Más de un millón de personas permanecen en estado de extrema pobreza en Chile a pesar del sostenido crecimiento económico del país, lo que provocó una dura autocrítica del gobierno en torno a la eficacia de sus propios planes en la materia.
Las condiciones de los sectores que sufren la pobreza extrema empeoraron a pesar de que la población afectada descendió de 32,7 a 28,5 por ciento del total en los dos últimos años, según cifras oficiales.
Un informe oficial que trascendió a la prensa a fines de enero, elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial Social (CIS), organismo integrado por 12 ministerios, fue el detonante de un amplio debate.
"La macroeconomía anda muy bien, pero en lo 'micro' las cosas no funcionan", dijo Alejandro Foxley, presidente del gobernante partido Democracia Cristiana (DC) y ministro de Hacienda del pasado gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994).
Foxley explicó que el crecimiento económico de Chile, consecuencia de la apertura y la modernizacion del país, provocó mejoras en el sector productivo, pero también un deterioro en otros sectores "que no lograron el ritmo necesario para competir".
La evaluación del CIS, conocido por los ministros y el presidente Eduardo Frei antes de que fuera filtrado a la prensa, también plantea una fuerte autocrítica a la labor del gobierno para mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres.
El ministro de Planificacion Social y coordinador del CIS, Luis Maira, reconoció que se trata de una autocrítica dura, pero añadió que constituye un camino eficaz para encontrar soluciones adecuadas.
El análisis del gobierno señala la inexistencia de propuestas concretas en áreas claves y prioritarias, como la infancia y los sectores rurales, insuficiencia en los compromisos asumidos por el gobierno, metas confusas y carencia de un discurso unificado que exprese el sentido social del gobierno.
Para el asesor de la Secretaria General del Gobierno Luis Henriquez, el problema principal es la poca difusión de los programas, que afecta tanto a los beneficiarios de los planes como a los funcionarios públicos que deben darles cumplimiento y que, por desconocerlos, no se comprometen con ellos.
Henriquez senaló a IPS que, al mismo tiempo, la centralización de las decisiones en la capital del país conduce a una falta de compromiso en las regiones.
La falta de unificación del discurso del gobierno en materia social se debe a la descoordinacion entre los ministerios que cumplen tareas en la materia, agregó.
Para Maira, los programas emprendidos no fracasaron, sino que cumplieron una etapa. "Tuvimos éxitos importantes al principio, pero la instalación y puesta en marcha se agotaron en los dos primeros años del gobierno de Frei", dijo.
"Queda otra etapa en los años finales de este período. Hay que preocuparse mucho de la materialización de proyectos productivos en comunas pobres, que es la solucion más estable y más díficil", dijo Maira al diario El Mercurio.
"El gran crecimiento económico de Chile permite que el sector público tenga ingresos para emprender políticas sociales", dijo a IPS Pedro Sainz, director de proyecciones económicas de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
El crecimiento no ayuda a equiparar la calidad de vida de la poblacion, pues se distribuye en forma muy despareja, lo que crea "bolsones de pobreza" y, según Sainz, hace más díficil la implementación de políticas de igualdad de oportunidades.
"El gobierno está tocando el núcleo duro de la pobreza extrema, que es díficil de ubicar y caro de sacar. El país se encuentra en una etapa compleja y el gobierno debe meditar sus políticas a largo y corto plazo", dijo.
Frei anunció al asumir su mandato que Chile tiene la "oportunidad histórica" de superar la pobreza gracias al crecimiento sostenido de los últimos años.
Según Maira, los muchos esfuerzos emprendidos por el gobierno se diluyen en innumerables tentativas y, a pesar de que el gobierno prefirió la opacidad en la comunicación a cambio de un trabajo más riguroso, emprendió esta semana nuevos esfuerzos para hacer mas visible su labor.
El Ministerio de Salud y el de Planificación Social difundieron la semana pasada un proyecto de saneamiento en áreas rurales con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que permitirá a muchos chilenos acceso a agua potable mediante una inversión de alrededor de 200.000 dólares.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, iniciará en marzo 555 cursos de capacitación destinados a casi 11 millones de jóvenes de escasos recursos, con una inversión de nueve millones de dólares.
Sin embargo, ante el revuelo de declaraciones en torno al desempleo, el ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, anunció que este año el gasto social total ascenderá a más de 7.000 millones de dolares, sin incluir los recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones.
De acuerdo con la cifra difundida por Aninat, Chile invertirá 40 por ciento de su presupuesto estatal para la atención de problemas sociales. (FIN/IPS/mjc/mj/la dv if/96)
