La decisión del gobierno de Cuba de no autorizar la realización de un encuentro de grupos disidentes, previsto para este fin de semana en esta capital, muestra que el régimen no está dispuesto, al menos por ahora, a ceder espacios a la oposición política interna.
Ni el diálogo en curso con la Unión Europea (UE), ni los recientes contactos con grupos de congresistas, intelectuales y hombres de negocios estadounidenses, cambiaron la posición oficial sobre la disidencia.
Hasta el momento, las autoridades han dado pasos de apertura muy medidos, y concedido la libertad a contados presos políticos, como ocurrió el pasado año por petición de la organización humanitaria France Liberté y este mes tras un diálogo con el congresista demócrata Bill Richardson.
La tolerancia puede llegar a permitir reuniones de grupos disidentes con representantes de la UE, personalidades estadounidenses o representantes de gobiernos extranjeros de paso por la isla.
Pero observadores locales estiman que un reconocimiento de la disidencia o una amnistía para los presos por motivos políticos, son cartas que el gobierno se guarda para momentos más cruciales.
Así, Concilio cubano, una reunion nacional de más de 130 grupos opositores prevista para este sábado, fue finalmente aplazada por sus organizadores al no recibir la autorización de las autoridades.
"Esto jamás será permitido", fue la reacción de Marianela Ferreol, vocero de la cancillería, que aseguró tener "constancia" de la existencia de un financiamiento del gobierno de Estados Unidos para la realización del encuentro.
La sospecha oficial se apoya en la decisión de la administración estadounidense de autorizar un fondo para la ayuda a organizaciones no gubernamentales cubanas que promuevan la democracia occidental y el respeto de los derechos humanos.
La argumentación del gobierno de la isla se basa en la consideración de que no existe una oposición interna espontánea sino organizada y financiada desde Estados Unidos.
Javier Rodríguez, analista de la agencia oficial cubana Prensa Latina aseguró que el intento de constituir y mantener esta especie de "oposición fantasma" tropieza con la falta de representatividad de sus integrantes y la puja entre sus miembros por manejar los medios económicos llegados del Norte.
La Constitución cubana de 1974, que los disidentes quisieran sustituir por la anterior de 1940, establece serias limitaciones para la acción opositora.
Según el capítulo 63 de la "la ley de leyes" vigente, ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra la Constitución, la existencia del Estado Socialista y la voluntad de construir el socialismo y el comunismo.
En esos presupuestos se incluye cualquier tipo de acción contra el sistema imperante en la isla, la llamada democracia participativa, la guía por un partido único y la dirigencia histórica de la revolución de 1959.
La prensa oficialista mantiene el silencio acostumbrado sobre las acciones, demandas o simple existencia de los grupos opositores constituidos, en ocasiones, por un número muy limitado de personas.
La notificación de que la reunión del Concilio Cubano no se realizaría, fue informada esta semana a las agencias de prensa extranjeras acreditadas en Cuba en un breve comunicado de la mesa directiva del frustrado encuentro.
"No es para nosotros un fracaso el no poder realizar la reunión, es solamente la entrada en un compás de espera hasta que las circunstancias nos permitan realizarla", indicó la nota que reafirmó la voluntad de luchar por una "transición pacífica hacia la democracia".
Firmada por Gustavo Arcos, Elizardo Sánchez y Vladimiro Roca, entre otros representantes de la oposición moderada, la carta subraya la intención de continuar la lucha por medios pacíficos.
Concilio Cubano parece ser el primer intento de unidad entre grupos disidentes de distinta orientación, que van desde los que valoran las conquistas sociales del gobierno de Fidel Castro a los que niegan totalmente todo lo que tenga relación con el régimen.
Una declaracion del 27 de noviembre pasado definió Concilio Cubano como un foro permanente de organizaciones independientes entre sí para la elaboración de propuestas políticas conjuntas.
Entre sus primeros propósitos el Concilio se propuso evadir todo tipo de violencia, en especial el terrorismo, y "trabajar por una transición absolutamente pacífica hacia un Estado democrático de derecho".
El foro tiene como presupuestos "el logro de una amnistía incondicional para los presos políticos, el inicio de un proceso de transformaciones jurídicas y la creación de condiciones y garantías para la participación de todos los cubanos" en las transformaciones propuestas.
La nota difundida por fuentes opositoras esta semana asegura que la decisión oficial fue trasmitida en forma personal por el teniente coronel Arístides Gómez, del Ministerio del Interior, al secretario general del ilegal Comité Cubano por los derechos Humanos, Gustavo Arcos.
La misiva denunció "una oleada represiva" contra los organizadores del foro, que incluyó el allanamiento de hogares, la prisión de numerosos disidentes y el hostigamiento de otros.
Alrededor de 20 opositores al gobierno podrían estar aún detenidos, aunque no existe confirmación oficial al respecto y varios dirigentes de la disidencia parecen no ponerse de acuerdo en cuanto al número.
La negativa coincidió con la inauguración en La Habana de una conferencia nacional de la Iglesia Católica que, según trascendió, debía funcionar como "garante" de la frustrada reunión opositora.
Sin embargo, el cardenal Jaime Ortega se limitó a expresar la ya conocida posición eclesiástica a favor del diálogo entre todos los cubanos.
Observadores locales vieron en la decisión oficial la voluntad del gobierno de no hacer concesiones a ultranza en momentos en que Cuba emprende un diálogo con la Unión Europea que incluye el tema de las reformas políticas internas.
El nuevo desencuentro tampoco afectará el diálogo iniciado con la emigración en 1994, pues la política oficial parte de la necesidad de la reunificación familiar y del reconocimiento de la diferenciación entre los cubanos radicados en el exterior.
Nicholas Burns, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo el 21 que con la negativa "el régimen antidemocrático cubano ha expresado con acciones lo que opina sobre los derechos humanos de sus ciudadanos".
"El problema en Cuba no son los derechos humanos más elementales sino un grupo de derechos civiles que no tienen amparo legal cuando implican una posición contraria al gobierno", dijo un experto local. (FIN/IPS/da/jc/ip-hd/96)
