Las propuestas de una ley de "punto final" y de nuevas elecciones dejaron en evidencia esta semana en Colombia que la crisis desatada por el presunto aporte de narcotraficantes a los fondos de la última campaña electoral también pone al Congreso bajo sospecha.
Hasta ahora, la atención del país había estado centrada en si el presidente Ernesto Samper sabía o no que el Cártel de Cali había apoyado económicamente su campaña.
Mientras, el Congreso pasaba de bajo perfil en los procesos que le sigue a cerca de una veintena de sus miembros la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Las primeras voces de esta historia paralela en el "narcoescándalo" las dio el fiscal Alfonso Valdivieso el 23 de abril de 1995 cuando remitió a la Corte una copia del llamado "Proceso 8.000" para que investigara a nueve congresistas del gobernante Partido Liberal (PL).
Los implicados fueron acusados de haber recibido dinero del Cártel de Cali para sus actividades políticas o beneficio personal.
En este proceso la Corte ha indagado preliminarmente a los senadores del PL Jose Guerra, Armando Holguín, Alberto Santofimio, Rodrigo Garavito, María Izquierdo, Francisco Jattin, Gustavo Espinos, Jorge Nader y Carlos Celis.
También han sido indagados preliminarmente los diputados Ana de Pechtalt, Yolima Espinosa, Tiberio Villarreal, Alvaro Benedetti y Freddy Sanchez, también liberales.
De este grupo se encuentran detenidos por orden de la Corte Santofimio, Espinosa, y Garavito, quienes fueron acusados por el tesorero del Cártel, Guillermo Pallomari, de recibir dinero de la organización delictiva, e Izquierdo, quien fue vinculada por el tesorero de la campaña de Samper, Santiago Medina.
Medina, quien se encuentra detenido en Bogotá, y Pallomari, también prisionero pero en Estados Unidos, han sido considerados por la Fiscalía testigos claves en la investigación sobre la participación del narcotráfico en la última campana electoral.
Algunos de estos congresistas aparecen relacionados en listas de pago de empresas de fachada del narcotráfico, encontradas en las requisas domiciliarias que realizó el grupo especial de la policia que perseguía el año pasado a la cúpula del Cártel de Cali.
La lista de los congresistas denunciados por Palomari vincula también a Samuel Moreno (senador) y Carlos Lucio (diputado), que participan en representación de grupos independientes, como presuntos beneficiarios del Cártel.
Igualmente, la connivencia del sector político con el narcotráfico se ha manifestado en intentos legislativos que han buscado favorecer a los "capos" de la droga.
En diciembre, un día después de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Diputados se declarara inhibida para investigar a Samper, 56 de los 102 congresistas que integran el Senado aprobaron el llamado "narco-mico" (artículo camuflado en una Ley).
La iniciativa, incorporada en una Ley de Seguridad Ciudadana, y archivada luego en la plenaria de la Cámara debido al rechazo de la opinión pública, pretendía convertir el enriquecimiento ílicito en un delito secundario.
Ese mismo mes se descubrió otro "narco-mico" en el proyecto de Ley de Reforma Tributaria, que abría la posibilidad de legalizar bienes o dinero obtenido de manera ilícita, el que no pasó la sanción presidencial.
Estas conductas han generado en la opinión la sombra de la sospecha, que se reflejó en una encuesta de comienzos de febrero en la que 64,9 por ciento de 500 personas entrevistadas afirmaron que no creen en el Congreso que juzgará a Samper.
Para muchos de los entrevistados, el hecho de que de los 290 políticos que integran el Senado y la Cámara de Diputados 130 hayan colaborado directamente en la campana electoral de Samper, es un hecho que le restará credibilidad al juicio contra el mandatario.
De este grupo, 99 pertenecen al PL y los restantes del PC y grupos independientes.
Esta circunstancia llevó al fiscal Alfonso Valdivieso a afirmar que "para nadie es un secreto que al Congreso le falta credibilidad", pero que igualmente tiene en medio de esta crisis la oportunidad de demostrar que como institución es recuperable.
Sin embargo, en medio de la crisis, sectores independientes de la izquierda moderada agitan la bandera de que "frente a un Congreso y un gobierno corrupto" la fórmula es "nuevas elecciones limpias".
Para esta solución, por la cual se inclinó también el diario El Espectador, segundo en circulación nacional, en su editorial del pasado martes, se requeriría la convocatoria a un plebiscito.
Otra fórmula más polémica, que se estaría promoviendo en algunos sectores del Congreso, es la de impulsar una ley de "punto final" que perdonaría a los congresistas, e incluso al presidente, que confiesen su culpabilidad.
La Ley obligaría a los beneficiados a retirarse de por vida de la actividad politica.
Para el diputado Lucio, no obstante, esta ley de punto final sería "el reconocimiento total a la impunidad para la clase política".
En opinión de Lucio, las leyes de perdón deben ser para delitos políticos, pero "no para beneficiar a políticos" implicados en delitos comunes. (FIN/IPS/yf/jc/ip/96)
