La decisión unilateral de Gran Bretaña de cobrar un canon a los buques que pescan en torno a las islas Georgias, en el Atlántico Sur, fue interpretada hoy por la oposición argentina como muestra del fracaso de la "politíca oficial de seducción" a los habitantes de esas islas.
En diálogo con IPS, Carlos Pérez Llana, de la opositora Unión Cívica Radical, consideró que el episodio registrado el viernes en las Georgias "no implica sólo un retroceso sino un rotundo fracaso de la política de seducción, que buscaba satisfacer los deseos de los isleños".
Pérez, designado canciller de un gabinete de oposición, sostuvo que la determinación británica obliga a revisar públicamente toda la política seguida por la admnistración del presidente Carlos Menem para la recuperación de las islas Malvinas, Georgias y Sandwichs, bajo dominio inglés.
La llamada "política de seducción" refiere al acercamiento estratégico del gobierno con los habitantes de las islas. La cancillería argentina entiende que el conflicto bélico de Malvinas, en 1982, convirtió a los isleños en el factor central de la decisión británica.
Buenos Aires evalúa otorgar una indemnización a los isleños a cambio de la soberanía del archipiélago, una solución que costaría unos 1.500 millones de dólares y que no tendría aceptación segura.
Al mismo tiempo, el canciller Guido Di Tella envía periódicamente salutaciones y obsequios a los habitantes de las islas.
"Si queremos recuperar las islas debemos ver la realidad y no la fantasía", remarcó este domingo Di Tella, que a fines de año envió a cada isleño una fotografía de él y su familia junto a una carta en la que destacaba que dos de sus nietos son ingleses.
La crisis que puso en cuestión esta estrategia se desató el viernes, cuando dos corbetas inglesas persiguieron a un pesquero argentino y lo obligaron a pagar 110.000 dólares por capturar merluza negra en aguas que rodean las Georgias, unos 1.000 kilómetros al sudeste de Malvinas.
El área en torno de las Georgias está bajo la más amplia jurisdicción de la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Antárticos (conocida como CAMELAR), compuesta por 21 países ribereños, entre ellos Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos.
La pertenencia al CAMELAR implica respetar períodos de veda y cupos para la preservación ictícola. Pero no habilita el cobro de aranceles por tratarse de aguas internacionales.
Sin embargo, sorpresivamente, las autoridades británicas que ocupan las islas actuaron como representantes de un pais ribereño que ejerce soberanía sobre las 200 millas marítimas, ignorando así la jurisdicción de CAMELAR y el conflicto de soberanía pendiente con Argentina.
El avance británico fue recibido con preocupación por el gobierno. Si bien Menem lo minimizó, Di Tella admitió que puede haber situaciones "de tensión" en el Atlántico Sur, en tanto el vicecanciller Fernando Petrella consideró el episodio como "peligroso".
De hecho, un diario británico advirtió este fin de semana que un destructor inglés había sido desplazado desde Georgias a Malvinas, una noticia que ahondó la preocupación cuando están por cumplirse 14 años de la invasión argentina a las islas que derivó en la guerra entre Buenos Aires y Londres.
En este contexto, Pérez consideró que ahora Londres militarizó el conflicto y desbordó el "paraguas", figura simbólica creada para mantener el tema de la soberanía apartado de las negociaciones sobre pesca y petróleo.
"Es necesario que rápidamente Argentina denuncie que el pago que hizo el buque pesquero argentino fue hecho bajo presión y que de ninguna manera significa un reconocimiento de derechos soberanos", advirtió el dirigente.
Para Pérez, la política de seducción ya había mostrado sus limitaciones en septiembre último, cuando Argentina y Gran Bretaña firmaron un acuerdo para la exploración y explotación conjunta de hidrocarburos en las islas, que implicará compartir regalías en áreas en disputa.
"Argentina perdió así el único instrumento que tenía en la negociación, porque Gran Bretaña ya había dicho en los años 70 que sin acuerdo con nuestro país sería imposible que las empresas privadas invirtieran en el negocio del gas y del petróleo", añadió.
Aquel convenio también se firmó bajo la presión de los habitantes de las islas, quienes habían amenazado con llamar a una licitación unilateral a las empresas interesadas en buscar petróleo o gas en aguas de Malvinas.
"Debemos volver a la negociación bilateral con Gran Bretaña, aceptando que los isleños son ciudadanos británicos y que no son sus deseos lo que tenemos que satisfacer, sino sólo reconocer sus intereses", aconsejó Pérez.
Pero por el momento, el gobierno sólo anticipó que protestará ante Londres y que, por supuesto, postergará el proyecto previsto para este año de llevar a Menem a Gran Bretaña, para que sea el primer presidente argentino que llega a ese país en visita oficial. (FIN/IPS/mv/dg/ip/96)
