La transnacionalización de las mafias del narcotráfico en América, ligada a la de los grupos de poder, trasciende los límites de las "certificaciones" que al respecto pretende extender Estados Unidos a los demás países.
Hay coincidencia en especialistas latinoamericanos consultados por IPS acerca de que tal trámite obedece a factores de política interna estadounidense y a la intención de presionar sobre diversos gobiernos más que a criterios evaluatorios objetivos.
El asunto cobró nueva actualidad en el ámbito latinoamericano luego que la semana pasada la Casa Blanca descalificó al gobierno de Colombia por estimar insuficiente su acción antidrogas, a la vez que avaló la conducta del gobierno de México, entre otros.
Como es ya habitual, los intercambios de notas diplomáticas, viajes y declaraciones públicas de altos funcionarios, así como campañas de prensa en favor y en contra de las imágenes de los países involucrados, acompañaron el proceso con fuerte tensión.
El mecanismo tiene consecuencias no sólo por el eventual corte de fondos de ayuda para el combate a los estupefacientes sino que puede llegar a afectar el flujo total de inversiones, préstamos y créditos internacionales hacia los estados en cuestión.
Las autoridades colombianas reaccionaron airadamente y las mexicanas señalaron que el dictamen no alteraría su lucha contra el narcotráfico, lo que reflejó el efecto irritativo que tiene en la región el procedimiento de certificaciones.
Expertos y funcionarios dedicados al tema declararon a IPS que los conglomerados ilegales conformados en torno al negocio de las drogas durante las últimas décadas no reconocen fronteras y a fin de institucionalizarse han penetrado todas las esferas sociales.
Según Raquel Magri, del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), el reciente proceso de certificaciones estadounidenses puso nuevamente de manifiesto el carácter manipulador que se da al manejo del tema.
Magri, responsable de la oficina para México y América Central del PNUFID, aseguró que la única posibilidad eficaz de afrontar el problema de las adicciones radica en darle mayor importancia a la educación preventiva y modificarla cualitativamente.
"Estigmatizar de modo maniqueo a presuntos culpables y discriminarlos de las víctimas del problema no sirve porque se trata de un complejo fenómeno cultural donde no es tan fácil distribuir tales roles", sostuvo.
La funcionaria, de nacionalidad uruguaya, dijo que urge un viraje drástico mundial en materia de formación de la juventud, lo que involucra no sólo al aparato de enseñanza sino también, y quizá sobre todo, a los medios masivos y la publicidad.
Afirmó que se debe potenciar el valor de orientarse hacia una vida no tan dirigida al consumo ni a la búsqueda constante de comodidades o placeres exógenos.
Puso como ejemplos negativos la costumbre de muchas madres de dar gotas sedantes o aspirinas a sus niños para "liberarse" de sus llantos, así como el hábito del tabaco y del alcohol ligado a las reuniones sociales, fiestas, bailes, etcétera.
"Entre el mundo y uno, entre las propias personas, siempre hay la intermediación de algo ajeno, de un elemento adictivo, que puede ser el alcohol, el tabaco, las drogas estupefacientes, y hasta cosas no materiales pero con la misma función", expresó.
A su juicio no sólo todos los países afectados, consumidores y proveedores, sino también los diversos sectores sociales en su conjunto, comparten la responsabilidad del problema y deberían trabajar juntos, en lugar de culpabilizarse recíprocamente.
El antropólogo mexicano Eliseo López Cortes calificó por su parte las certificaciones estadounidenses como un trámite interno que tiene a la vez fines de presión externa y cuyo resultado consiste en confundir el problema y usarlo con fines espúreos.
"Sobre el telón de fondo del debate nacional estadounidense acerca de las drogas se busca condicionar, presionar y manipular las relaciones con gobiernos más o menos vulnerables ante el imperio estadounidense", anadió.
López Cortés, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la ciudad de México (UAM), dijo que "es sabido que el enorme poder del narcotráfico tiene comprada buena parte de los sistemas judiciales y policiales latinoamericanos".
Sostuvo que "una abrumadora mayoría de las principales campañas políticas electorales de la región están financiadas en diverso grado por el dinero de las mafias vinculadas al negocio de las drogas".
El experto se opone a la legalización de los estupefacientes hoy prohibidos porque aunque debilitaría el poder económico del negocio extendería el consumo.
"Mientras no se logren éxitos en la lucha contra el alcoholismo y el tabaquismo -dos adicciones que provocan más muertes y daños que las drogas prohibidas- legalizar los estupefacientes sólo incrementaría el problema", dijo.
Y concluyó: "La defensa del derecho a elegir opciones sanas y creativas se debe poner en el centro de la lucha antidrogas, lo que tiene que ver con una reorientación de los medios y con el cese del bombardeo publicitario nocivo sobre los jóvenes." (FIN/IPS/emv/dg/ip/96)
