Ministros de Economía de la última dictadura argentina proclaman su apoyo al presidente Carlos Menem y en vísperas del 20 aniversario del golpe de Estado de 1976, algunos comentarios igualan las ideas centrales de los dos gobiernos en materia económica.
El régimen militar "empezó el camino" hacia la reforma del Estado, la apertura y modernización de la economía y la estabilidad, un conjunto de proyectos que "retomó" la administración de Menem, expresó esta semana José Martínez de Hoz, ministro emblemático de la dictadura.
Mientras, Roberto Alemann, que sucedió a Martínez de Hoz como orientador de la política económica en los llamados "años de plomo", es mencionado con insistencia en círculos financieros como posible reemplazante del actual ministro, Domingo Cavallo, cuya gestión defiende.
No obstante, portavoces oficiales han rechazado la opinión de quienes creen hallar las semejanzas señaladas por Martínez de Hoz y destacado el marco democrático en que Menem y sus colaboradores desarrollan su plan económico y la transformación del Estado.
Nada pueden hacer las armas de fuego por la transformación de la economía, dicen los allegados a Menem, en alusión al naufragio del programa económico de los militares.
Sólo el caos parecía prosperar en Argentina cuando el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas expulsaron del gobierno a Isabel Perón, la viuda del tres veces presidente Juan Perón, para retener el poder durante siete años.
Los generales invitaron a Martínez de Hoz a estabilizar la economía y abrirla al exterior, mientras ellos se concentraban en la represión de guerrilleros, de opositores y de numerosas personas que tuvieron la desdicha de figurar en la libreta de teléfonos de activistas detenidos.
La experiencia iniciada por Martínez de Hoz y continuada por Alemann "produjo la quiebra de numerosas industrias", como señaló esta semana Raúl Alfonsín, presidente del gobierno democrático instalado en 1983 y predecesor inmediato de Menem.
La política monetaria de Martínez de Hoz aumentó la deuda externa argentina de 6.000 millones de dólares en 1976 a 46.000 millones en 1981, cuando se produjo su relevo. Se calcula que 25 por ciento del incremento verificado correspondió a la compra de armas.
"Sin ninguna falsa modestia, creo que de alguna manera contribuimos a preparar el terreno y a que se produjera el cambio de mentalidad" para la imposición de un nuevo modelo de crecimiento, dijo Martínez de Hoz al diario La Capital.
"El país maduró y retomó nuestro plan", y el gobierno contó con el equipo encabezado por Cavallo para "detener la inflación, achicar el Estado y realizar las privatizaciones", agregó el ex ministro, tras declararse "reivindicado" por la política económica de Menem.
"Martínez de Hoz tiene bastante razón: Cavallo sigue su política", comentó Alfonsín, de la opositora Unión Cívica Radical, quien reclamó "cambiar el modelo" económico.
También el escritor Noé Jitrik vislumbra un hilo conductor entre la gestión económica de Martínez de Hoz y Alemann y los cambios promovidos por Menem y Cavallo.
La dictadura militar "tuvo éxito hasta cierto punto, si se considera", junto a la impunidad de los responsables de crímenes contra los derechos humanos, "la actual política económica", observó Jitrik.
El gobierno de Menem recurrió a la apreciación del peso como arma contra la inflación, un mecanismo también utilizado por los ministros de Economía del régimen militar.
Pero la actual administración logra desde hace cinco años mantener la moneda en la cotización uno-uno frente al dólar, pese al impacto negativo de la crisis financiera estallada a fines de 1994 en México, mientras la dictadura rompió en 1981 sus compromisos en el mercado de cambios con una brusca devaluación.
Así mismo, Menem puede acreditarse el proceso de privatización de activos públicos, que comenzó a fines de 1990 y fue acompañado de una drástica reducción de la nómina de personal de las antiguas empresas del Estado.
La petrolera YPF, que llegó a contar con 70.000 empleados, sólo conservaba 5.000 al ser transferida a la administración privada en 1993.
"La reestructuración económica vivida por Argentina durante las últimas dos décadas y los cambios institucionales que la acompañaron han planteado una modificación significativa en el mapa de la clase trabajadora", consignó la organización sindical Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA).
El desempleo, situado por encima de 16 por ciento de la población activa, junto con otros factores como "la precarización de las relaciones laborales" y "el cuentapropismo de subsistencia", dio lugar a "una profunda fragmentación de la clase trabajadora", señaló el CTA en su informe.
Mientras, se ha acentuado la degradación del salario real comenzada poco después del golpe de 1976.
Con base 100 en 1975, el salario real cayó en 1976 a 66,4 y en 1982 se situó en 53,6, según el Instituto de Estudios para la Participación. Hacia 1994, el indice era de 46,5, de acuerdo con la misma fuente. (FIN/IPS/ff/if/96).
