Una veintena de barcos de bandera argentina, muchos de capital extranjero, desafiaron hoy la recomendación oficial de abstenerse de pescar cerca de las islas Georgias, bajo dominio británico, en el Atlántico Sur.
Según información extraoficial no confirmada ni desmentida por el gobierno, hay al menos 18 barcos de bandera argentina cerca de la zona restringida por Gran Bretaña, que patrulla las aguas con un destructor.
Al finalizar este jueves una reunión de gabinete con el presidente Carlos Menem, el ministro del Interior, Carlos Corach, advirtió que "el riesgo de acceder a la zona de conflicto es responsabilidad de las empresas".
En tanto, la Cancillería informó que una fragata británica se acercó a uno de los barcos que estaba "muy cercano" a las 200 millas marítimas en torno a las islas para cobrarle una licencia, y el buque se negó a pagar, pero se retiró a unos kilómetros del área patrullada por la Marina inglesa.
El episodio se enmarca dentro del conflicto pesquero que se desató hace una semana, al comenzar la temporada de pesca de la merluza negra, un pez muy requerido en los mercados de la Unión Europea y Japón por su carne blanca y sabrosa.
Actualmente, la merluza negra, que mide 1,5 metros y pesa unos 100 kilogramos, se cotiza a 4.500 dólares la tonelada. En 1995 se capturaron 6.171 toneladas, de las cuales cerca de la mitad fue obtenida de manera ilegal, es decir fuera de la temporada autorizada para la preservación.
Gran Bretaña dispuso este año que para pescar en las 200 millas de las islas Georgias, donde abunda la merluza negra, se debe pagar una licencia de 110.000 dólares, una disposición enérgicamente rechazada por el gobierno argentino, que reclama la soberanía sobre el archipiélago.
Un buque de bandera argentina fue obligado a pagar el canon y lo hizo, una respuesta que podría ser interpretada por las autoridades británicas como un reconocimiento de su soberanía en aguas de las Georgias.
Corach insistió este jueves en que los barcos argentinos "no deben pagar la licencia" pero reiteró la recomendación oficial de retirarse de la zona patrullada por Gran Bretaña.
El canciller Guido Di Tella calificó de "gravísima" la situación creada entre Argentina y Gran Bretaña por el tema pesquero, aunque descartó toda posibilidad de enfrentamiento bélico como el que hubo en 1982 en las islas Malvinas.
De hecho, la Carta Constitucional que surgió de la reforma de 1994 ratifica en su texto el reclamo argentino de "recuperación" de las islas y el ejercicio pleno de la soberanía, "respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional".
En este contexto, Argentina protestó esta semana ante el gobierno de Londres y ante la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marítimos Antárticos con amplia jurisdicción en la zona, incluyendo el área en torno de las Georgias, unos 1.000 kilómetros al sudoeste de Malvinas.
La Convención reglamenta la actividad pesquera en aguas internacionales para la preservación de los recursos pero no habilita al cobro de licencias. Menos aún en este caso, en el que se trata de una zona en disputa de soberanía.
En diálogo con IPS, Marcelo Aronson, miembro de la Cámara de Pescadores y Armadores de Argentina, explicó que en los últimos años muchas empresas europeas, principalmente de España y Noruega, radicaron filiales en Argentina y se dedican a la pesca de altura.
De esa manera, la mayoría de los barcos de bandera argentina pertenecen a filiales de transnacionales pesqueras o a sociedades radicadas en este país pero con capital que proviene mayoritariamente de países extranjeros.
Entre ellas están las multinacionales españolas Pescanova y Frio Condal, que aquí operan buques de bandera argentina con el nombre de Argenova y Argumasa respectivamente.
"La flota española es la más importante de la Unión Europea, pero allí le sobran barcos y le faltan caladeros", explicó a IPS el consejero de pesca de la embajada de España en Buenos Aires, Fernando Miranda.
En cambio, Chile, el país que más merluza captura en el Atlántico Sur, opera con sus barcos y sus propias empresas. Esta semana uno de los barcos chilenos fue interceptado por la Marina británica por negarse a pagar la licencia. (FIN/IPS/mv/dg/if/96)
