El presidente de Venezuela, Rafael Caldera, iría finalmente al encuentro de la economía en marzo, luego de dos años de un gobierno pródigo al buscar estabilidad política pero desacertado ante el marasmo económico.
Cuando presente su segundo informe anual, seguramente el 12 de marzo, Caldera ofrecería un "nuevo gobierno", promotor del despegue económico, afirmó el diario El Nacional de Caracas, citando fuentes del "círculo íntimo" del mandatario.
Pero ese "hito de marzo", si se concreta, pues alocuciones de Caldera en los últimos meses se han llenado de expectación y no dejaron anuncios, podría ser un encuentro poco feliz con una realidad económica que acusa saldos negativos ante casi todas las recetas de esta administración.
En marzo confluirán la urgencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la falta de un presupuesto para que el Estado funcione en 1996, la posibilidad de una fuerte devaluación y temas cambiarios y laborales sin resolver.
Ante ese panorama de conjunto, el gobierno se presenta sin una estrategia conocida y con medidas inconexas y a destiempo, según critican los responsables del sector privado de la economía.
En marzo "debe estar listo un programa económico integral y coherente", clamó el presidente del gremio de industriales, Pedro Carmona, y su colega del comercio, Eliseo Sarmiento, dijo que los empresarios elaborarán uno "para cuando alguien desee realmente solventar los problemas".
Por añadidura, el gobierno que encabeza el líder socialcristiano de 80 años ya no tiene el respaldo político de cuando se inició en 1994, en los despachos oficiales hay huelgas, y desórdenes callejeros dan muestras de la agitación social.
Para el marasmo económico de Venezuela, además, el tiempo parece muy dispar: las medidas del gobierno se cocinan, anuncian e instrumentan lentamente, a cuentagotas, pero si el resultado es adverso llega a chorros y velozmente.
El más reciente caso es el aumento del salafrio mínimo, de 107 a 155 dólares mensuales, con el que Caldera buscó hace dos semanas aliviar el peso de una inflación de 57 por ciento en 1995 y de 8,1 por ciento sólo en enero de 1996.
Los sindicatos lo criticaron por insuficiente y los empresarios por excesivo, aunque terminaron apoyándolo, pero el parlamento, cuyo acuerdo se precisa legalmente, decidió rechazarlo y pidió que se aproxime a los 210 dólares que cuesta la canasta alimentaria básica.
El resultado para el Ejecutivo es una confrontación con el Legislativo, por una medida que por su naturaleza debió ganarle y no restarle apoyo, y quedar entrampado, por segunda vez, entre las advertencias de empresarios y trabajadores.
Mas aún, el ministro de Hacienda, Luis Matos, reveló que 155 dólares es el máximo tolerable por el FMI en el examen de las cuentas nacionales, sin pasar el cual no será posible obtener un préstamo de 3.000 millones de dólares.
Los recursos del FMI servirían para desmontar el control de cambios, una medida adoptada en junio de 1994 y que fracasó, según dijo el presidente del Banco Central, Antonio Casas, al intentar contener la pérdida de reservas.
Para cesar ese control, distintos ministros del área económica han adelantado diferentes fechas -como enero, marzo o mayo de 1996- y se han producido reacciones en el mercado paralelo con efectos de cascada sobre la producción y el comercio de bienes.
De esa manera, la devaluación monetaria contenida durante 1995 para intentar dominar la inflación, se adoptó finalmente en diciembre, y el dólar pasó oficialmente de 170 a 290 bolívares, valor éste de la divisa en el mercado paralelo en ese entonces.
Pero la escasez y racionamiento de divisas, sumadas a los anuncios contradictorios y dudas sobre el acuerdo con el FMI, dispararon nuevamente el mercado paralelo, donde el dólar se vende a más de 440 bolívares.
De fuentes oficiales trascendió que el gobierno encara una nueva devaluación para llevar la tasa cambiaria a unos 360 bolívares por dólar, un ajuste de 24 por ciento tres meses después de otra intervención del orden de 70 por ciento.
"Es muy peligroso que el gobierno someta a la población a una nueva devaluación sin que haya cambios fundamentales en la pol]itica económica", advirtió Rafael MacQuhae, quien en 1994 fue viceministro de Planificación en el gobierno Caldera.
Agregó que "si el gobierno no planifica coherentemente las directrices macroeconómicas, los escenarios tendrán que medirse con una inflación de tres dígitos, lo que erosionaría las bases de la estabilidad económica, social y política".
Este último aspecto es el tesoro más cuidado por Caldera y la principal credencial que exhibe su gobierno, después que en 1992- 1993 el país vivió dos cruentas sublevaciones militares y una crisis de gobernabilidad en cuyo marco se destituyó a un presidente elegido por sufragio popular.
Los rumores sobre intranquilidad en los cuarteles perviven, pues desde 1992 acompañan los movimientos de la economía, pero Caldera, quien según sus adversarios "estudió economía en el Antiguo Testamento", anunciaría en marzo que, sellada la estabilidad, se buscará ahora el despegue económico. (FIN/IPS/hm/dg/if/96)
