ALEMANIA: Deportación masiva amenaza a activistas kurdos

La lucha de resistencia de la minoría kurda contra el gobierno de Turquía tiene graves secuelas en Alemania, país de residencia de inmigrantes turcos y kurdos, y el gobierno de Helmut Kohl se propone acelerar los trámites de deportación de extranjeros infractores.

Por temor a nuevos excesos, más de diez ciudades, entre ellas Hamburgo, Colonia, Mannheim, Stuttgart y Dortmund, prohibieron las manifestaciones organizadas por agrupaciones kurdas para este jueves, fecha del año nuevo de kurdos, turcos y musulmanes sunitas y chiitas.

Un número indeterminado de policías y activistas resultaron heridos el último fin de semana en varias localidades, como consecuencia de disturbios verificados cuando los kurdos se lanzaron a las calles pese a la prohibición de las autoridades.

El presidente Roman Herzog, el canciller (jefe de gobierno) Kohl y los líderes de los opositores Partido Socialdemócrata, Verdes/Alianza 90 y Partido del Socialismo Democratico condenaron con dureza los hechos protagonizados por los kurdos.

Herzog visitó a los policías heridos y declaró que los extranjeros responsables de "actos de violencia y terror" han "pisoteado el derecho a la hospitalidad y, por lo tanto, lo han perdido".

Quienes encabezaron los actos de violencia "y sus secuaces" deben "abandonar el pais", advirtió Herzog.

La intervención de las fuerzas del orden "va tambien en interés" de la inmensa mayoría de los seis millones de extranjeros "que residen pacíficamente" en Alemania, agregó.

Mientras, Kohl exigió la inmediata expulsión del país de los dirigentes del Partido Kurdo de los Trabajadores (PKK), a quienes se acusa de los episodios de violencia.

Se trata de una "situacion intolerable e inadmisible en cualquier otro pais de Europa", dijo el canciller.

El gobierno alemán proscribió en noviembre al PKK y otras organizaciones kurdas, invocando cláusulas de la constitución federal.

El PKK, que lucha con las armas desde 1984 en el sudeste de Turquía, recurrió entonces a la creación de organismos de fachada, como la Oficina de Información de Kurdistán en Alemania, o la Agencia de Prensa Kurdo-Alemana.

Los servicios de inteligencia consideran que la afiliación al PKK en Alemania se duplicó en los últimos tres años y suma actualmente 10.000 personas. En muchos casos se trata de hijos de los trabajadores kurdos que comenzaron a llegar a Alemania a principios de la década de 1960.

La policía atribuye a los activistas kurdos más de un centenar de atentados incendiarios perpetrados el año pasado contra propiedades de la comunidad turca en Alemania. Los militantes del PKK también bloquearon varias autopistas, antes de los incidentes del fin de semana.

El presidente del Servicio de Defensa de la Constitución, Hansjörg Geiger, teme que la violencia estalle nuevamente este jueves.

Los socialdemócratas, los Verdes/Alianza 90 y el Partido del Socialismo Democrático, que condenaron la violencia, señalan que la actual legislacion basta para combatir al PKK.

Los tres partidos se oponen al propósito del gobierno de modificar las leyes vigentes para acelerar el tramite de expulsión de los responsables de disturbios.

El proyecto de reformar las leyes de migración fue cuestionado también por algunos representantes de la policía, las Iglesias Católica y Evangélica y por la Encargada Federal de los Extranjeros, Cornela Schmalz-Jacobsen, del Partido Liberal, integrante de la coalición de gobierno.

Jürgen Trittin, de la Junta Directiva de los verdes/Alianza 90, calificó de hipócrita la indignación del gobierno de Kohl, ya que el suministro de armas alemanas favorece la guerra lanzada por el gobierno de Turquía contra la minoría kurda.

Trittin advirtió que la deportación de activistas kurdos afecta "fundamentos del Estado de derecho".

Turquía se comprometió formalmente hace un año ante Alemania a respetar la integridad física y los derechos de los kurdos expulsados de territorio alemán.

La agencia de prensa turca Anadolu, de carácter semioficial, informó que los kurdos deportados de Alemania serán juzgados por 17 tribunales de la Seguridad de Estado, compuestos por dos jueces civiles y uno militar. Los acusados pueden ser condenados a penas 10 a 15 anos de prisión.

El Kurdistán se extiende a través de las fronteras de Turquía, Siria, Irán e Irak y los 19 millones de kurdos conforman el grupo étnico más grande del mundo entre los que no cuentan con territorio propio.

Turquía no reconoce el derecho al idioma propio ni la identidad cultural de los 15 millones de kurdos que alberga. (FIN/IPS/sa/ff/ip pr/96).

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