Más allá de condenas y promesas relativas a los derechos humanos, la postura legalista de Estados Unidos, que prioriza un rígido castigo al tráfico de indocumentados, dominó la Conferencia Regional sobre Migración entre América Central y del Norte, que concluyó hoy aqui.
Los vicecancilleres y responsables migratorios de los diez países del área acordaron celebrar el segundo de estos encuentros en la Ciudad de Panamá durante los primeros meses de 1997, invitando como observadores a algunos países sudamericanos.
Previamente, en el tercer trimestre del año en curso, se realizará un encuentro a nivel técnico en México, con el fin de dar seguimiento y concretar los acuerdos alcanzados en la conferencia de Puebla.
El documento final de la reunión reconoce las migraciones como "un fenómeno benéfico" y la necesidad de un enfoque "integral, objetivo y de largo plazo" del tema mediante estudios que permitan resolver las problemáticas que origina.
Pero el acento principal del documento está puesto en el control y en "el derecho soberano e interés legítimo de cada país de salvaguardar sus fronteras y aplicar sus leyes", referidas en particular se refiere a Estados Unidos y Canadá, principales países receptores del área.
En el capítulo relativo a la protección de los derechos humanos de los migrantes se plantea prestar particular atención a mujeres y niños, así como a campañas para contrarrestar actitudes discriminatorias y abusos.
Sin embargo, el eje de las resoluciones, además de la intención proclamada de facilitar la migración, consiste en "coordinar esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes".
El comunicado conjunto establece que "los gobiernos se comprometen al intercambio de información oportuna con el objeto de que se puedan adoptar acciones apropiadas para combatir las redes y conexiones de traficantes".
Asimismo acordaron "intercambiar datos adicionales para la prevención y detección de tales organizaciones delictivas".
Con ese fin, durante el trancurso de las deliberaciones, los países centroamericanos (con excepción de Honduras, que ya tiene una ley al respecto) se comprometieron a tipificar como delito el tráfico de migrantes.
Otro punto del documento final acuerda ampliar la cooperación regional en materia de asistencias técnicas y capacitación para "perfeccionar los sistemas nacionales de investigación, manejo de pruebas y enjuiciamiento de los traficantes".
El "impulso a mecanismos más eficaces para luchar contra la falsificación y adulteración de documentos migratorios" completó la batería de recursos con que se buscará reprimir los flujos de población.
Arturo Valenzuela, subsecretario adjunto para Asuntos Interamericanos de Estados Unidos, resumió los resultados de la conferencia regional de Puebla con una frase: "El enemigo es el traficante, no el migrante".
Según Valenzuela, su gobierno está interesado en propiciar el fenómeno migratorio legal porque lo considera útil para el desarrollo económico, social y cultural estadounidense.
"Lo que no admitimos ni admitiremos de ningún modo es el desorden y descontrol actual", advirtió.
Por su parte Jorge Castro, director general para América del Norte de la cancillería mexicana, señaló que lo importante es que por primera vez se hayan reunido todos los países de la región para considerar un problema tan complejo y conflictivo.
Los 4.000 millones de dólares anuales que ingresan en México desde Estados Unidos en concepto de ayuda familiar por parte de sus trabajadores migrantes son una de las mayores fuentes de divisas que recibe.
Según Castro, la cuatela predominó en este primer encuentro migratorio porque se pretendió enfatizar el campo de las coincidencias a fin de darle continuidad al proceso de consultas iniciado.
El diplomático dijo que no es conveniente exagerar las expectativas en torno a una problemática cuya solución probablemente escapa al ámbito estrictamente migratorio.
Quien expresó más abiertamente las reservas latinoamericanas fue el vicecanciller de Guatemala Gabriel Aguilera, quien estimó en 600.000 dólares el flujo anual de divisas que recibe su país de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos.
En diálogo con la prensa, Aguilera calculó en 10.000 migrantes mensuales el tráfico de indocumentados centroamericanos y sudamericanos a través de la frontera común de Guatemala con México hacia Estados Unidos.
"La única solución de largo plazo es impulsar el desarrollo socioecómico de los países pobres", resumió el funcionario.
"La migración se rige por las leyes de la oferta y la demanda y no hay motivo para que la mano de obra quede fuera del libre flujo de capitales y mercancías que caracteriza los actuales procesos de globalización de la economía", concluyó. (FIN/IPS/emv/dg/pr/96)
