Politicos, funcionarios de gobierno y magistrados de Costa Rica temen que sus conversaciones telefonicas sean o hayan sido escuchadas ilegalmente al conocerse las operaciones de una empresa de seguridad en tal sentido.
El escandalo estallo el dia 8, cuando la policia decomiso los equipos de la empresa de capitales espanoles Astur y unos 50 casetes con grabaciones de charlas entre personalidades politicas costarricenses.
El allanamiento se produjo por denuncias de empresarios que dijeron haber sido amenazados y extorsionados por empleados de esa empresa para que contrataran los servicios de seguridad.
Varios diputados, integrantes de la Corte Suprema de Justicia y funcionarios publicos dijeron este jueves al diario Al Dia, de San Jose, que tienen sospechas de que sus conversaciones telefonicas son escuchadas por terceros o lo han sido en algun momento.
El juez Rodolfo Piza dijo que denuncio hace algunos meses ante la Corte que el telefono de su oficina estaba intervenido, luego de que un periodico divulgo informacion basada en una conversacion que mantuvo con un colega suyo.
El diputado Rodrigo Gutierrez afirmo que sus telefonos estan intervenidos pues oye constantemente ruidos en las lineas, especialmente cuando en la Asamblea Legislativa se tratan asuntos de importancia.
El ex ministro de la Presidencia durante el gobierno de Jose Maria Figueres, Elias Soley, cree que durante su gestion sus llamadas eran escuchadas. Por esa razon ordeno la revisacion de su central telefonica en dos oportunidades.
Soley dijo que ordeno la "barrida" de sus telefonos al organismo policial del Poder Judicial, pero, segun documentos divulgados por la periodicos locales, contrato a la empresa Astur con ese fin.
La prensa vinculo al hermano del ex ministro y consul en Nueva Orleans, Fernando Soley, con Astur, y le atribuyeron gestiones ante la Direccion de Inteligencia y Seguridad del gobierno para la exoneracion de impuestos de importacion de los avanzados equipos de la empresa.
Soley renuncio este miercoles a su cargo para enfrentar las acusaciones.
La Corte Suprema de Justicia ordeno una exhaustiva investigacion del caso y destino un juez a tiempo completo para ello.
Entre los convocados a declarar figura Minor Masis, ex policia acusado por el homicidio de dos indigenas y la violacion de dos mujeres, que en 1995 trabajo para la Astur como instructor.
Masis aseguro que la empresa intervenia los telefonos de empresarios y dirigentes de los dos partidos mayoritarios, pero nego que estas operaciones tuvieran motivos politicos.
El ex policia dijo que los casi 60 casetes decomisados son menos de la mitad de las cintas existentes. "Hay muchas mas. Aqui hay mucha gente involucrada. Esto es algo grande y se destapo tarde", afirmo.
Para favorecer la investigacion, el presidente Jose Maria Figueres, jefe maximo de la Direccion de Inteligencia, ordeno la suspension del director de ese organismo, Mario Soto, a quien se vinculo con las actividades de la empresa.
Las autoridades no dieron a conocer ninguna de las grabaciones que supuestamente fueron capturadas. (FIN/IPS/mso/mj/la ip/96)
