Washington exige condiciones excesivas para la devolución a Puerto Príncipe de miles de documentos pertenecientes a paramilitares y soldados de Haití de los que se incautaron militares de Estados Unidos, según una organización de defensa de los derechos humanos.
En una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Warren Christopher, el grupo Human Rights Watch, con sede en Nueva York, dijo que "la negativa de Washington a devolver los documentos capturados en términos aceptables representan un impedimento concreto al fin de la impunidad y la violencia política".
La organización exhortó a la entrega inmediata de esos papeles al gobierno del presidente René Preval, "en forma coherente con una política cuya prioridad sea el establecimiento de la ley en Haití".
Las 150.000 páginas capturadas luego de la ocupación de Haití por militares de Estados Unidos en septiembre de 1994 son objeto de largas negociaciones entre Washington y Puerto Príncipe.
Esos documentos pertenecían al ejército de Haití y al Frente Revolucionario por el Avance y el Progreso (FRAPH), un grupo paramilitar aliado a la pasada dictadura en el país caribeño (1991- 1994) acusado de asesinar a unos 3.000 simpatizantes del ex presidente Jean Bertrand Aristide.
El gobierno de Haití recién supo de la existencia de esos papeles el pasado verano boreal, cuando reclamó su devolución para identificar posibles amenazas, pues creen que muchas armas permanecen en poder de los simpatizantes del régimen del general Raoul Cedras.
A pesar de que una investigación del Congreso de Estados Unidos concluyó que los documentos pertenecen legalmente al gobierno de Haití, Washington impuso condiciones para la devolución, después de una larga discusión entre el Pentágono (Secretaría de Defensa) y el Departamento de Estado.
El gobierno de Estados Unidos estableció a fines del año pasado que los documentos deberán ser empleados "exclusivamente para el fortalecimiento de propósitos legales legítimos, otras acciones legales e investigaciones oficiales sobre violaciones contra los derechos humanos".
Para recibir los documentos, el gobierno de Haití deberá asegurarse de que su contenido "no se hará público" ni será conocido por quienes podrían ocasionar "riesgo de repercusiones o abusos", según el "memorándum de entendimiento" remitido por Washington a Haití.
El documento, que fue proporcionado a IPS por Human Rights Watch, permite a Washington "borrar o remover nombres u otras informaciones que identifiquen a ciudadanos de Estados Unidos".
El grupo humanitario coincide con el propósito del gobierno de Clinton en cuanto a asegurar que los individuos mencionados en los documentos no serán objeto de represalias ilegítimas, pero acusó a Washinton de tener otros motivos.
"Estas restricciones aparentemente sirven al propósito ilegítimo de Estados Unidos de encubrir cualquier posible complicidad suya en asesinatos políticos y otros abusos, en especial el involucramiento de agentes de inteligencia" del país norteamericano, sostiene la carta a Christopher.
Las sospechas de Human Rights Watch tienen como base los vínculos entre agencias de Estados Unidos y grupos paramilitares, inclusive el FRAPH, recientemente revelados por el fundador y líder del grupo paramilitar, Emmanuel "Toto" Constant.
Constant huyó de Haití poco después de que Aristide recuperó la presidencia, y fue arrestado en Estados Unidos a principios de 1994. Desde entonces se espera su extradición al país caribeño.
Según su propio testimonio, el líder del FRAPH prestó servicios a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en 1992, y después entabló vínculos estrechos con la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), que depende del Pentágono.
Esos contactos fueron difundidos por el semanario The Nation hace 15 meses, tras una investigación del periodista Alan Nairn.
Las agencias de inteligencia no desmintieron su relación con Constant, pero dijeron que no apoyaron directamente al FRAPH ni a sus actividades terroristas.
Nairn informó a principios de este mes que Constant le ofreció en diciembre desde la cárcel revelar "todo" sobre su relaciónn con los servicios de inteligencia estadounidenses.
Cuando el periodista intentó concretar un encuentro personal con el líder del FRAPH, las autoridades de migración de Estados Unidos se lo negaron.
Nairn tuvo acceso a los documentos que establecen la forma en que Clement será deportado, en un avión del gobierno de Estados Unidos con medidas especiales de seguridad sin previo aviso a las autoridades de Haití.
El acusado será encarcelado "en un lugar aislado", según el informe periodístico.
Documentos obtenidos por el diario New York Times a principios de este mes demuestran que la CIA y la DIA tienen una extendida red de informantes dentro del FRAPH y el ejército de Haití.
Los oficiales de Estados Unidos informaron a los soldados que ocuparon Haití en 1994 que el FRAPH era un partido político legal y que debería ser tratado como tal.
Esta interpretación cambió recién cuando agentes de inteligencia interceptaron una conversación radiofónica entre Clement y otros dirigentes del grupo paramilitar, en octubre de 1994, en la que mencionaban ataques contra las fuerzas de ocupación. (FIN/IPS/tra-eng/jl/yjc/mj/ca ip hd/96)
