El clima de tensión social se acentuó en Bolivia tras los graves enfrentamientos entre agentes de seguridad y maestros rurales que provocaron la muerte de un trabajador por el impacto de un proyectil de escopeta disparado por la policía.
Huelgas, marchas, bloqueos, detenciones, represión y gases lacrimógenos se han transformado en parte de la rutina diaria en las batallas campales que eligen como escenario a cualquier calle de La Paz por donde intente circular algún grupo de manifestantes.
En estos días de conflicto, las manifestaciones y concentraciones de protesta están, en los hechos, prohibidas: la policía no permite a los trabajadores expresar su descontento, denuncian impotentes los dirigentes sindicales.
Este lunes, esa violencia derivó en la muerte de Rosendo Chino, un humilde cargador de un mercado de la populosa zona de El Tejar, en la periferia de La Paz.
Allí, la policía utilizó gases lacrimógenos y armas de fuego para impedir el ingreso de un grupo de maestros rurales al centro de la ciudad sede del gobierno.
Rosendo Chino no estaba participando de la marcha, sólo era un casual transeúnte en el lugar de los enfrentamientos. Un proyectil de escopeta le abrió el pecho y perforó el corazón.
La violenta muerte de ese trabajador es el episodio más dramático desde que el día 11 comenzaran las protestas sociales con una huelga de hambre de 40 dirigentes sindicales que creció progresivamente hasta reunir a más de un millar de dirigentes que cumplen ayunos voluntarios en todas las ciudades del país.
Escuelas sin actividad, universidades con sus puertas cerradas, minas, campos petroleros y refinerías parcialmente paralizadas, son sólo una parte de la protesta por mejoras salariales y en rechazo a la privatización de la empresa estatal del petróleo.
La "huelga general indefinida" decretada por la Central Obrera Boliviana (COB) desde el pasado lunes 18 se cumple a medias, pero se prevé que esta semana el paro se hará sentir en la población, cuando los distribuidores de carburantes agoten sus reservas por la inactividad de los trabajadores petroleros.
Los trabajadores petroleros, el sector laboral más estratégico de las empresas estatales, iniciaron este lunes una huelga general en protesta por la inminente privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En medio de ese panorama, gobierno y trabajadores condicionan el inicio del diálogo al levantamiento de las movilizaciones el primero, y a la no interrupción de las protestas los segundos.
Contemporáneamente con las protestas, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ha concentrado su atención desde hace una semana en un diálogo con un sector de la oposición política, con el que intenta encontrar un acuerdo para continuar adelante con su política de transferencia de YPFB a la administración privada.
Frente al agotamiento de las formas tradicionales de expresión de la disconformidad de los trabajadores, un grupo de hombres y mujeres jubilados y rentistas se "autocrucificaron" este martes en Cochabamba, 370 kilómetros al este de La Paz.
En Santa Cruz, en el oriente boliviano, un trabajador petrolero también se "crucificó" para llamar la atención de las autoridades frente al reclamo de la COB.
"El gobierno ni siquiera dice 'esta boca es mía"', comentó el máximo líder de la central sindical, Oscar Salas, al denunciar la indiferencia gubernamental ante las múltiples formas en que los trabajadores están exteriorizando su malestar.
El gobierno ha descartado, por ahora, la posibilidad de decretar un estado de sitio, como hizo dos veces el pasado año para controlar la convulsión interna.
Sin embargo, los sindicalistas temen que por la noche la policía intervenga por la fuerza los más de 80 piquetes (grupos) de huelga de hambre y desaloje a los ayunadores.
El gobierno y sus aliados han manifestado preocupación por la "lamentable" imagen que Bolivia proyecta al exterior del país, y consideran que el caos de estas semanas es una mala señal para los inversionistas.
"La venta que se hace del país hacia afuera es lamentable… Otra vez estamos cayendo en el campo en el que Bolivia puede ser calificado como un país de alto riesgo en cuanto a inversiones e incluso para visitar el país", dijo el senador Juan Carlos Durán, dirigente del partido del presidente Sánchez de Lozada. (FIN/IPS/jcr/jc/ip-lb/96)
