La razón económica, que domina el mundo actual desfigurando y uniformizando corrientes políticas diversas, reafirmó su supremacía esta semana en Brasil, sofocando un intento de rebelión en sectores parlamentarios del oficialismo.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que un grupo de senadores pretendía crear para examinar los fraudes que están por detras de la quiebra de algunos grandes bancos, fue abortada por el gobierno, para evitar una posible "venezuelización" del sistema financiero brasileño.
La investigación seria inoportuna y peligrosa para la economía, amenazando la credibilidad de los bancos y generando una eventual ola de retiro de capitales que llevaría a la quiebra a muchos de ellos, con péerdidas brutales para todo el país, como ocurrió en Venezuela, argumentaron las autoridades económicas.
El fracaso del Plan Real de estabilización podría afectar a la democracia y despertar ánimos dictatoriales, consideró el ministro de Comunicaciones, Sergio Motta, una suerte de francotirador del presidente Fernando Henrique Cardoso.
La razón política, esgrimida por la oposición y algunos senadores que apoyan al gobierno, se basa en la necesidad de aclarar a la opinión pública los hechos que permitieron al Banco Nacional, uno de los mayores del país, ocultar su quiebra por diez años ante la aparente omisión del Banco Central.
Los propietarios y directores del banco falsificaron las cuentas de la institución, disfrazando sus pérdidas, que ascenderían a cerca de 5.000 millones de dólares, en préstamos ficticios a 652 personas físicas y jurídicas.
Ni el Banco Central ni una auditoría a cargo de una tradicional empresa especializada descubrieron el fraude.
Es inaceptable que los representantes del pueblo no puedan investigar y aclarar irregularidades que involucran sumas tan elevadas, afirmó el senador Pedro Simon, dirigente histórico del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el de mayor representación parlamentaria y parte de la coalición de gobierno.
Además de las pérdidas ocultadas por el Banco Nacional, su incorporación al Unibanco, en noviembre pasado, se hizo con un préstamo de seis millones de dólares concedido por el Banco Central, en el marco de un programa para recuperar el sistema financiero en crisis desde la estabilización de la moneda.
Otro gran banco, el Económico, también quebró algunos meses antes, exigiendo millonarios aportes estatales con el fin de que la institución sea adquirida por otra, cosa que aún no se concretó.
Los bancos estatales, en bancarrota hace más tiempo, necesitan una ayuda mucho más abultada. Sólo en el Banco de Brasil, la mayor institucion del país, el Tesoro Nacional tendrá que inyectar 5.300 millones de dólares y el gobierno pretende que fondos de pensión y socios privados aporten unos 2.800 millones.
El Banco del Estado de Sao Paulo busca soluciones para una deuda de 17.000 millones de dólares, en realidad producto de un crédito similar otorgado por el gobierno estadual, que reclama del gobierno central una ayuda correspondiente a la mitad de esa suma.
En estos casos el problema fue provocado principalmente por el uso político de los bancos por los gobiernos.
El Banco de Brasil debe soportar las pérdidas provocadas por proyectos oficiales y por ayudar al gobierno en el pago de la deuda externa nacional.
Los bancos estatales operan como caja adicional de los gobiernos, inviertiendo la ecuación. En ellos la razón financiera se subordina a la política. Por eso muchos defienden su privatización.
Ante ese cúmulo de fraudes y distorsiones, el ex presidente José Sarney, hoy presidente del Senado, defendió la creación de la CPI de los bancos, argumentando que una investigación transparente es indispensable para fortalecer al sistema financiero recuperando su maltrecha credibilidad.
Las razones de Sarney y de los senadores que lo secundaron en ese esfuerzo pueden ser sin embargo menos nobles que las esgrimidas.
Para comentaristas políticos de Brasilia, el apoyo de políticos oficialistas a la oposición en la solicitud de crear la CPI y en el rechazo a la reforma de la seguridad social, hace dos semanas, fue una advertencia al gobierno.
Por ese medio estarían reclamando mayor participacion en el Poder Ejecutivo y recursos para proyectos que promueven.
En el caso de Sarney, que encabezó el movimiento y dividió al PMDB, al pasar abiertamente a la oposición, muchos lo interpretaron como una venganza personal.
En 1988 el entonces senador Cardoso apoyó la constitución de una comisión para investigar denuncias de corrupción contra el gobierno presidido por Sarney. Ahora las posiciones se invirtieron. (FIN/IPS/mo/dg/ip/96)
