva del PRN cedió en temas militares y el oficialismo en materias de derechos humanos.
El ministro del Interior, Carlos Figueroa, subrayó el viernes último, en un encuentro de la gobernante Concertación por la Democracia, que "no se puede hablar de modernización económico- social si el país está estancado en su desarrollo democrático".
En esa perspectiva, las reformas plantean eliminar desde 1998 los senadores designados, dar mayores facultades de fiscalización al Congreso y restituir al Presidente de la República la facultad de llamar a retiro a generales y almirantes.
Se propone igualmente cambiar la conformación y disminuir las atribuciones del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de Seguridad, dos organismos "tutelares" de la democracia en el tinglado institucional que delineó Pinochet.
El proyecto de derechos humanos, cuya votación en el plenario del Senado aún no está programada, tiene numerosos reparos en el propio oficialismo, sobre todo del Partido Socialista (PS) y en menor medida de dirigentes del Partido Por la Democracia (PPD) y de la propia Democracia Cristiana (DC), la colectividad de Frei.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) y en general los organismos humanitarios rechazan el proyecto, que en definitiva liberaría de responsabilidad penal a los autores de rímenes represivos.
Los militares hicieron conocer por diversos conductos su oposición a los cambios previstos a la Constitución y a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que tiene rango constitucional.
A través de los máximos jerarcas de la justicia militar, Pinochet planteó asimismo su rechazo al proyecto sobre derechos humanos, insistiendo en la plena validez de la ley de amnistía que la dictadura expidió en marzo de 1978.
Planteado así el debate, en la derecha se produjo un rápido alineamiento en torno a las posiciones militares de los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI), Unión de Centro-Centro Progresista (UCCP) y de los "duros" del PRN.
En el PRN, la crisis no ha hecho sino poner en evidencia las distintas concepciones de los sectores que en febrero de 1987 confluyeron en la creación de ese partido, que pretendía ser el gran conductor de una paulatina transición democrática.
La experiencia del PRN en estos nueve años no es sino la historia de los desencuentros progresivos generados en la derecha por los mayores o menores grados de adhesión a la figura de Pinochet y a la obra de los casi 17 años de dictadura.
Los "duros", cuyo líder desde las sombras es el ex ministro, ex embajador y ex senador Sergio Onofre Jarpa, se declaran sin reservas defensores integrales del régimen militar y de su tesis de que en Chile no hubo violaciones de derechos humanos, sino una "guerra de liberación" contra la "agresión comunista".
Allamand y el sector liberal, en cambio, adhieren a la "obra modernizadora" de Pinochet, pero sostienen que su continuidad requiere de perfeccionamientos constitucionales y no aceptan compartir con los militares las culpas por crímenes represivos.
El impacto que tendrá la inminente crisis del PRN en la correlación de fuerza políticas del país está aún por verse, en tanto no hay aún señales claras desde el entorno empresarial del por ahora mayor partido de la derecha.
Allamand tiene mayoría en los cuerpos directivos de la colectividad, formados por jóvenes ejecutivos e intelectuales, mientras los pinochetistas parecen controlar el electorado del partido en vastas regiones del país donde predominan los caciques políticos locales. (FIN/IPS/ggr/dg/ip/96)
