Las vacilaciones del gobierno harán más penoso para Venezuela el ajuste que implicará la firma de un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalaron fuentes de la negociación en esta capital.
El acuerdo que inyectaría unos 3.000 millones de dólares a las finanzas venezolanas, está "técnicamente listo" desde noviembre, pero se ha detenido por "falta de voluntad política", dijo una fuente negociadora al diario El Universal de Caracas.
Otros informes dieron cuenta de que el presidente Rafael Caldera remozará en los próximos días el equipo negociador con el FMI, para insistir en el acuerdo sin dar el brazo a torcer en el álgido tema del precio de la gasolina.
Nuevos interlocutores del francés Michel Camdessus, director- gerente del Fondo, serían el líder socialista Teodoro Petkoff y el presidente del grupo estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Luis Giusti.
Para sellar el acuerdo, el FMI exigió reducir el déficit fiscal, para 1996 estimado en siete puntos del producto interno bruto (PIB) o un tercio del presupuesto de gastos, todavía sin definición pero que bordearía los 15.000 millones de dólares.
Rafael Solórzano, ejecutivo del órgano tributario Seniat, dijo a corresponsales extranjeros que se barajaron 35 "escenarios" para presentar al Fondo un programa de reducción del déficit hasta 2,5 o tres puntos del PIB.
Unos 24 escenarios incluyeron impactos de mayores precios de la gasolina en la recaudación fiscal, pero el gobierno prefirió el camino de aumentar otros tributos, crear algunos nuevos y acentuar la búsqueda de mejor recaudación.
Caldera, un socialcristiano de 80 años, criticó fuertemente al FMI durante su exitosa campaña electoral de 1993 y se opuso a subir los precios domésticos de la gasolina -una recomendación del Fondo- hasta tanto "el pueblo pueda soportarlo".
En junio de 1995, Caldera dijo en un mitin en Caracas que "no nos arrodillaremos ante el FMI", pero durante el segundo semestre de ese año su ministro de Hacienda, Luis Matos, viajó a Washington para buscar un entendimiento con el organismo.
Las negociaciones formales comenzaron en octubre y Matos estimó que el acuerdo se firmaría en diciembre o enero, pero luego "Venezuela bajó el ritmo", según recientes informes del equipo negociador.
"Diversos sectores expresaron fuertes reservas, porque temen asumir el costo de las decisiones", según El Universal, cuyos informantes aseguraron que "ahora vamos a necesitar medidas más profundas, con efectos más fuertes sobre la población".
Caldera aumentó 80 por ciento el precio de la gasolina en octubre, a un promedio de 5,4 centavos de dólar por litro, pero la devaluación de diciembre, cuando el dólar pasó de 170 a 290 bolívares, regresó el valor del combustible a tres centavos, el más bajo del mundo.
Gremios de empresarios, economistas independientes, políticos de oposición e incluso soportes de Caldera, como Petkoff, deploraron que el alza de la gasolina y la devaluación se tomasen como medidas aisladas, sin un plan coherente de ajustes.
Los primeros resultados han sido desastrosos para el ciudadano común, agobiado por inflación acumulada de 177 por ciento durante los dos años de la gestión Caldera y con una estampida de precios en enero y febrero, al punto de que los alimentos subieron sus precios 85 por ciento.
Hace dos semanas, el gobierno produjo una tercera medida aislada, al subir 45 por ciento el salario mínimo y colocarlo en 155 dólares mensuales. Para los sindicatos fue poco, los empresarios lo aceptaron a regañadientes y el parlamento le negó aprobación considerándolo insuficiente.
Para los técnicos de la negociación con el FMI el aumento fue "inoportuno", pues les deja mayor presión y menos margen de maniobra. Cada dólar que suba el salario del millón de empleados estatales agrega 15 millones de dólares al presupuesto.
Las medidas tomadas "ya perdieron su impacto, por lo que el nuevo ajuste debería comenzar cuanto antes, posiblemente en abril, para evitar la profundización del deterioro", dijeron.
Caldera es mientras tanto urgido a "cambiar el rumbo" económico y ejecutar un programa de ajustes coherente por grupos de presión que van desde gremios empresariales hasta centrales obreras, y desde centros académicos hasta la Iglesia Católica.
La principal organización empresarial, Fedecámaras, divulgó este sábado un alerta sobre "peligro de explosión social", con riesgo para las instituciones democráticas, a menos que el cambio de rumbo económico se adopte de inmediato. (FIN/IPS/hm/jc/if/96)
