Un ambicioso plan para devolver el fluido natural de agua fresca a los pantanos de Everglades, en el suroeste del estado de Florida, Estados Unidos, enfrenta la dura oposición de la industria azucarera que opera allí desde principios de siglo.
Acompañado de ambientalistas de todo el país, el vicepresidente Al Gore reveló la semana pasada el plan que, a un costo de 589 millones de dólares, pretende restaurar este particular ecosistema, afectado por uno de los índices de crecimiento urbano más altos del país.
"Esto es más que un plan de restauración. Es una inversión en el futuro de Estados Unidos", dijo Gore. El esfuerzo conjunto entre las autoridades nacionales y las de Florida procura elevar a 131 millones de dólares el presupuesto actual de 104 millones destinados anualmente al mantenimiento de Everglades.
Everglades es la mayor reserva de agua fresca de América del Norte. Formada por siglos de desbordamiento del gran Lago Okeechobee, cuenta con 12.950 kilómetros cuadrados de pantanos, sabanas y selva virgen, de los cuales 6.096,6 kilómetros cuadrados están protegidos como parque nacional.
El proyecto incluye la recuperación de unos 2.240 kilómetros de canales que dividen al denominado "Río de Pasto" en secciones angulares de pantano drenadas, con el fin de permitir el cultivo de caña de azúcar y otros vegetales.
La instalación del enrejado fue hecha principalmente en la década del 50 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la misma dependencia que tendrá a su cargo la reparación del daño causado por el sistema de drenaje.
El aspecto más discutido del programa, la reasignación de 245 millones de dólares de subsidios a la producción de azúcar en los próximos siete años, deberá ser considerado por el Congreso. Los observadores vaticinan que la fuerte pelea contra su aprobación se mantendrá quizás hasta mediados de 1997.
El proyecto compromete a la industria azucarera de Florida a pagar un centavo de dólar por cada libra de producto procesado como parte de un "impuesto ecológico" que ayudará a financiar la compra por parte del Estado de 80.000 hectáreas del terreno que circunda Everglades.
"Es una reducción muy pequeña del significativo subsidio asignado a la industria del azúcar", dijo Gore, quien defendió el rescate de Everglades por considerarlo fundamental para la industria turística del sur de Florida, que genera 13.000 millones de dólares al año.
El área recuperada será irrigada nuevamente para que la reproducción del ecosistema purifique los depósitos de fósforo que permanecerán cuando se eliminen las plantaciones de caña.
Actualmente, esos residuos son vertidos al mar o desviados hacia otras zonas pantanosas sin ser reciclados, lo que perpetúa la contaminación.
Pero los dos senadores de Florida, el demócrata Bob Graham y el republicano Connie Mack, no manifestaron su respaldo al impuesto azucarero y centran su atención en un plan menos ambicioso contenido en el proyecto de Ley Agrícola que discute el Congreso.
El líder de la bancada republicana en el Senado y precandidato a la Presidencia, Bob Dole, incluyó en la ley la asignación de 200 millones de dólares en los próximos tres años a la restauración de los Everglades, lo cual podría sustituir el gravamen propuesto por Gore.
Los grupos ambientalistas han librado durante muchos años una batalla pública contra los productores azucareros de Florida, que consideran que la expropiación tierras y el pago del impuesto les obligará a despedir a unos 40.000 trabajadores.
"Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un esquema de impuesto y confiscación de tierras es puesto en marcha. Es un serio atentado contra la Constitución", dijo el portavoz de la industria azucarera Robert Bucker Jr.
El anuncio de Gore desató una ola de protestas de trabajadores azucareros, que detuvieron las moliendas y manifestaron en el centro de Miami durante toda la semana pasada.
"Queremos que la gente conozca nuestro lado de la historia. No se trata de grandes millonarios sino de generaciones de familias comunes y corrientes que quedarán sin ingresos", protestó Larry Butler, trabajador azucarero desde hace 32 años. Sus hermanos y primos también trabajan en la recolección de caña.
La presidenta de la Cooperativa de Productores de Caña de Azúcar de Florida, Bárbara Miedema, ubicó el principal problema en el hecho de que el impuesto eliminaría las ganancias del producto.
Al mismo tiempo, advirtió que la regulación del precio del azúcar por parte del gobierno agrava este problema. "La industria gana 1,092 centavos de dólar por libra de azúcar y el impuesto arrasa virtualmente con ese ingreso", dijo Miedema a IPS.
La dirigente atribuyó la propuesta a una "táctica electorera" del presidente Bill Clinton en su campaña por la reelección. "Es un juego político que atrapa injustamente a los campesinos", acotó.
Por su parte, un grupo de economistas que asesora a la oficina estatal de manejo de aguas y a grupos ambientalistas desafió esa tesis. "Es la decisión política más importante que se ha tomado en materia ambiental en los últimos 30 años", dijo Joe Browder, de la Coalición Everglades.
"Si no luchamos por el dinero, no seremos testigos de la restauración ni nosotros, ni nuestros hijos ni sus descendientes", expresó Nathaniel Reed, uno de los más prominentes ambientalistas de Florida y miembro del panel del gobierno que controla el manejo de los recursos acuíferos. (FIN/IPS/lhr/mj/na en/96)
