Bolivia enfrenta un período crítico debido a la paralización parcial del país, por una ola de huelgas que van desde unos 500 dirigentes sindicales en ayuno voluntario hasta el cierre de farmacias en las principales ciudades.
En lo político, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada también afronta una de sus peores crisis por la acusación contra su ministro de Capitalización (privatización), Alfonso Revollo, a quien la oposición exige su renuncia por un dudoso financiamiento de campaña que recibió de un banquero quebrado.
Hasta este martes, unos 430 dirigentes sindicales cumplían una huelga de hambre nacional en 63 grupos distribuídos en todas las ciudades del país.
El ayuno voluntario fue iniciado por 45 dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) el día 11, pero a diario se suman a la protesta nuevos huelguistas, siguiendo la estrategia de esa organización sindical, que ha previsto masificar la medida para lograr que el gobierno atienda sus demandas salariales.
Con ese mismo propósito, alrededor de 70.000 maestros de la educación pública boliviana cumplen desde el lunes pasado una huelga indefinida que interrumpió las clases a sólo seis semanas de haberse iniciado la gestión educativa de este año.
Los trabajadores exigen, con esas formas de presión, un salario mínimo mensual de 123 dólares, ya que el actual, de 46 dólares, es considerado un insulto para la economía familiar, deteriorada por el permanente aumento del costo de vida.
La COB pide al gobierno el incremento salarial y rechaza la privatización de la empresa estatal del petróleo, la reforma educativa y la reforma del sistema de la seguridad social.
Hasta ahora, la estrategia de paralización escalonada de la COB se cumple con precisión y el jueves se incorporarán a la huelga general indefinida los trabajadores de la minería nacionalizada, los trabajadores de la salud y la seguridad social, y los universitarios.
Ese mismo día, la confederación de campesinos iniciará una serie de "bloqueos relámpago" (momentáneos) de caminos, en coordinación con los maestros rurales en paro.
Y si el gobierno no atiende los reclamos sindicales, el día 25 paralizarán actividades también los trabajadores petroleros, que amenazaron incluso con cerrar las válvulas de distribución de combustibles y cortar la venta al público.
Los campesinos productores de coca decidirán este miércoles la forma en que apoyarán las movilizaciones de los trabajadores en las ciudades y protestarán por la incursión del Ejército en la región cocalera del Chapare, zona roja de producción de coca y cocaína, en el centro de Bolivia.
En La Paz, los dirigentes de los trabajadores de agua, luz y teléfonos advirtieron que de proseguir la indiferencia gubernamental ante las demandas de la COB, procederán al corte de esos suministros básicos.
En medio de esa movilización coordinada por la COB, otros reclamos sectoriales configuran un panorama de caos y desorganización en instituciones productivas y de prestación de servicios.
Este martes, por ejemplo, las farmacias de La Paz y Sucre cerraron la atención al público, en protesta contra un proyecto de ley del medicamento en discusión en el parlamento, que pretende liberalizar la propiedad de droguerías.
Los farmacéuticos vienen cumpliendo un paro nacional en forma escalonada y cada día se cierran las farmacias de dos ciudades, de acuerdo a un programa de turnos.
Otra protesta sectorial es la del Colegio Médico de Bolivia, que ordenó un paro de 48 horas este miércoles y el jueves, en demanda de incrementos salariales y en rechazo a la inminente reforma del sistema de pensiones.
El gobierno, en tanto, no ha atendido las demandas de los trabajadores y calificó de fracaso las medidas de fuerza adoptadas. (FIN/IPS/jcr/ag/ip/96)
