Carlos López Osorio, abogado del ex militar hondureño Billy Joya, renunció hoy a su defensa tras conocer un informe escrito por el oficial en el que justifica la desaparición forzada de personas por motivos políticos en la década del 80 en este país centroamericano.
Osorio dijo que ya no tenía objeto defender al ex capitán Joya, quien se encuentra prófugo, porque ese informe niega «la tesis que el mismo ofendido había presentado a la defensa».
«Joya dijo a la defensa que el no estaba en el país cuando ocurrieron las desapariciones, pero en ese informe dice lo contrario. ¿Entonces con qué tesis iremos ante el juez?», se preguntó el abogado.
Osorio, fiel defensor de los militares implicados en las desapariciones, aseguró que con su escrito Joya «está justificando su participación y pidiendo perdón».
Joya es uno de los tres militares prófugos sobre los que pesa orden de captura hace cuatro meses por la desaparición temporal de seis opositores políticos en 1982.
Este lunes, la radioemisora HRN divulgó partes del documento escrito por Joya, conocido como el «Informe BJ: Un rayo de luz en el camino», en el que se refiere a la «versión militar» sobre las 187 desapariciones forzadas ocurridas en Honduras.
Los extractos difundidos revelan el papel cumplido por los militares durante la década pasada, con énfasis en el surgimiento de grupos armados de izquierda que lanzaron violentos ataques contra figuras del gobierno y la empresa privada.
Según el informe, las Fuerza Armadas, con el apoyo de Estados Unidos, Argentina e Israel, tuvieron que enfrentar la violenta campaña de cinco grupos armados, la mayoría de ellos formados a partir de la división del Partido Comunista.
El documento cita al Movimiento de Liberación Cinchoneros, las Fuerzas Populares «Lorenzo Zelaya», el Partido de los Trabajadores Centroamericanos, el Partido Marxista Leninista y el Movimiento Revolucionario Popular.
De estos grupos, los más activos fueron los Cinchoneros y las Fuerzas Populares Lorenzo Zelaya que secuestraron a más de un centenar de empresarios y tres ministros en la sede la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, en la costa norte, en 1982, y de un avión de una línea aérea comercial hondureña.
Según el documento de Joya, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Familiares de los Desaparecidos obtenían financiamiento externo y realizaban labores de protesta para desprestigiar a las Fuerzas Armadas.
También sostiene que el Batallón de Inteligencia 3-16, adscrito al Comando de las Fuerzas Armadas, solo realizaba labores de intercepción de armas a nivel centroamericano para evitar la acción de los grupos armados de izquierda.
En el extenso documento, Joya trata de refutar el contenido del informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Leo Valladares, «Los hechos hablan por sí mismos», donde se hace un recuento detallado de las 184 desapariciones forzadas durante la década pasada.
Valladares propuso en este informe, divulgado en 1993, el inicio de juicios contra los militares y civiles involucrados en las desapariciones forzadas, la indemnización a los familiares y la construcción de un monumento.
Hasta ahora solo hay dos juicios contra los militares, uno de ellos por la desaparición forzada temporal de seis estudiantes universitarios en 1982 y la muerte violenta y el intento de desaparecer los restos del estudiante de derecho Nelson Mckay, cuyo cuerpo fue exhumado en 1994 en el sur del país.
En este último caso hay un testigo, Francisco Sarias, quien sobrevivió a la acción y dijo que estuvo detenido junto a Mckay en una cárcel clandestina.
El presidente Carlos Roberto Reina fijó su posición en 1995 sobre los juicios contra los militares en los tribunales, indemnización a los familiares y el monumento a los desaparecidos.
Ramon Custodio, presidente del no gubernamental Comité de los Derechos Humanos, dijo que el informe de Joya no arroja ninguna luz sobre las desapariciones forzadas y exhortó al ex militar a que se presente a la justicia.
El fiscal general, Edmundo Orellana, sostuvo que el informe no ofrece evidencias concretas de la comisión de delitos por parte de los grupos de izquierda.
«Necesitamos evidencias concretas, como el caso Mckay y los seis estudiantes universitarios, al encontrarse los restos y las personas que sobrevivieron a la detención forzada, una definitiva y la otra temporal», dijo Orellana.
En medios judiciales y de las Fuerzas Armadas se considera inminente la entrega de Joya a la justicia. (FIN/IPS/tm/ag/hd/96)
