Los gobiernos de 34 países de América sentarán al secreto bancario en el banquillo de los acusados cuando discutan en Venezuela, del 27 al 29 de este mes, un proyecto de convención interamericana contra la corrupción.
"Muchas veces, en casos de corrupción en nuestros países, no se pueden tener documentos bancarios porque no hay sentencia, ni dictar sentencia sin tener esos documentos", señaló el vicecanciller venezolano Milos Alcalay.
Para que el combate internacional contra la corrupción rompa ese círculo vicioso consideró necesario establecer un mecanismo que contrarreste el secreto bancario.
Además, "existe conexión entre ilícitos económicos y delitos asociados, porque la corrupción y el lavado de dinero producto del narcotráfico muchas veces encuentran un espacio común para actuar", dijo Alcalay a corresponsales extranjeros.
La búsqueda de pruebas para desencadenar sentencias en casos de corrupción es uno de los objetivos de la convención que analizarán los gobiernos del hemisferio, pero también la intención de ayudar a recuperar bienes producto del flagelo.
La adopción de la convención fue propuesta por el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, a la Cumbre de América, que en diciembre de 1994 reunió en Miami, Estados Unidos, a 34 mandatarios del hemisferio, con la única excepción de Cuba.
Ese foro trazó como objetivo central la negociación, antes del año 2005, de un Area de Libre Comercio de las Américas, y apoyó como nociones de dimensión hemisférica la defensa de la democracia, la lucha contra el narcotráfico, el combate a la pobreza y la seguridad energética.
Venezuela insistió en el tema de perseguir y castigar a los corruptos, y la Cumbre de Miami le encargó entonces la preparación de un borrador de convención interamericana.
Un primer borrador fue presentado a comienzos de 1995 a la Organización de Estados Americanos (OEA) y una reunión técnica, de juristas, lo revisará en la sede de ese organismo los días 10 y 11, recordó Alcalay.
Si los juristas logran un acuerdo sobre las diferencias pendientes es posible que los plenipotenciarios de los gobiernos, en la conferencia de Caracas, adopten la convención, aunque es posible que la pospongan para otra conferencia.
La venezolana Magda Betancourt, del grupo de juristas que revisa el texto, dijo a IPS que por ejemplo el delito de enriquecimiento ilícito, previsto en las legislaciones latinoamericanas, no existe en los códigos anglosajones.
"En los países anglohablantes, el enriquecimiento ilícito es una consecuencia de hechos delictivos y no un delito en sí mismo, a la inversa de lo que prevé nuestro derecho", dijo Betancourt. La diferencia aún no se ha resuelto.
Ese ilícito es el primero de los cuatro delitos previstos en el borrador venezolano, que lo definía como "toda acción u omisión efectuada por un funcionario público, directamente o por persona interpuesta, a cambio de dones, dádivas, promesas, ventajas exigidas, aceptadas o recibidas indebidamente".
También consideraba delitos otros provechos, aunque no fuesen enriquecimiento, la colaboración con actos que afecten al patrimonio y la adquisición o uso de bienes a sabiendas de que proceden de delitos contra el patrimonio del Estado.
El proyecto establece que los países firmantes se comprometen a prestarse asistencia jurídica, abstenerse de invocar el secreto bancario y, por el contrario, establecer mecanismos para intercambiar información sobre transacciones monetarias efectuadas en sus jurisdicciones.
También se comprometen a no conceder asilo a quienes lo soliciten siendo procesados o condenados por corrupción y, en cambio, prevé que se agilicen los trámites para conceder la extradición de los corruptos, cuando sea procedente.
Respecto de los bienes habidos mediante la corrupción, la convención prevé mecanismos para identificarlos, asegurarlos, decomisarlos y restituirlos al Estado requiriente.
El vicecanciller venezolano dijo que la convención se concibe como un texto auxiliar en la lucha por la justicia y no se prevé la creación de un ombudsman o comisionado anticorrupción.
Alcalay insistió en que "la lucha contra la corrupción es un tema vigente, en absoluto desfasado, una vez que en América y Europa caen partidos, gobiernos y sistemas ideológicos en buena medida por causa de la corrupción".
La búsqueda de inversiones extranjeras, en la que está inmersa la región, "no debe hacerse a cualquier costo, porque no queremos la asociada a ilícitos", añadió.
"La corrupción existe desde que Eva ofreció a Adán una manzana, pero nuestra obligación es combatirla porque el Plan de Acción de Miami significa un compromiso de luchar porque la democracia sea efectiva", comentó Alcalay. (FIN/IPS/hm/ag/ip/96)
