La expectativa del juicio al que será sometido el presidente de Colombia Ernesto Samper ante el Congreso se centra en las 944 páginas que conforman el expediente presentado a la Cámara de Representantes por el fiscal Alfonso Valdivieso.
Este lunes Valdivieso ratificó ante el presidente de la Comisión de Acusaciones su denuncia contra Samper por cuatro presuntos delitos: enriquecimiento ilícito, fraude electoral, falsedad en documento privado y encubrimiento.
Más allá del recinto cerrado de la Comisión de Acusaciones, la actuación y suerte del presidente es el eje de un debate que se libra en conciliábulos partidarios, foros universitarios, asambleas sindicales, editoriales de la prensa, reuniones sociales y muros callejeros.
La temperatura de la polémica, que conlleva siempre un pronóstico sobre si Samper concluirá su período normalmente (en 1998) o si deberá dejar el cargo antes, se mide en encuestas telefónicas o puerta a puerta, con lo que aumenta la tensión.
Sin embargo, como los juicios contra el presidente son múltiples -tantos como los escenarios en que se libran y los fiscales y defensores que intervienen- los veredictos no formales podrían ser discrepantes de los que resulten del procedimiento constitucional.
De hecho, algunos "fallos" ya han sido proferidos.
Una encuesta realizada por la firma privada Gallup, a pedido de la revista Semana y divulgada este lunes, indica que 43 por ciento de los entrevistados considera que Samper es culpable, frente a 35 por ciento que lo cree inocente.
Otro estudio de opinión, realizado por la firma Napoleón Franco y Compañía, señala que 46 por ciento de los encuestados piensa que las denuncias del fiscal conducirán a la caída de Samper, frente a 45 por ciento que sostiene lo contrario.
También en los muros callejeros se libra la contienda, con "fallos" disímiles: a un escueto "renuncie" de los manifestantes en contra de la permanencia de Samper en el poder se contrapone el lacónico "inocente" de sus defensores.
Pero la premura de las sentencias espontáneas va a contrapelo de los inexorables términos constitucionales, que son los que por ahora marcan el derrotero de una crisis profunda en cuya resolución jurídica todos parecen estar de acuerdo.
La Carta Politica promulgada en 1991 privilegia el regimen presidencialista y, por tanto, crea mecanismos para la estabilidad del Ejecutivo.
Las conductas ilícitas en las que supuestamentamente habría incurrido el presidente obedecen a dos tipos de delitos, uno tipificado en la ley antimafia de 1990 y otro de carácter electoral, que en el caso de Samper se habrían conjugado.
En lo que respecta a la campaña del Partido Liberal (PL) que condujo a Samper a la presidencia en 1994, el delito de enriquecimiento ilícito estaría dado por la comprobación de que el cartel de Cali de la cocaína filtró entre cinco y siete millones de dólares a las arcas electorales de ese partido.
La ley electoral señala como responsable del uso de ese dinero al candidato a presidente. La piedra del escándalo lo constituye el hecho de que se le reprocha a Samper también una voluntad de lucro personalcon esos fondos, en un país donde el narcotráfico ha sido un factor de desestabilización mayor que la guerrilla.
Esa es la razón por la cual los otros tres delitos denunciados por el fiscal, referentes a la alteración de la contabilidad exigida por el tribunal electoral, en sí mismos de carácter grave, resultan de menor calibre ante consideraciones éticas y políticas.
Si la campaña del PL hubiera sobrepasado el tope establecido por la ley electoral a causa de aportes de dinero legítimo, el escándalo nunca hubiera alcanzado la dimensión que hoy tiene ni las consecuencias serían las mismas.
Es un hecho que la campaña del contrincante de Samper en 1994, el conservador Andrés Pastrana, también violó la ley electoral.
Sin embargo fue Pastrana quien a pocas horas de ser proclamdo el triunfo liberal, sacó a la luz los llamados "narcocasetes", hilo conductor de la telaraña judicial en la que están atrapados el presidente, 14 congresistas y decenas de personalidades políticas.
En la actual crisis institucional colombiana, lo cualitativo es el narcotráfico, pero no necesariamente el delito correspondiente de enriquecimiento ilícito el que tendría mayor peso en el juicio del Congreso al Ejecutivo.
Tampoco se puede dar como un hecho cierto que las denuncias del fiscal trasciendan la Comisión de Acusaciones para pasar a la plenaria de la Cámara y de ésta al Senado y de allí a la Corte Constitucional, instancia final.
Pero Samper parece decidido a luchar hasta el final con las armas que le da la Constitución y a aguantar los embates con lo que él mismo llama "el paraguas" de su conciencia.
Por eso pide levantar la reserva del sumario, en lo que lo apoyan incluso sus más agrios contradictores, que están por la transparencia del proceso y piden que éste sea transmitido por televisión.
En los vericuetos de la interpretación jurídica se confunden otras fórmulas impulsadas por distintos grupos de presión.
Sectores minoritarios de independientes y de izquierda, como el Partido Comunista, impulsan la convocatoria a elecciones anticipadas.
Otros destacan la nula legitimidad que tendría Samper para llamar a nuevos comicios.
Un bosquejo de ley de punto final, en la que estarían interesados los congresistas afectados también por el "narcoescándalo", fue vista con buenos ojos, este domingo, por el influyente diario El Tiempo, que editorializó a su favor.
En cualquier caso las instancias constitucionales suponen trámites lentos, con lo que no se vislumbra un desenlace inmediato a la crisis. (FIN/IPS/mig/dg/ip/96)
