La justicia en el caso de la masacre en 1988 de 14 pescadores venezolanos avanza, pero como en giros de un tornillo sinfin, con un renovado debate entre el gobierno y los defensores de familiares y sobrevivientes.
La Corte Interamericana de Justicia, con sede en San Jose de Costa Rica, escucho a las partes el 27 de enero, pues una vez que el Estado venezolano reconocio su responsabilidad en los hechos, el tribunal debe decidir las reparaciones a pagarse a los demandantes.
Los agraviados solicitan reparacion del dano moral, juridico, institucional y economico padecido. El gobierno del presidente Rafael Caldera considera que la exigencia es desproporcionada y que, en esencia, basta con admitir el error.
"El papel fundamental de la Corte Interamericana es evaluar la conducta de los Estados con respecto a la observancia de los derechos consagrados en la Convencion Americana" sobre la materia, asento la cancilleria en un comunicado.
La cancilleria sostuvo que al reconocer "los hechos de El Amparo" Venezuela "ratifica la convencion interamericana sobre derechos humanos" y honra sus compromisos internacionales.
En El Amparo, un pueblecito de las torridas llanuras del suroeste de Venezuela, separado de Colombia tan solo por el rio Arauca, 16 pescadores fueron emboscados por un comando policial- militar el 29 de octubre de 1988. Solo dos sobrevivieron.
La masacre conmociono a Venezuela y el caso inicio un peregrinaje entre tribunales militares y civiles, con sentencias contradictorias, hasta que llego a la justicia interamericana.
En el interin, los sobrevivientes Wolmer Pinilla y Jose Arias estuvieron asilados en Mexico en 1989, y Venezuela quedo en la lista de paises con graves violaciones al derecho a la vida.
Venezuela "acepto no contender los hechos de El Amparo", dijo Asdrubal Aguiar, abogado del gobierno y gobernador de Caracas con rango de ministro, "pero no la totalidad de la reparacion que pretendian los agraviados".
"La indemnizacion debe considerar los parametros economicos de Venezuela y de El Amparo", dijo Aguiar, y sobre los reclamos de sancion a los autores de la masacre recordo que "el caso esta en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia".
Ligia Bolivar, directora de la organizacion humanitaria Provea y defensora de los pescadores, dijo a IPS que "aceptar el regateo del gobierno de Venezuela implicaria que en la comunidad americana existen ciudadanos de primera y de segunda categoria".
La Comision Interamericana de Derechos Humanos, que hizo suyo el caso, pidio a la Corte instalada en Costa Rica que el Estado venezolano efectue acciones de reparacion moral, institucional y juridica, y que indemnice a familiares de los muertos y a los sobrevivientes.
En metalico se piden pagos por 2.323.350 dolares, de los cuales dos millones se cobran por el dano moral infligido, a razon de 125.000 dolares para cada grupo familiar, lo que Aguiar considera desproporcionado.
Tambien se cobran 240.000 dolares a repartir entre los 16 afectados como dano emergente (derivado de los hechos), lo que el Estado considero "no justificado" en su alegato a la Corte.
Por lucro cesante (dinero dejado de percibir por la labor que realizaban los pescadores) se cobran 5.557 dolares para la familia de cada fallecido y 2.773 dolares por cada sobreviviente.
Bolivar dijo que ante la Corte de San Jose, los abogados del gobierno insistieron siempre en que los montos eran desproporcionados con la region donde esta El Amparo y con la actividad que desarrollaban los pescadores.
"El hecho de que victimas y sobrevivientes sean sencillos campesinos y pescadores, no puede significar que su vida y el sufrimiento de sus familiares valga menos que el de un profesional, tal como sugieren los alegatos de Venezuela", senalo Bolivar.
El otro grupo de reparaciones exigidas tambien tropieza con dificultades, porque Venezuela insiste en que reconocer los hechos – la masacre- es suficiente reparacion moral, pero "los familiares subrayan que la memoria de los fallecidos aun no ha sido reivindicada", indico la dirigente humanitaria.
Los jefes militares y policiales a cargo de los efectivos que emboscaron y mataron a los pescadores dijeron siempre que se trataba de guerrilleros colombianos camuflados, y oficiales activos y retirados sostienen aun esa tesis.
"Los familiares se sienten todavia afectados por esa version de que sus deudos fueron guerrilleros, es una de las cosas que mas les duele, y el gobierno no parece entender esta legitima necesidad de reparacion moral", insistio Bolivar.
Los pescadores fueron sorprendidos cuando un sabado preparaban festivamente un "sancocho" (sopa de pescado), a las orillas de un recodo del rio Arauca, segun dijeron los sobrevivientes. Pero los cadaveres aparecieron con brazaletes y otros elementos distintivos de la guerrilla colombiana, asi como armamento.
Tambien demando la Comision que se reforme el Codigo de Justicia Militar, especialmente en lo que se refiere a la facultad del Presidente de la Republica para abrir o cerrar, a discrecion, cualquier proceso judicial militar.
Bolivar dijo que "se trata de normas contrarias a la independencia de los poderes, y corresponden al clima poco democratico que existia en el pais en 1938, cuando se dicto ese Codigo que parcela la justicia".
Aguiar, ex miembro de la Comision Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que "por el contrario, esa norma es garantia de la sujecion, en ultima instancia, del poder militar al civil".
Por ultimo, los afectados temen que se consagre la impunidad en Venezuela, despues que el calvario judicial produjo una sentencia de una corte marcial ad-hoc todavia pendiente de ratificacion o rechazo por la Corte Suprema de Justica.
Esa corte marcial sentencio que en El Amparo no hubo masacre sino enfrentamiento, que los sobrevivientes nunca estuvieron en el sitio, pero que los militares y policias cometieron "exceso en la defensa".
Por tal exceso, condeno a los efectivos a siete anos y medio de carcel, pero al mismo tiempo les rebajo la pena a la mitad, por actuar "en cumplimiento de su deber y atendiendo ordenes de una autoridad legitima".
La Corte Interamericana de Justicia, que en enero de 1995 establecio la responsabilidad del Estado venezolano en "los hechos", pero no los explicito, debera pronunciarse en forma definitiva sobre las reparaciones debidas en el segundo semestre de 1996. (FIN/IPS/hm/ff/hd/96)
