Carlos Lopez Osorio, abogado del ex militar hondureno Billy Joya, renuncio hoy a su defensa tras conocer un informe escrito por el oficial en el que justifica la desaparicion forzada de personas por motivos politicos en la decada del 80 en este pais centroamericano.
Osorio dijo que ya no tenia objeto defender al ex capitan Joya, quien se encuentra profugo, porque ese informe niega "la tesis que el mismo ofendido habia presentado a la defensa".
"Joya dijo a la defensa que el no estaba en el pais cuando ocurrieron las desapariciones, pero en ese informe dice lo contrario. ?Entonces con que tesis iremos ante el juez?", se pregunto el abogado.
Osorio, fiel defensor de los militares implicados en las desapariciones, aseguro que con su escrito Joya "esta justificando su participacion y pidiendo perdon".
Joya es uno de los tres militares profugos sobre los que pesa orden de captura hace cuatro meses por la desaparicion temporal de seis opositores politicos en 1982.
Este lunes, la radioemisora HRN divulgo partes del documento escrito por Joya, conocido como el "Informe BJ: Un rayo de luz en el camino", en el que se refiere a la "version militar" sobre las 187 desapariciones forzadas ocurridas en Honduras.
Los extractos difundidos revelan el papel cumplido por los militares durante la decada pasada, con enfasis en el surgimiento de grupos armados de izquierda que lanzaron violentos ataques contra figuras del gobierno y la empresa privada.
Segun el informe, las Fuerza Armadas, con el apoyo de Estados Unidos, Argentina e Israel, tuvieron que enfrentar la violenta campana de cinco grupos armados, la mayoria de ellos formados a partir de la division del Partido Comunista.
El documento cita al Movimiento de Liberacion Cinchoneros, las Fuerzas Populares "Lorenzo Zelaya", el Partido de los Trabajadores Centroamericanos, el Partido Marxista Leninista y el Movimiento Revolucionario Popular.
De estos grupos, los mas activos fueron los Cinchoneros y las Fuerzas Populares Lorenzo Zelaya que secuestraron a mas de un centenar de empresarios y tres ministros en la sede la Camara de Comercio e Industrias de Cortes, en la costa norte, en 1982, y de un avion de una linea aerea comercial hondurena.
Segun el documento de Joya, el Comite de Derechos Humanos y el Comite de Familiares de los Desaparecidos obtenian financiamiento externo y realizaban labores de protesta para desprestigiar a las Fuerzas Armadas.
Tambien sostiene que el Batallon de Inteligencia 3-16, adscrito al Comando de las Fuerzas Armadas, solo realizaba labores de intercepcion de armas a nivel centroamericano para evitar la accion de los grupos armados de izquierda.
En el extenso documento, Joya trata de refutar el contenido del informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Leo Valladares, "Los hechos hablan por si mismos", donde se hace un recuento detallado de las 184 desapariciones forzadas durante la decada pasada.
Valladares propuso en este informe, divulgado en 1993, el inicio de juicios contra los militares y civiles involucrados en las desapariciones forzadas, la indemnizacion a los familiares y la construccion de un monumento.
Hasta ahora solo hay dos juicios contra los militares, uno de ellos por la desaparicion forzada tenporal de seis estudiantes universitarios en 1982 y la muerte violenta y el intento de desaparecer los restos del estudiante de derecho Nelson Mckay, cuyo cuerpo fue exhumado en 1994 en el sur del pais.
En este ultimo caso hay un testigo, Francisco Sarias, quien sobrevivio a la accion y dijo que estuvo detenido junto a Mckay en una carcel clandestina.
El presidente Carlos Roberto Reina fijo su posicion en 1995 sobre los juicios contra los militares en los tribunales, indemnizacion a los familiares y el monumento a los desaparecidos.
Ramon Custodio, presidente del no gubernamental Comite de los Derechos Humanos, dijo que el informe de Joya no arroja ninguna luz sobre las desapariciones forzadas y exhorto al ex militar a que se presente a la justicia.
El fiscal general, Edmundo Orellana, sostuvo que el informe no ofrece evidencias concretas de la comision de delitos por parte de los grupos de izquierda.
"Necesitamos evidencias concretas, como el caso Mckay y los seis estudiantes universitarios, al encontrarse los restos y las personas que sobrevivieron a la detencion forzada, una definitiva y la otra temporal", dijo Orellana.
En medios judiciales y de las Fuerzas Armadas se considera inminente la entrega de Joya a la justicia. (FIN/IPS/tm/ag/hd/96)
