El gobierno, los empresarios y los analistas de Colombia plantean pronosticos divergentes sobre los efectos de la crisis politica que provoco en el pais los aportes del narcotrafico a las finanzas de los partidos.
El gobierno del presidente Ernesto Samper preve para los proximos meses una mejoria en la situacion fiscal, un aumento en las tasas de ahorro, la baja de la inflacion y estabilidad monetaria.
En cambio, los gremios empresariales, la Contraloria General (con funciones de fiscalia sobre las cuentas el Estado) y la privada Fundacion para la Educacion Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) no comparten ese optimismo.
Las proyecciones macroeconomicas del gobierno auguran para 1996 un crecimiento del producto interno bruto (PIB) en 4,9 por ciento, impulsado por la mineria, los servicios, el transporte, la agricultura y los proyectos de construccion publica.
Las autoridades esperan una recaudacion fiscal de 23.000 millones de dolares (1,23 por ciento del PIB) entre 1996 y 1998, al tiempo que fijaron una meta de inflacion de 17 por ciento frente al 19,4 por ciento que se registro en 1995.
Sin embargo, para el vicecontralor Miguel Gomez, la economia comenzo a resentirse, especialmente en el sector publico, como consecuencia de la crisis politica desatada por el presunto aporte de narcotraficantes a los fondos de la campana electoral que llevo a Samper a la Presidencia.
Gomez dijo que el modelo politico colombiano se caracteriza por los estrechos lazos "entre la clase politica y la administracion publica", pues, dijo, no hay designacion de un cargo de responsabilidad ni contrato del Estado cuya concrecion escape a la influencia de partidos o dirigentes.
El vicecontralor anoto que, en consecuencia, "al tambalear el Presidente de la Republica todo el edificio clientelista (de cuotas partidarias en el sector publico) paralizo su funcionamiento al verse en peligro".
Esta paralisis, sumada al descenso en la actividad economica privada que ocasiono la crisis, provoco el incumplimiento de las metas de recaudacion tributaria que se habia fijado el gobierno y, por consiguiente, una baja ejecucion del presupuesto, segun Gomez.
El gobierno quiere que los colombianos crean como real "la ficcion de que la crisis no afectara los bolsillos, como si la economia funcionara a espaldas de la evolucion politica", manifesto el jerarca.
Por su parte, el director del Departamento Nacional de Planeacion (DNO), Jose Ocampo, desestimo las criticas de la Contraloria y dijo en tal sentido que la solidez de la economia colombiana permitira soportar el impacto actual de la crisis.
Pero el pesimismo se reflejo tambien en el Consejo Gremial Nacional (CGN), que este martes reitero el reclamo efectuado hace dos semanas a Samper de que se retire de la Presidencia, al menos temporariamente, para buscar una salida a la crisis.
El CGN, integrado por los 15 principales gremios de la produccion, pidio a Samper "un cambio de actitud" para devolverle al pais su gobernabilidad.
Para Juan Ospina, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la crisis "no tuvo efectos inmediatos, pero esta provocando un estancamiento que sera negativo para el empleo".
Uno de los aspectos mas inquietantes para el sector productivo es la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos no otorgue a Colombia la certificacion que lo califica como pais cumplidor de las metas establecidas en la lucha contra las drogas.
Este reconocimiento es necesario para mantener preferencias arancelarias de productos colombianos exportados al mercado estadounidense, asi como para el acceso a ayuda financiera.
Segun el embajador de Colombia en Washington, Carlos Lleras, hasta agosto de 1995 la calificacion del pais en la materia era positiva, gracias a los golpes asestados a la cupula del narcotraficante Cartel de Cali.
Sin embargo, el desarrollo de la crisis provocada por el supuesto ingreso de dinero del narcotrafico a los fondos de campana de Samper dificulta la certificacion.
Para contrarrestar el efecto negativo de la crisis, el CGN desplegara a partir de la proxima semana una ofensiva diplomatica ante el Congreso y el gobierno de Estados Unidos.
Segun algunos analistas, el rechazo de la certificacion ocasionaria a Colombia enormes dificultades para acceder a recursos financieros internacionales, pues Estados Unidos podria imponer su veto a los creditos en organismos multilaterales, y los bancos privados podrian decidir no arriesgar su dinero.
Al mismo tiempo, los empresarios perderian las preferencias arancelarias a unos 6.000 productos, que fueron otorgadas a los paises andinos que establecieron programas de lucha contra las drogas avalados por el pais norteamericano.
El gobierno, sin embargo, es optimista, pues piensa que Colombia es el mejor aliado de Estados Unidos en el combate al narcotrafico, razon por la cual no deberia cancelar la ayuda en este terreno. (FIN/IPS/yf/mj/la ip if/96)
