Las medidas adoptadas por el gobieron de Camerún para neutralizar a alcaldes opositores levantaron protestas de tal magnitud que ya murieron cinco personas y se anunciaron campañas de desobediencia civil.
Tal reacción se originó cuando el gobierno del Movimiento Democrático Popular de Camerún (CPDM) designó comisionados para supervisar los consejos municiales en 11 poblados y distritos rurales, en nueve de los cuales triunfó la oposición en las elecciones locales celebradas el 21 de enero.
Estas jurisdicciones fueron calificadas como "distritos bajo sistema especial" y sus alcaldes tendrán que rendir cuentas ante los comisionados.
La medida, anunciada a fines de febrero, provocó violentas protestas hace dos semanas en el poblado de Limbe, al sudoeste del país, donde ganó el opositor Frente Social Democrático (SDF). Cinco manifestantes murieron en un choque con la policía.
También se registraron protestas en otras localidades que pasaron a ser gobernadas por el SDF y otro partido de oposición, la Unión Nacional por la Democracia y el Progreso (UNDP) pero recibieron comisionados del gobierno.
Los concejales de la UNDP en el pueblo septentrional de Garoua boicotearon la ceremonia de asunción del comisionado el día 4 y dispusieron un "día fantasma" que paralizó la actividad por segunda vez en dos semanas. La primera fue para conmemorar el asesinato de un parlamentario del partido en febrero.
Al explicar su oposición al nombramiento de comisionados, el líder de la UNDP, Bello Bouba, dijo que "la democracia también es el arte de reconocer las responsabilidades de cada uno para ser consecuentemente responsables".
"Será imposible para nosotros presentar un balance de nuestros gobiernos locales al electorado cuando los comisionados serán los encargados de gobernar", agregó Bouba, quien acusó el año pasado al gobierno ante la Corte Suprema de conducirse en forma antidemocrática.
La democracia no fue adoptada en forma natural por el gobernante CPDM. El sector recién aceptó acabar con el sistema de partido único en 1990, pero titubeó para convocar a elecciones multipartidarias hasta que se vio obligado por una campaña opositora que paralizó las principales ciudades de Camerún.
Las primeras elecciones legislativas se celebraron en febrero de 1992, pero la mayoría de los partidos de oposición convocaron a la abstención. La razón fundamental fue la insistencia del presidente Paul Biya en retener poderes que consideraron excesivos.
La oposición participó, de todos modos, en las elecciones presidenciales de octubre de 1992. Biya retornó a la presidencia con una magra ventaja sobre el líder del SDF, John Fru Ndi, y la oposición, así como observadores de Estados Unidos, sostuvieron que los comicios se desarrollaron de forma irregular.
El gobierno, aparentemente, no quiere probar su popularidad en las urnas otra vez y postergó las elecciones municipales por más de dos años. Finalmente, en enero, el CPDM perdió en jurisdicciones claves a manos de la oposición, y en otros distritos su triunfo es motivo de querellas judiciales.
La imposición de los comisionados permite al CPDM asegurarse el control de los distritos, que según las leyes poseen amplia autonomía financiera y administrativa, especialmente los de la costa en el océano Atlántico.
La ceremonia de designación de un parlamentario del CPDM como comisionado de la ciudad más próspera de Camerún, Douala, coincidió el lunes con manifestaciones en los seis municipios costeros, en cinco de los cuales ganó el SDF.
Según el SDF, el nombramiento de comisionados viola la constitución del país africano, que establece que los distritos "deberán ser administrados libremente por consejos electos".
El SDF resolvió este sábado impugnar los nombramientos ante la Corte Constitucional de Camerún y denunció que el CPDM "bloqueó el proceso democrático y fortaleció la dictadura del señor Biya".
Además, el partido comenzará una campaña para difundir ante el mundo "el rechazo del SDF y del pueblo de Camerún" de la instauración de comisionados.
Entre otras movilizaciones, convocarán en mayo campañas de desobediencia civil que incluirán la abstención de pagar impuestos y servicios públicos de agua y electricidad. (FIN/IPS/tra- en/no/kb/mj/ip/96)
