El gobierno y las autoridades de la policia uniformada (Carabineros) de Chile rechazaron el informe emitido esta semana por el relator de Naciones Unidas, Nigel Rodley, sobre torturas practicadas a detenidos.
Distintos ministros afirmaron que la tortura no es una practica habitual en el pais y que entre 1992 y 1994 solo se registraron hechos aislados en conocimiento del Poder Ejecutivo.
"Es un hecho que hubo casos concretos de tortura, a los que el gobierno rechazo energicamente y que son considerados por los tribunales judiciales con el fin de erradicarlos", dijo el secretario general de Gobierno, con jerarquia de ministro, Jose Joaquin Brunner.
La ministra de Justicia, Soledad Alvear, sostuvo que el pais repudia cualquier tipo de violacion a los derechos humanos y que se tomaran las medidas pertinentes para que no se practiquen.
Alvear recordo que el propio documento de la ONU informa que la tortura no es una practica frecuente en Chile, al tiempo que llamo a la ciudadania a denunciar esos abusos a los tribunales.
A su vez, la Direccion General de Carabineros emitio una declaracion publica en la que afirmo que el informe de Rodley contiene "expresiones que agreden sin fundamentos el prestigio de carabineros".
"El pais es testigo de la politica invariable de Carabineros en aquellas situaciones aisladas que involucran al personal en algun hecho delictivo", afirmo la institucion policial.
Rodley afirmo haber recibido 110 denuncias de torturas atribuidas a la policia uniformada.
El documento del relator de la ONU senala que la violencia en Chile "ha disminuido significativamente" y recomienda que el cuerpo de Carabineros pase a depender de las autoridades civiles.
Al respecto, Brunner no considero "razonable" que un organismo internacional "manifieste afirmaciones tan taxativas respecto de cuestiones tan propias del ordenamiento jurico de los estados".
Sin embargo, el secretario general de Gobierno recordo que es una aspiracion del gobierno traspasar la Direccion General de Carabineros del Ministerio de Defensa al de Interior .
El canciller Jose Miguel Insulza sostuvo que "es exagerado e injusto que en funcion de casos particulares se critique a una institucion tan prestigiosa como los Carabineros de Chile".
Insulza dijo que el informe de Rodley puede conducir a conclusiones erroneas si no se considera que la conclusion del documento es que la tortura en el pais ha sido eliminada como una practica generalizada.
El relator de la ONU, quien visito Santiago en agosto pasado por cinco dias, emitio un informe de 40 paginas donde distingue "una profunda diferencia" entre el respeto a los derechos humanos hoy vigente y las violaciones que caracterizaron a la dictadura militar que goberno Chile entre 1973 y 1990.
Ante la denuncia de Rodley sobre la existencia de "demasiados jueces que parecen estar dispuestos a pasar por alto las denuncias de torturas y malos tratos", la ministra Alvear senalo que las autoridades judiciales tomaran debida nota para adoptar las medidas que estimen pertinentes.
Los gobiernos civiles asumieron el compromiso de respetar los derechos humanos y en especial, de la necesidad de eliminar la practica de la tortura y otros tratos o penas crueles, dijo Rodley.
La mayoria de las organizaciones no gubernamentales y de los particulares a quienes el relator entrevisto reconocieron que la actitud del gobierno era sincera. Sin embargo, agrego el informe de las Naciones Unidas, muchos de ellos expresaron dudas en cuanto a la prioridad que el gobierno otorga a la cuestion.
Los grupos civiles senalaron la "practica impunidad total de que gozaban los militares, incluida la policia uniformada (carabineros), por los crimenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar".
Los mismos sectores observaron que la tortura en cuanto tal no ha sido incluso objeto de una investigacion por parte de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion.
El relator recogio la "preocupacion popular por los delitos comunes y la correspondiente demanda de restauracion de la ley y el orden publico". Tambien apunto que existia una "tendencia de las autoridades politicas a salir sistematicamente en defensa de la policia cuando esta era acusada de cometer abusos".
"Algunas de las denuncias de tales abusos son creibles", dijo Rodley. "No parece que los abusos sean sistematicos o generalizados, pero tampoco son aberraciones aisladas", agrego.
El documento sostuvo que en la actualidad "la violencia ha disminuido significativamente y los casos mas recientes de detencion y prision de personas sospechosas de participar en actos violentos no han ido acompanados de torturas prolongadas".
Indico que "si bien el trato infligido en algunos casos a esas personas equivaldria, a juicio del relator especial, a un caso de torturas o tratos crueles e inhumanos, los afectados por esas practicas evitan usar el termino torturas".
Rodley atribuyo esa omision a que aparentemente las victimas "asocian la tortura con la aplicacion de electrochoques, lo que ha sucedido raramente en el curso de los dos ultimos anos, mas o menos".
El informe sostuvo que "parece muy extendida la practica del trato brutal, que a veces equivale a la tortura, infligido a los delincuentes comunes o los testigos sospechosos".
El relator no pudo reunir informaciojn suficiente para determinar sobre quien recaia la responsabilidad, pero estimo igualmente que "era plausible la opinion general de que la policia uniformada era mas susceptible de recurrir a esas practicas" que los detectives de investigaciones.
Tambien aconsejo limitar a 24 horas la denegacion de acceso al mundo exterior (abogado, familia, medico) para todo detenido.
Los jueces, propuso, no deberian estar facultados para ordenar la reclusion en celdas solitarias, salvo como medida especial en casos de violacion a la disciplina institucional.
Tambien debe prohibirse terminantemente la practica de vendar los ojos a los detenidos que se encuentran bajo custodia policial, dijo Rodley.
El documento sugiere que el gobierno preste apoyo a las organizaciones no gubernamentales del pais y que se refuerce el programa de reparacion y atencion en salud a los afectados por violaciones a los derechos humanos. (FIN/IPS/mjc-gl-pc/mj/la hd ip/96)
