Cientos de ex soldados y miembros de grupos paramilitares podrían ser juzgados en Haití por delitos cometidos durante el sangriento régimen militar que se instaló tras el golpe de 1991, según fuentes de la ONU en este país.
"Ya hemos documentado 100 casos efectivamente abiertos en los tribunales", informó Colin Granderson, jefe de una misión civil conjunta de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para este país.
"Y tenemos razones para creer que existen por lo menos 300 casos, en total, denunciados ante los jueces", añadió el alto funcionario.
Granderson presentó los resultados de una investigación realizada por la Misión Civil Internacional (MCI) ONU-OEA, en medio de los constantes temores que han expresado los grupos defensores de los derechos humanos acerca de la posibilidad e incluso la voluntad política de sancionar a los responsables.
El actual gobierno presidido por René Préval es heredero político del anterior, encabezado por Jean-Bertrand Aristide, que en septiembre de 1991 fue desplazado por una camarilla militar, abriéndose un trienio de terror que sólo terminó en septiembre de 1994 con una intervención armada y el retorno de Aristide.
Algunos militantes por los derechos humanos han criticado a la misión de la ONU para esta materia por no hacer lo necesario para que el sistema judicial pueda hacer justicia.
Tanto las organizaciones no gubernamentales como diversos movimientos populares han denunciado la existencia de un "reino de la impunidad", alegando que "la justicia postergada es justicia denegada".
"Los pasos dados hasta ahora por el gobierno para asegurar la vigencia de los derechos humanos parecen muy limitados", declaró recientemente la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos, que reúne a nueve grupos religiosos, educativos y desarrollistas.
Los grupos de derechos humanos estiman en 5.000 el número de personas muertas durante el régimen militar.
La Comisión Verdad, que los primeros días de este mes entregó al presidente saliente Aristide un informe que aún es mantenido en reserva, hizo saber que en los tres años de dictadura militar se cometieron unos 20.000 atentados a los derechos humanos, desde masacres hasta violaciones por motivos políticos.
Esas cantidades se basan en entrevistas realizadas a unas 5.500 personas, víctimas o familiares de las víctimas, pero la misma comisión considera que la muestra es relativamente pequeña.
Según la MCI, sólo ocho personas han sido llevadas ante la justicia por delitos de esta naturaleza cometidos durante el régimen militar, desde que Aristide regresó del exilio y reasumió la Presidencia en octubre de 1994.
Al referirse a los resultados del estudio realizado por la misión, Granderson dijo que aún existen muchos problemas en el sistema judicial haitiano.
La respuesta de la policía, de los fiscales y de los jueces a las denuncias de las víctimas ha sido muy lenta, y en muchos casos no se ha acusado ni detenido a los supuestos delincuentes.
Sin embargo, también reconoció el hecho de que los tribunales están respondiendo a las denuncias presentadas por víctimas de atentados a los derechos humanos, por primera vez en la historia de este país. Esto, según Granderson, es un estimulante avance en el camino que lleva a terminar con la impunidad.
"Hay gente que ha tenido el valor de hacer denuncias ante los jueces, y los jueces las están acogiendo. No digo que esto vaya muy de prisa -y hay problemas-, pero ha comenzado un proceso", declaró a IPS el funcionario de la ONU.
De los 100 casos documentados por los observadores de la MCI, 87 involucran a miembros del grupo terrorista Frente para el Avance y el Progreso de Haití (FRAPH). De esos 87, 12 están ya en la cárcel, y otros cinco lograron escapar en algún momento del año pasado, informó Granderson.
El sacerdote Daniel Roussiere, de la Comisión Justicia y Paz, que pertenece a la Iglesia Católica, reaccionó con escepticismo ante el estudio, juzgando "exagerada" la cifra de 300 casos ya denunciados.
"Es muy fácil decir que no se ha hecho nada", replicó Granderson. "Estos no son casos de gran destaque, son muy pequeños, pero de suma importancia". (FIN/IPS/tra-en/dc/mk/arl/hd/96)
