Organizaciones ecologistas denunciaron hoy supuestas irregularidades en la creación de un vertedero de desechos tóxicos industriales en una antigua mina de carbón del sur de Chile, que posiblemente recibirá en el futuro residuos de otros países.
Lucio Cuenca, dirigente del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, una organización no gubernamental con sede en Santiago, informó que el vertedero fue habilitado en el yacimiento de la ex Carbonífera Schwager, en la localidad de Coronel, 545 kilómetros al sur de esta capital.
Cuenca y el presidente del Instituto de Ecología Política (IEP), Manuel Baquedano, afirmaron que las autoridades fueron presionadas por intereses empresariales para revocar una anterior decisión y finalmente autorizar la creación del basural tóxico.
El yacimiento de Schwager, privatizado bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), suspendió las faenas mineras hace dos años, luego de infructuosos esfuerzos de las autoridades por conseguir que el carbón chileno fuera competitivo con el importado.
En la zona carbonífera se inició un proceso de reconversión productiva, con el propósito de crear nuevas fuentes de trabajo para los mineros y disminuir la alta desocupación, del orden de 20 por ciento frente a una tasa nacional de desempleo de 4,5 por ciento.
La empresa Negocios Forestales, propietaria de la ex Carbonífera Schwager, depositó este mes en la mina subterránea, cuyas galerías se internan a gran profundidad bajo el nivel del mar, 130 toneles con borras asfálticas procedentes de una refinería de petróleos del centro del país.
Los toneles no estaban adecuadamente sellados y mostraban numerosas filtraciones de estos residuos de hidrocarburos que pueden tener efectos cancerígenos y mutagénicos en los seres humanos, indicó Cuenca.
Inspectores de organismos ambientales, geológicos y de salud comprobaron estos peligros el día 8, una semana después de que la Comisión Regional del Medio Ambiente revocara el permiso para instalar el vertedero y aplicara una elevada multa a Negocios Forestales.
Pero el día 19, el intendente Martín Zilic, principal autoridad del gobierno en la región, convocó a la comisión que resolvió, mediante votación dividida, autorizar el vertedero y rebajar a la mitad la multa a la empresa que lo instaló.
Este cambio de posición fue calificado de "escandaloso" por Cuenca, quien agregó que las autoridades no consultaron la opinión ni del municipio de Coronel ni de sus organizaciones sociales.
La instalación del vertedero, según el dirigente ecologista, viola la legislación ambiental y también el Código Minero, que establece la propiedad del Estado sobre el subsuelo, que puede dar concesiones a privados para explotar yacimientos, pero no para actividades diferentes a la minería.
El cambio de posición del intendente y otros funcionarios regionales fue consecuencia de presiones de empresarios ejercidas en Santiago que "encontraron eco en La Moneda (el palacio de gobierno)", según Baquedano.
El presidente del IEP agregó que el uso de antiguas minas carboníferas para enterrar desechos tóxicos industriales podría tener alcances no sólo internos sino internacionales, con Chile como receptor de residuos de terceros países.
Cuenca recordó que el traslado y depósito de desechos tóxicos representa un tráfico sólo superado por el comercio ilícito de drogas y mayor actualmente al mercado negro de armas.
La disponibilidad de vertederos de residuos favorece a los empresarios industriales, que obvían así inversiones para reconvertir sus técnicas de producción o hacer tratamientos adecuados de los desechos, agregó Cuenca. (FIN/IPS/ggr/dg/en/96)