Un estudio empresarial sobre la evasión de impuestos en el comercio informal reabrió en Chile el debate en torno del costo económico y social de la actividad de los vendedores callejeros, generalmente vinculada a sectores de extrema pobreza.
Según la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en 1995 el Estado y los municipios dejaron de percibir más de 128 millones de dólares por concepto de tributos no pagados por los comerciantes ambulantes o ilegales.
Pero más allá del impacto tributario del comercio informal, hay quienes se preguntan cuál sería el costo social de erradicar esta actividad, que constituye a menudo el único sustento de hombres y mujeres marginados del mercado laboral.
El comercio ambulante es una de las mayores expresiones en Chile de la economía informal que, según cálculos, engloba 37 por ciento de la fuerza laboral masculina y más de 30 por ciento de la femenina, sin considerar el servicio doméstico.
El comercio establecido y los organismos de defensa del consumidor son los principales detractores de las ventas ilegales, mientras que el resto de la sociedad parece aceptar implícitamente esta expresión de desempleo disfrazado.
El informe dado a conocer el lunes por el presidente de la CNC, Alfonso Mujica, indica que las actividades de más de 350.000 comerciantes ambulantes, que equivalen a 37,8 por ciento del empleo total del comercio nacional establecido, dejaron pérdidas para el fisco de 423 millones de dólares entre 1991 y 1995.
Mujica señaló que esos recursos habrían permitido al Estado "contruir 51.793 viviendas básicas, 212 escuelas públicas, o 184 consultorios de atención médica".
El presidente de la CNC exhortó a las autoridades a enfrentar con más decisión esta situación que calificó de "lacra social", no sólo por la desventaja que representa para el comercio establecido, sino por el problema social que acarreará para el país en el futuro.
"Estos cientos de miles de comerciantes ambulantes son futuros indigentes", pues no están incorporados al sistema de previsión social y "por lo tanto, no tendrán fondos para su jubilación", indicó Mujica.
Los comerciante callejeros alegan que no han recibido el apoyo económico necesario por parte de las municipalidades, a través de créditos o subsidios que les permitan legalizar su oficio, y que no encuentran mejores oportunidades de trabajo en el mercado, debido a la escasa calificación laboral que poseen.
Los vendedores informales son hostigados frecuentemente por la policía, que confisca mercancías conseguidas por contrabando o de manos de distribuidores ilegales, complicando aún más su situación económica, lo cual incluso los lleva a pedir ayuda a bordo de autobuses.
Lily Pérez, vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades, observó que los comerciantes ambulantes, que generalmente no son vecinos de la comuna donde vocean su mercancía, "no se esfuerzan por legalizar su oficio".
Los ambulantes proliferan en torno de los grandes focos del comercio establecido y en la mayoría de los casos rechazan la alternativa de instalarse en locales fijos, "porque no les conviene abandonar sus puntos de venta", dijo Pérez.
A pesar de que el número de vendedores callejeros disminuyó 1,6 por ciento entre 1991 y 1995, su actividad sigue golpeando fuertemente al comercio establecido y le impide incrementar sus fuentes de empleo.
Mujica señaló que las ventas informales disminuyen las compras en los establecimientos legales, produciendo una competencia desleal apoyada por la acción "inescrupulosa" de quienes abastecen el comercio informal.
Los autores de la investigación estimaron las ventas del sector ilegal en 900,7 millones de dólares en 1995, con un crecimiento anual de 5,1 por ciento respecto de 1991. Mientras, la actividad del sector establecido tuvo en el mismo periodo un aumento de 5,8 por ciento.
Con vistas a solucionar el problema social y económico que representa el comercio ilegal, Mujica solicitó a las autoridades la reducción de los impuestos que gravan a empresas y personas.
"Los impuestos tan altos hacen que el negocio callejero sea demasiado bueno, porque no paga el impuesto al valor agregado (IVA), patentes, derechos de aduanas, contribuciones ni aportes sociales", destacó Mujica.
Así mismo, pidió a las autoridades el tratamiento urgente de un proyecto de ley en trámite en el Cogreso que declara no apta la vía pública para el comercio ambulante, y sólo admite permisos transitorios en circuntancias especiales.
Los comerciantes callejeros son personas de escasos recursos que no poseen un trabajo estable y en 65 por ciento de los casos son hombres jefes de hogar con estudios incompletos, que perciben entre 200 y 400 dólares mensuales, mientras el salario mínimo asciende a 150 dólares.
La municipalidad de Santiago adoptó medidas de ayuda social tendentes a generar oportunidades para los vendedores ambulantes, con resultados que en dos años consignan cifras alentadoras: 4.000 comerciantes callejeros regularizaron su situación o están a punto de hacerlo.
Según Pérez, aunque algunas políticas para la erradicación del sector informal han tenido éxito, hace falta la coordinación entre municipios para dar solución definitiva al problema.
La exhortación a la coordinación entre municipalidades se debe a que muchos comerciantes ambulantes desalojados de algunas localidades se desplazan a otras para continuar su actividad. (FIN/IPS/mjc/ff/pr/96).
