Las medidas anunciadas por el gobierno de Nigeria para poner fin a la corrupción en las aduanas y aumentar la recaudación de aranceles provocaron el obvio rechazo de los funcionarios acusados, quienes también cuestionaron su eficacia.
Los nigerianos sospechan que un trabajo en las oficinas de aduana permite a ciertos funcionarios el cobro de sobornos, lo cual constituye un pasaje a la buena vida a pesar lo magro de los salarios.
El ministro de Finanzas de Nigeria, Anthony Ani, parece decidido a acabar con esta situación, y anunció a mediados de este mes que contratará a contadores y economistas en todos los puertos para controlar los aranceles que los importadores deberán pagar por el ingreso de sus artículos al país.
El trabajo de estos técnicos será asistido sólo por "ciertos funcionarios aduaneros" especializados y respaldado por equipos de alta tecnología.
Cuando estas medidas se concreten, según Ani, las tareas en las oficinas aduaneras de los puertos podrán ser cubiertas por agentes de seguridad y los funcionarios que hasta ahora se desempeñaban allí serán enviados a los puestos ubicados en la frontera.
La propietaria de una tienda de ropa importada creada por prestigiosos diseñadores, casada, casualmente, con un funcionario aduanero, vive en la opulencia en el elegante suburbio de Maryland, en Lagos, con un gran séquito de empleados domésticos que hacen su vida aun más cómoda.
Esta mujer de 33 años integra la clase adinerada de un país donde el salario mínimo mensual está por debajo de 30 dólares.
Pero deberá cambiar pronto su estilo de vida debido a la "limpieza" del régimen de aduanas anunciada por el gobierno. Su marido es el verdadero soporte económico del hogar.
Las medidas dictadas por Ani recibieron poco sorpresivas críticas por parte de funcionarios aduaneros, quienes afirman que son inaplicables.
"Esto no se aplica en ninguna parte del mundo. No se puede reemplazar a los aduaneros por economistas o banqueros porque se desea aumentar la recaudación de aranceles", dijo a IPS un funcionario del puesto en la frontera con Benin, a 100 kilómetros de Lagos.
Según el aduanero, el Ministerio de Economía "no tuvo en cuenta los trucos de los importadores ni el control de los productos prohibidos o de documentos fraudulentos", tareas para las que se requiere una especialización de la que los técnicos carecen.
"Espero que tengan suerte… Sé que volverán al sistema actual cuando ésos que llaman 'profesionales' no puedan arreglárselas", dijo otro.
Este funcionario sostuvo que las acusaciones de corrupción son "exageradas". "Si un importador no tiene nada que ocultar, nadie sugerirá que le pague un soborno", explicó.
De todos modos, el anuncio de Ani logró amplio respaldo, especialmente por parte de los importadores de automóviles usados, frecuentes usuarios del puerto de Lagos.
Estos comerciantes afirman que están a merced de funcionarios que se rehúsan a echar una ojeada a la documentación hasta que se les pague una comisión ilegal.
"Al fin podremos recortar en forma drástica los costos de importación y aumentar las ventas", dijo un importador.
Un automóvil japonés de 12 años de antigüedad se vende habitualmente a 5.000 dólares, un precio fuera del alcance de la mayoría de los nigerianos.
"Todos los sectores de la economía tienen sus propias manzanas podridas, y eso no es monopolio de los aduaneros", dijo Tony Obiora, un transportista de larga distancia, en aparente defensa de los funcionarios.
Obiora pronosticó que "el gobierno, en realidad, cambiará de lugar las manzanas, porque los profesionales que empleará no van a ser unos santos".
"Lo que deberían hacer es reorientar el servicio aduanero y reestructurarlo para librarlo de las manzanas podridas y retener a aquellos que tuvieron un comportamiento ejemplar", concluyó. (FIN/IPS/tra-eng/ro/oa/mj/af if/96)
