Sesenta y cuatro grupos de Estados Unidos que atienden cuestiones migratorias pidieron a Washington que rechace un acuerdo con Canadá que permitiría a ambos países deportar a quienes pasen de uno a otro en procura de asilo.
En una carta enviada este lunes a la fiscal general, Janet Reno, y al secretario de Estado, Warren Christopher, los grupos afirmaron que la propuesta de acuerdo cuya firma está prevista para el próximo mes podría "violar seriamente principios de protección a los refugiados internacionalmente reconocidos".
La controversia se produjo en medio de un creciente debate acerca de las políticas de migración en los dos países norteamericanos.
El gobierno de Bill Clinton enfrenta presiones para incrementar el combate a la inmigración ilegal. La cuestión se convirtió en uno de los principales puntos de discusión de la campaña previa a las elecciones presidenciales de noviembre.
Incluso la inmigración legal se convirtió en un problema, pues cada año son aceptadas 775.000 solicitudes y, al mismo tiempo, escasean los puestos de trabajo en las principales industrias del país.
Alrededor de 150.000 personas reclaman asilo en Estados Unidos cada año. Existe un retraso de casi 500.000 pedidos. Funcionarios de migraciones y legisladores de los dos partidos políticos predominantes, el Demócrata y el Republicano, sostienen que el sistema está sobrecargado.
Pero el proyecto de acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, país que registró 22.000 solicitudes de asilo en 1995, podría llevar, paradojalmente, el sistema al colapso.
La iniciativa propone que Ottawa devuelva a Washington todos los solicitantes de asilo que pasaron a través de Estados Unidos antes de ingresar a Canadá. En 1995, alrededor de un tercio de las solicitudes en Canadá procedieron de personas que atravesaron la frontera con Estados Unidos.
La base legal de esta política es el principio denominado del "país de primer ingreso".
Según este criterio, se presume que los refugiados, definidos por la Organización de las Naciones Unidas como personas que sufren "temores bien fundados de persecución" en su país de origen, están seguros cuando ponen pie en el "país de primer ingreso".
De acuerdo con este principio, el ciudadano de un tercer país que ingrese a Canadá a través de Estados Unidos debería solicitar asilo al gobierno de este último.
Sin embargo, Bill Frelick, especialista del Comité de Refugiados de Estados Unidos, afirma que de aprobarse el acuerdo se aplicarían "deportaciones en cadena" similares a las que ocurren en Europa, donde rige el principio del "país de primer ingreso".
Frelick explicó que un asiático que procura asilo en Holanda puede resultar deportado a Alemania, de allí a Polonia y desde allí hacia otros países.
El acuerdo entre Estados Unidos y Canadá puede considerarse un intento para hacer el principio del "país de primer ingreso" efectivo en toda la región.
Durante la década del 80, funcionarios de Estados Unidos sostuvieron que muchos refugiados centroamericanos que pasaron por México antes de llegar a Estados Unidos debían ser deportados al país latinoamericano, pues era el "de primer ingreso".
En 1993, Washington deportó unilateralmente un gran grupo de supuestos chinos que procuraban asilo a bordo de tres botes cerca de San Diego, California, pues México fue "su país de primer ingreso".
Pero este criterio se opone a directivas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), según la carta enviada a Reno y Christopher.
"La intención de los buscadores de asilo deberían, en lo posible, tomarse en cuenta" en lo que se refiere a la elección del país donde se solicita refugio, según los 64 grupos.
Arthur Helton, del Instituto Sociedad Abierta de Nueva York, sostuvo que el trato que las autoridades dan a los refugiados es muy diferente en Canadá y en Estados Unidos.
Casi cuatro de cada cinco solicitantes obtienen asilo en Canadá, mientras en Estados Unidos lo logra uno de cada cinco. Además, mientras los centroamericanos tienen más posibilidades en Canadá, los chinos logran el asilo con más facilidad en Estados Unidos.
"La cuestión clave es si los casos serán considerados de similar forma en los dos países", dijo Helton, para quien el acuerdo en discusión podría "aumentar la arbitrariedad de la situación". (FIN/IPS/tra-en/jl/sw/mj/pr/96)
