El combate a los traficantes y la protección de los derechos humanos de los migrantes fueron los ejes del debate de la Conferencia Regional del Centro y el Norte de América sobre Migraciones, que sesionó este miércoles y jueves en esta ciudad mexicana.
Los vicecancilleres y responsables del sector migratorio de los diez países de la región coincidieron en que el ilegal no es un delincuente sino una persona que busca mejores condiciones de vida y aporta a la economía y la riqueza cultural del país receptor.
El debate se centró en el análisis de los beneficios y los problemas que representa el fenómeno, básicamente caracterizado por un flujo predominante de los países centroamericanos y México hacia Estados Unidos y, en menor medida, hacia Canadá.
Arturo Valenzuela, responsable de la delegación estadounidense, estimó en cuatro millones el número de ilegales residentes en Estados Unidos, de los cuales 60 por ciento provienen de México y América Central a través de su frontera sur de 3.300 kilómetros.
Cerca de 80 por ciento de estos indocumentados son mexicanos y el resto pertenece a los países centroamericanos y en menor medida a América del Sur.
Fernando Solís, comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, dijo a la prensa que en 1995 hubo 900.000 deportaciones de ilegales desde Estados Unidos hacia el sur del continente, pero calculó en unos 300.000 los involucrados en el fenómeno.
Ello se debe, explicó, a que los migrantes entran y salen temporalmente a través de la frontera, a veces en varias ocasiones al año.
Según Solís, la conferencia representa un "paso histórico" no sólo por ser la primera en su género sino también porque reconoce la dignidad y las garantías individuales de los migrantes, ya sean legales o indocumentados.
La conferencia coincide con una persistente campaña en Estados Unidos para cerrar la frontera sur y el reforzamiento de la policía migratoria.
En su calidad de país que es a la vez emisor, receptor y puente de estos flujos poblacionales, México fue el convocante y principal impulsor del encuentro.
Solís puso el acento en la necesidad de distinguir entre los migrantes y quienes lucran con ellos, cuyas organizaciones han crecido en los últimos cinco años de modo notable.
Pilar Norza, directora del departamento de América Latina de la Organización Internacional para las Migraciones, dijo que el fenómeno migratorio ilegal se ha convertido ya en uno de los principales negocios clandestinos en escala mundial.
Estimó en 120 millones las personas abarcadas por el problema en todo el planeta, alrededor de dos por ciento de la población mundial, y en unos 7.000 millones de dólares anuales el volumen de fondos que moviliza.
Norza explicó que se trata de "un negocio de bajo riesgo" debido a que muchos países no han tipificado el tráfico de ilegales como un delito.
En este caso se hallan los países centroamericanos salvo Honduras, pero Panamá y Guatemala ya han expresado su intención de dictar en breve plazo leyes al respecto.
La delegación mexicana anunció que antes que concluya el primer semestre del año en curso implementará grupos de policía especial migratoria en la frontera sur con Guatemala para proteger los derechos humanos de migrantes indocumentados centroamericanos.
Ricardo Arenas, director general de Migración de Guatemala, precisó que su gobierno calcula en 10.000 ingresos ilegales mensuales el flujo por la frontera con México.
Arenas señaló que se creará próximamente una fuerza especial migratoria guatemalteca para ayudar a esos indocumentados, la mayoría de los cuales proviene de los demás países centroamericanos.
A su vez, el vicecanciller de Guatemala, Gabriel Aguilera, explicó que muchos de los ilegales que entran desde el sur a Guatemala terminan quedándose en su territorio, convirtiéndolo en un país incipientemente receptor.
Entre los derechos de los migrantes que convalidó la conferencia sobresalen los de recibir alimentación, atención médica, medios para comunicarse con su familia y abogados, y el salario a que se haya hecho acreedores por su trabajo.
Estas decisiones contrastan con las disposiciones legales que se quieren instrumentar en el sur de los Estados Unidos y que niegan estos derechos.
La protección a indocumentados se dirige a evitar y castigar abusos por parte de los traficantes, de otros delincuentes e incluso de autoridades que se excedan en el cumplimiento de sus funciones.
Jorge Castro, director general para América del Norte de la cancillería mexicana, señaló que esta conferencia inicial no debe crear expectativas exageradas, ya que su valor consiste en que forma parte de un esfuerzo por propiciar el diálogo y la concertación en torno a un problema muy complejo y conflictivo.
La postura de la delegación estadounidense se basó en el reclamo de que se cumpla la ley, intensificando el control de fronteras a la vez que facilitando la migración documentada.
Arturo Montaño, miembro de la delegación estadounidense, hizo hincapié en que "el problema no son los documentos en que se plasman las políticas de cada país sino el modo en que se aplican y su eficacia real".
El vicecanciller guatemalteco Aguilera subrayó que las deliberaciones se han visto influidas muy directamente por el clima antinmigración que prevalece en el electorado estadounidense en vísperas de los comicios de noviembre. (FIN/IPS/emv/jc/pr/96)
