Familiares de desaparecidos durante la pasada dictadura en Uruguay iniciaron hoy una nueva ofensiva para que el gobierno y la justicia les permitan conocer la verdad sobre sus destinos.
La organizacion Familiares de Detenidos-Desaparecidos iniciara gestiones politicas y ante la justicia con esa finalidad.
Todos los desaparecidos en este pais fueron detenidos por militares o policias durante el regimen militar que impero entre 1973 y 1985, dijeron a IPS voceros del grupo.
Esta reaccion derivo de afirmaciones de "un muy alto oficial retirado" a la revista Posdata, el viernes 16, segun las cuales "los detenidos-desaparecidos en aquel periodo murieron durante los interrogatorios".
El ex oficial, cuyo nombre la revista mantuvo en reserva, dijo que el procedimiento utilizado consistia en cavar, en diversos cuarteles de las fuerzas armadas, un pozo vertical en el cual se colocaba el cadaver de pie.
El pozo era luego cubierto y frecuentemente, sobre el mismo, "se plantaba un arbol".
Segun informes del grupo Servicio Paz y Justicia, durante el regimen militar desaparecieron en Uruguay 33 prisioneros politicos, mientras que en la vecina Argentina los desaparecidos uruguayos fueron 132.
En funcion de datos en poder de esa organizacion, algunos de los desaparecidos fueron inhumados en cementerios del interior del pais.
En 1995, Serpaj pidio informes a la justicia y los gobiernos locales.
A fines de ese ano, las intendencias (gobernaciones) de dos departamentos (provincias), Rocha, 340 kilometros al este de Montevideo, y Colonia, 190 kilometros al oeste, en la frontera fluvial con Argentina, respondieron afirmativamente, dijeron a IPS los informantes.
Entre 1975 y 1982 fueron trasladados a Rocha, 340 kilometros al este de Montevideo y proximo a la frontera terrestre con Brasil, 13 cuerpos, mientras que en Colonia, 190 kilometros al oeste, en la frontera fluvial con Argentina, se constato la existencia de nueve tumbas anonimas.
Tras asumir en Uruguay el gobierno democratico en marzo de 1985, las denuncias publicas por abusos, torturas y desapariciones sacudieron los tribubunales judiciales.
En diciembre de 1986, 75 por ciento de los votos emitidos en un plebiscito derivado de fuertes presiones militares y politicas refrendaron una amnistia para militares y policias acusados de violaciones a los derechos humanos, denominada Ley de Caducidad de la Pretension Punitiva del Estado.
Unos dias antes de aprobarse la amnistia, los comandantes del ejercito, la marina y la fuerza aerea reconocieron, en un documento remitido al gobierno de la epoca, que durante la lucha "antisubversiva" se perdieron "los puntos de referencia".
El articulo 4 de la Ley de Caducidad dispuso que los jueces debian remitir al Poder Ejecutivo los antecedentes sobre "personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, asi como de menores presuntamente secuestrados en situaciones similares'.
En funcion de esos antecedentes "el Poder Ejecutivo dispondra de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos".
Segun Posdata, "la voluntad del legislador permanece incumplida" nueve anos despues de promulgada la ley.
Los familiares de detenidos-desaparecidos sostienen ahora, tras las revelaciones de la revista, que pretenden saber la verdad y exigen explicaciones.
"No nos conformamos con una escueta nota de fuente no revelada", dijo un vocero.
"En un sistema institucional corresponde primordialmente a la justicia investigar y dar curso conforme a derecho ante esta situacion. Reclamamos pues, que el Poder Judicial asuma su competencia", agrego.
La organizacion humanitaria senala que apoya "toda investigacion que permita desentranar de una vez por todas la verdad, sea esta periodistica, administrativa o parlamentaria". "Instamos a que se realice una investigacion seria, profunda, con garantias", anadio.
En tal sentido, considero que no puede "soslayarse el imperativo que compromete la responsabilidad de los organos politicos de la Nacion".
"Si hay voluntad politica -aquella que nace del imperativo etico- se podra saber la verdad", sustuvo.
Al dia siguiente de la publicacion de Posdata, el sabado 17, la revista Tres dijo que el presidente Julio Sanguinetti considera que retomar la investigacion sobre violaciones a los derechos humanos seria como "abrir la caja de Pandora". (FIN/IPS/rr/mj/la hd/96)
