Los fiscales del Ministerio Público de Honduras anunciaron que se retirarán temporalmente de sus cargos para facilitar el juicio a diez militares involucrados en la desparición de personas por cuestiones políticas en la pasada década.
René Velásquez, director de fiscales del Ministerio Público, declaró este miércoles que solicitará permiso para dejar el cargo por el tiempo que sea necesario mientras se ventila el juicio contra 10 oficiales acusados ante un tribunal por la desparición de seis estudiantes universitarios de izquierda en 1982.
La fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público Marlina Dubón, quien presentó la acusación contra los militares, dijo que estaba dispuesta a proceder de la misma forma.
Ambos fiscales fueron señalados este lunes por el capitán Billy Joya, uno de los acusados y que se encuentra prófugo de la justicia, como elementos de izquierda y "parte interesada" en castigar a los militares.
Joya divulgó, desde la clandestinidad, el "Informe B.J. Un rayo de luz en el camino", donde ofrece una detallada versión del accionar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los grupos de izquierda "en defensa del sistema democrático".
"Ellos eran elementos activos de izquierda y Velásquez era el abogado de los guerrilleros, al grado que presentó muchos recursos de habeas corpus", dijo Joya en una comparecencia de radio y televisión.
El militar alegó inocencia de las acusaciones por graves violaciones a los derechos humanos, expresó su disposición de presentarse a los tribunales y pidió perdón.
Asesorado por una agencia publicitaria y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Joya conmovió a la opinión pública local por sus revelaciones, pero en todo momento negó que haya secuestrado, torturado y ejecutado a conocidos dirigentes populares, opuestos al gobierno en la década de 1980.
En esa época se registró el secuestro de decenas de personas y hubo 184 desapariciones, producto de una aguda confrontación que dejó un saldo de más de 500 muertos y heridos en enfrentamientos armados.
Velásquez reconoció que defendió a líderes de izquierda por su formación política y fue secuestrado por los cuerpos de seguridad del Estado y permaneció en una cárcel clandestina durante cuatro días, durante los cuales fue "violentamente torturado, física y sicológicamente".
Por esa época, formaba parte del equipo de abogados de un bufete en Tegucigalpa, dirigido por su hermano mayor, Max, destacada figura del ahora gobernante Partido Liberal y actual embajador de Honduras en Canadá.
Dado el prestigio del bufete, personas de diversos sectores, desde humildes campesinos hasta acaudalados empresarios, acudían en busca de los servicios de los abogados Velásquez.
Dubón, por su parte, admitió que tuvo una activa participación en el movimiento estudiantil universitario, porque compartía los anhelos de justicia social y respeto a los derechos humanos.
Ambos fiscales dijeron que pese a su pasado actúan con plena sujeción a las leyes del país.
Los jueces Roy Medina y Rafaél Castro Avila, quienes llevan el juicio contra los diez militares, informaron que recibieron el informe de Joya y lo están estudiando.
En su comparecencia, Joya admitió que participó en el arresto por órdenes superiores de los seis estudiantes universitarios en 1982, quienes sobrevivieron a la detención y fueron liberados, ya que entre los padres de uno de ellos había un alto funcionario del gobierno.
Medina declaró que la confesión de Joya le genera responsabilidad jurídica pero que ello será determinado en el curso del juicio.
El "informe BJ" es ilustrativo de las activivades de las Fuerzas Armadas y de los grupos de la izquierda pero no es medio probatorio, ya que sólo contiene generalidades, declaró.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Rivera, dijo que ese organismo investigará el informe de Joya para analizar sus alcances legales.
En cambio, Ramón Custodio, presidente del Comité de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, rechazó el informe y presentó pruebas fotográficas y documentales sobre la existencia aún hoy de escuadrones de la muerte apoyados por los militares.
Denunció asimismo que durante la actual administración se han registrado 81 ejecuciones extrajudiciales.
En su informe, Joya involucró como soporte de los grupos de la izquierda a los organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones populares.
También mencionó al entonces rector de la estatal Universidad Nacional, Jorge Arturo Reina, actual vicepresidente del Congreso Nacional y hermano del presidente Carlos Roberto Reina, como dirigente de los grupos opositores. (FIN/IPS/tm/dg/ip-hd/96).
